El senador Fernando Silva Facetti manifestó su preocupación por una posible tala indiscriminada de árboles en un área boscosa, perteneciente a la Armada Paraguaya, situada en la cabecera del Puente Remanso. Solicita intervención del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible, para el cumplimiento de la Ley que rige en estos casos.

Según medios escritos, la obra llevada a cabo tiene como fin la construcción de una escuela militar, con un costo aproximado de 23.000 millones de guaraníes. La misma no contaría con estudio de impacto ambiental, porque la Ley Ambiental excluiría a los militares en este tipo de emprendimientos.

“Considero la afirmación absolutamente falsa, porque en primer lugar no todas las obras vinculadas al Ministerio de Defensa Nacional están excluidas del cumplimiento de la Ley 294/93 de ‘Evaluación de Impacto Ambiental’. El Art. 8 de Constitución Nacional establece como norma que, todas las actividades susceptibles de producir alteración ambiental serán reguladas por la ley”, señaló el parlamentario.

Según el Ministerio del Ambiente, a través del director de Protección y Conservación, Darío Mandelburger, los militares son excluidos de la norma mientras que cualquier ciudadano o empresa debe rendir el examen de impacto ambiental en este tipo de emprendimientos.

“El fundamento de la Ley Ambiental de referencia, está descrita en su Art. 2, al decir que se entenderá por Evaluación de Impacto Ambiental, a los efectos legales, el estudio científico que permita identificar, prever y estimar impactos ambientales, en toda obra o actividad proyectada o en ejecución”, citó el legislador. 

Silva Facetti argumentó que, en virtud de esta disposición legal, al momento de interpretar una norma ambiental, debe primar el principio precautorio, que exige tomar medidas que reduzcan la posibilidad de sufrir un daño ambiental grave a pesar de que se ignore la probabilidad precisa de que éste ocurra.

“En el caso que nos ocupa, el Ministerio de Defensa interpretó la excepción como regla, actuando de manera soberbia y arrogante, aduciendo como regla que toda obra o actividad realizada por el Ministerio de Defensa Nacional está excluida del cumplimiento de las leyes ambientales, interpretación totalmente falsa y carente de sustento jurídico y mucho menos de la responsabilidad ambiental que todos los ciudadanos debemos tener con las futuras generaciones, más aún las instituciones del Estado”, cuestionó.

Según informaciones de los medios, el director de comunicación social de la Armada, capitán Derlys Manevy, ratificó que la ley excluye a las Fuerzas Armadas de los estudios ambientales y agregó que los planos ya fueron aprobados por la Municipalidad de Mariano Roque Alonso.

“La Evaluación de Impacto de Ambiental, no es otra cosa que manifestar al Ministerio del Ambiente en qué consiste la obra, y conforme a ello, recibir unas medidas de mitigación al impacto negativo que pudiera llegar a tener la obra en cuestión, el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible ( MADES), está obligado a velar la vigencia del principio precautorio y exigirle al Ministerio de Defensa la presentación de la Evaluación de Impacto Ambiental, en cumplimiento de la Ley 294/93”, reiteró el parlamentario.

Según el proyecto, la obra incluye numerosos edificios, pistas atléticas y piscinas. Estos trabajos fueron adjudicados al Consorcio Marangatú; a la firma Edevisa y a la constructora Aponte Latorre.

“El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible debe exigir el cumplimiento y sometimiento del Ministerio de Defensa Nacional a la Ley, en virtud del principio constitucional de igualdad ante la Ley, y el principio de precaución ambiental que rige cuando existe dudas al momento de aplicar la Ley Ambiental”, puntualizó el Senador.