La Comisión de Equidad y Género, presidida por la senadora Lilian Samaniego, llevó a cabo una reunión virtual para tratar el proyecto de ley “Que establece el trabajo obligatorio en las cárceles”. Participaron del encuentro los legisladores Rubén Velázquez, Esperanza Martínez y Rafael Filizzola.
Captura fotográfica de la sesión transmitida a través de Zoom.
La iniciativa, presentada por el senador Enrique Salyn Buzarquis, propone hacer obligatorio el trabajo en las penitenciarías del país, ampliando la legislación vigente, en especial la Ley 5162/2014 —Código de Ejecución Penal—, sin afectar los programas de reinserción existentes.
Durante el análisis, se recibieron informes técnicos de instituciones especializadas, como el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura; el Ministerio de Justicia (MJ) y el Ministerio de la Defensa Pública (MDP). Estas entidades expresaron su rechazo al proyecto, argumentando que la universalización del trabajo obligatorio podría generar conflictos legales tanto a nivel nacional como internacional.
En particular, señalaron que las personas privadas de libertad sin condena, como aquellas bajo medidas cautelares, no pueden ser obligadas a trabajar, ya que ello vulneraría el principio de presunción de inocencia, consagrado en los artículos 17 y 19 de la Constitución Nacional y en el artículo 8.2 del Pacto de San José de Costa Rica.
Como resultado del análisis, la Comisión emitió un dictamen de rechazo, al considerar que el proyecto contradecía la Constitución Nacional y los acuerdos internacionales al imponer el trabajo obligatorio a personas sin condena firme.
Por otro lado, se designó a la directora de la Comisión, María Eugenia Cubas, y a la coordinadora Gladys Fisher como representantes del Senado en la mesa Mesa Interinstitucional de Prevención de la Violencia contra la Mujer (PREVIM), en respuesta a una solicitud del Ministerio de la Mujer, en el marco de la Ley N° 5777/2016.
