La reunión, que fue encabezada por el presidente de la República, Santiago Peña, se celebró en el Palacio de Gobierno y contó con la presencia de altas autoridades nacionales. Al término, se dio a conocer un documento de declaración con puntos y estrategias a ser tenidos en cuenta para una lucha firme contra la corrupción.
La Cumbre de Poderes se realizó en el Palacio de López.
El jefe de Estado estuvo acompañado por el presidente del Congreso Nacional, senador Basilio Núñez; el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre; el vicepresidente de la República, Pedro Alliana; el presidente de la Corte Suprema de Justicia, César Diesel; el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández; el contralor general de la República, Camilo Benítez, el asesor político de la presidencia José Alberto Alderete y el asesor jurídico de la Presidencia, Roberto Moreno.
Durante la reunión se enfatizó la importancia de combatir la corrupción sin rodeos y de forma unificada.
Se dio a conocer la siguiente declaración, donde se establecieron los compromisos que deberán asumirse:
1. Condena de actos lesivos:
Se rechazará enérgicamente cualquier acción que atente contra la integridad y el correcto funcionamiento de los órganos constitucionales.
2. Investigación y sanción:
Se asume el compromiso de que, dentro del marco de la independencia y el respeto a la Constitución, se investiguen y sancionen los hechos denunciados, aplicando el peso de la ley a los responsables.
3. Defensa de la libertad de prensa:
Se proclama, defiende y garantiza la libertad de prensa como herramienta indispensable para la transparencia y la vigencia de la democracia, comprometiéndose a brindar protección jurídica y política a los periodistas que realicen labores de denuncia.
4. Colaboración política:
Se insta a la clase política, sin distinción de partido o afiliación, a colaborar activamente con las autoridades en la investigación y resolución de casos de corrupción, evitando que intereses particulares socaven el orden institucional.
El documento presentado por los titulares de los Poderes del Estado consta de varios puntos.
5. Fortalecimiento de la estrategia anticorrupción:
Se ratifica el compromiso de todos los poderes de seguir implementando y profundizando la Estrategia Nacional de Combate contra la Corrupción, consolidando el fortalecimiento de los órganos constitucionales.
6. Respeto a los procedimientos legales:
Se insta al estricto cumplimiento de los objetivos, opciones y plazos de las investigaciones penales, asegurando que los sujetos procesados cuenten con todas las garantías legales y el debido respeto a sus derechos constitucionales.
7. Implementación de la Iniciativa 28:
Se activarán los mecanismos necesarios para que, a través de la Iniciativa 28 de la Estrategia de combate contra la corrupción, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) apruebe un reglamento que prohíba reuniones o comunicaciones privadas entre magistrados. Todas las comunicaciones deberán ser oficiales y públicas.
Con estos compromisos, las autoridades reafirmaron su determinación de enfrentar el problema de la corrupción de manera directa y transparente, en un esfuerzo por posicionar a Paraguay en el concierto internacional como un país serio en la defensa de la transparencia.