En el salón Acosta Ñu de la Cámara Alta, la senadora Esperanza Martínez, líder de la Bancada Democrática, sostuvo una reunión con representantes de distintos gremios y sindicatos de trabajadores, quienes manifestaron sus preocupaciones en torno al proyecto de Ley de la Función Pública y la Carrera de Servicio Civil. Durante el encuentro, la senadora expresó su inquietud respecto a los plazos y la falta de claridad en las versiones finales del documento.

^{Senadora Esperanza Martínez, en uso de la palabra, durante el encuentro.} 

La legisladora destacó la importancia de contar con las modificaciones necesarias antes del viernes, fecha límite para presentar por escrito las correcciones al proyecto de Ley, que debería ser tratado en las siguientes dos semanas. Sin embargo, señaló que, hasta el momento de la reunión, no se contaba con la versión definitiva del código, lo que dificultaba el análisis y revisión de las observaciones presentadas.

"La Bancada Democrática solicitará, en la sesión Plenaria de mañana, un cambio en el calendario de tratamiento de tres leyes fundamentales, entre ellas la de la carrera civil. Este proceso exige que se presenten los documentos por escrito con al menos ocho o quince días de anticipación, lo que no nos da el tiempo suficiente para realizar todas las modificaciones que el proyecto requiere", explicó la senadora.

En cuanto al Registro Unificados Nacional, otro de los proyectos que se debatirá próximamente, Martínez advirtió que su implementación podría generar trabas administrativas y encarecer los trámites si no se realiza de manera adecuada. "Este registro afecta directamente a las personas cuando inscriben un vehículo, su casa o su terreno. Si no se hacen bien las cosas, se va a generar un problema mayor para los usuarios", señaló.

Finalmente, la legisladora se refirió al proyecto de ley sobre la carrera de los guardias de seguridad privados, que si bien ya cuenta con un consenso más amplio, también requiere una revisión detallada. "Estamos enfrentando una agenda muy cargada, lo que no nos permite revisar a fondo cada uno de los artículos de estas leyes para garantizar que sean beneficiosas para la sociedad", concluyó.

MOVILIZACIONES EN PUERTA

Por su parte, durante la reunión con los representantes de los gremios y sindicatos, la senadora Yolanda Paredes manifestó su preocupación ante la inminente discusión del Proyecto de Ley del Servicio Civil, cuyo tratamiento está previsto para el 13 de noviembre. "Nos reunimos con las centrales obreras a nivel nacional, quienes están profundamente preocupadas por la manera en que se llevará adelante el tratamiento de este proyecto", señaló Paredes, destacando la premura con la que se está avanzando.

^{Senadora Yolanda Paredes.} 

La legisladora también expresó que los gremios sienten que el Poder Ejecutivo no ha tenido en cuenta las modificaciones propuestas por las centrales obreras, lo que ha generado un malestar creciente. "Los gremios han presentado varias modificaciones al proyecto, pero estas no fueron consideradas por el Ejecutivo. Esto genera un descontento y es posible que en los próximos días se inicien movilizaciones a nivel nacional", advirtió.

Mencionó, además, que los gremios se encuentran en proceso de emitir un comunicado oficial en el que manifestarán públicamente su desacuerdo con las modificaciones introducidas al proyecto de ley. "El comunicado dejará en claro que las propuestas de las centrales obreras, los gremios de médicos y los maestros no fueron tomadas en cuenta, lo que agrava la situación", explicó la senadora, adelantando que las movilizaciones podrían comenzar a partir de la próxima semana si no se llega a un consenso.

"La Educación: Un derecho fundamental, no un servicio"

A su turno, Gabriel Espínola, representante de la OTEP Auténtica, subrayó la importancia de preservar el carácter fundamental de la educación, expresando su preocupación ante la posibilidad de que sea tratada como un simple servicio. "Nosotros queremos que se garantice el derecho fundamental a la educación", afirmó, enfatizando que considerar la educación como un servicio podría convertirla en una mercancía, lo cual sería perjudicial tanto en el presente como en el futuro. A su juicio, es esencial evitar esta degradación y buscar un consenso real en torno al tratamiento del código para asegurar un acuerdo claro y sin dobles interpretaciones.

^{Representantes de diversos gremios, durante la reunión.} 

El  gremialista del sector educación también destacó que la carrera docente, amparada por el artículo 101 de la Constitución Nacional, sigue en construcción, pese a contar con una Ley desde 2001. Afirmó que, aunque se ha avanzado en el establecimiento del piso salarial después de 23 años, aún faltan mecanismos que permitan a los docentes obtener los reconocimientos estipulados en la normativa. No obstante, expresó su preocupación por la relación entre estos avances y la política de remuneración, la cual podría dificultar la implementación efectiva de los acuerdos alcanzados. Por esta razón, abogó por posponer el tratamiento del código para garantizar un acuerdo sólido y participativo que no deje lugar a maniobras o ambigüedades.

OTRAS INTERVENCIONES

Durante la reunión, varios representantes gremiales y sindicales expresaron sus preocupaciones sobre el proyecto de Ley de la Función Pública y sus posibles impactos. Rosana González, del Sindicato Nacional de Médicos, pidió que se entregue la versión final del proyecto para un análisis más profundo, mientras que Narciso Castillo, de la Unión Nacional de Trabajadores del Estado (UNTE), enfatizó la necesidad de incluir las modificaciones propuestas por los sindicatos en las discusiones finales. María Estela Invernizi, presidenta del sindicato Clase Obrera Trabajadora, se sumó al llamado para garantizar la estabilidad laboral y solicitó que el contrato colectivo de trabajo sea parte fundamental del proyecto. En esta línea, Gabriel Espínola, de OTEP Auténtica, remarcó que la educación debe ser tratada como un derecho, no como un servicio, y pidió un acuerdo claro y participativo.

^{Legisladores de la Bancada Democrática que acompañaron la reunión.}

Por su parte, Mirian Mereles, de la Corriente Sindical Clasista, denunció que el gobierno está promoviendo un retroceso en los derechos laborales, señalando que no se ha incorporado ninguna de las modificaciones discutidas en los diálogos previos. Además, solicitó que se contemplen derechos fundamentales como la estabilidad laboral, la remuneración por trabajos extraordinarios y nocturnos, y la compensación en casos de enfermedad profesional.

Danisa Petengill, representante de Migraciones, señaló la importancia de que el área de gestión de personas sea coherente con la alta responsabilidad de la función pública, advirtiendo que el proyecto de ley actual representa un retroceso al subordinar esta área a niveles administrativos que carecen de la autoridad institucional adecuada.

^{Gremialistas de diversos sectores, presentes en la reunión.} 

La reunión sirvió como espacio para escuchar a los representantes de diversos sindicatos y gremios de trabajadores del sector público.