En una conferencia de prensa encabezada por la senadora Esperanza Martínez, junto a sus colegas Rafael Filizzola, Ignacio Iramain y José Oviedo, presentaron el proyecto de Ley "Que regula la prestación de servicios de seguridad privada". En el evento, la legisladora informó que el presidente del Senado, Basilio Núñez, también se adhirió a la iniciativa.
Legisladores de la Bancada democrática, durante la conferencia de prensa.
Este proyecto, que estuvo en estudio durante casi un año, involucró la participación de diversos sectores, incluidos sindicatos, empresarios, el Ministerio de Trabajo, el Instituto de Previsión Social (IPS) y la Policía Nacional. El principal objetivo es regular y mejorar las condiciones laborales de aproximadamente 60.000 trabajadores del sector de seguridad privada, una cifra que casi duplica la cantidad de efectivos de la Policía Nacional.
Durante la presentación, se resaltó que el proyecto busca corregir prácticas abusivas, como la imposición a los guardias de seguridad de costear sus uniformes, armas y capacitación, lo que ha provocado que muchos trabajadores reciban remuneraciones insuficientes. Además, se pretende regular las empresas que operan de manera irregular, afectando tanto a los trabajadores como a las empresas que cumplen con la normativa vigente.
El documento consta de cinco capítulos que abarcan disposiciones generales, actividades empresariales, clasificación de servicios, relaciones laborales, y regulaciones sobre el uso de armas, transporte y medios de comunicación. También incluye un régimen de sanciones y disposiciones sobre el adiestramiento del personal. La senadora Esperanza Martínez subrayó la importancia de hacer cumplir la ley y se comprometió a supervisar personalmente a las empresas que no cumplan con las normativas, especialmente aquellas que operan de forma irregular y que afectan la competitividad y los derechos laborales.
Senadora Esperanza Martínez.
Asimismo, la senadora adelantó que, tras la aprobación de esta ley, los esfuerzos se dirigirán hacia la regulación de las empresas de limpieza, otro sector con un alto nivel de informalidad. Fue enfática al señalar que no permitirá que las empresas de seguridad que operan al margen de la ley continúen haciéndolo sin consecuencias. "Estaré presente cada semana para señalar que 'aquí no se cumple la ley' hasta que se cumpla. No hay otro camino", enfatizó. "Este proyecto de ley es para los seis millones de paraguayos y paraguayas, y eso es lo que vamos a hacer".
Durante la conferencia, un representante de los guardias de seguridad presentó una denuncia contra la empresa Guardián S.A., acusándola de no realizar los aportes al IPS durante cinco años, a pesar de descontar dichos montos de los salarios de los trabajadores. En respuesta, la senadora aseguró que están trabajando en un plan de regularización para que la empresa cumpla con sus obligaciones. "Vamos a investigar el caso y apoyar a los afectados", afirmó.
En uso de la palabra el comisario Cristian Aranda.
Por su parte, el Comisario Ppal. MCP. Cristian Saturnino Aranda, jefe del Departamento Especializado en el Control y Fiscalización de Empresas de Seguridad Privada y Afines, destacó que gracias a la tecnología se cuenta con un registro preciso de empresas de seguridad privada y guardias, lo que permitirá mejorar la fiscalización.
Finalmente, varios trabajadores del sector denunciaron irregularidades, como el impago de salarios y la falta de aportes al IPS, problemas que se espera solucionar con la nueva ley. Se anunció que la próxima semana se presentará formalmente el proyecto de Ley, con la intención de darle entrada el siguiente lunes y fijar un plazo de tres a cuatro semanas para su análisis en comisiones. El objetivo es que la ley sea aprobada antes del cierre del actual periodo legislativo.
Trabajadores presentaron denuncias de irregularidades.
Este documento, que cuenta con el respaldo de diversos sectores, representa un avance significativo en la protección de los derechos laborales de los trabajadores de seguridad privada, un sector clave en el país que enfrenta numerosos desafíos en cuanto a condiciones laborales y cumplimiento de normativas.