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La Comisión Bicameral encargada de analizar el informe y dictamen de la Contraloría General de la República (CGR), sobre la liquidación del Presupuesto General de la Nación 2024, presidida por el senador Dionisio Amarilla, concluyó su ciclo de audiencias con autoridades de instituciones auditadas, quienes expusieron sus descargos ante las observaciones formuladas por el ente contralor.

_{La mesa principal integrada por el senador Dionisio Amarilla (presidente de la Comisión) y la senadora Lizarella Valiente.} 

La reunión, que había pasado a cuarto intermedio el jueves, se reanudó este viernes. En ese contexto, los integrantes de la comisión recibieron a la Prof. Ing. Silvia Leiva, decana de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional de Asunción, y a la Prof. Dra. Viviana María Ríos Morínigo, decana de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la misma casa de estudios.

Asimismo, participaron la directora general de Control Gubernamental de la CGR, Dra. Gladys Fernández, junto con su equipo técnico.

_{Directora general de Control Gubernamental de la CGR, Dra. Gladys Fernández.} 

Durante la jornada, el equipo auditor expuso que, en el caso de la Facultad Politécnica de la UNA, se identificó el registro tardío de cuentas del activo por G. 665.381.911, correspondiente al periodo de enero a julio de 2024. También se observaron pagos a funcionarios por más de G. 10.484.000 fuera del sistema bancario, en contravención a la normativa vigente.

_{Presencia de autoridades de la Facultad Politécnica de la UNA y de la CGR.} 

Otra irregularidad señalada fue el pago de bonificaciones por gestión administrativa —por más de G. 60 millones— a funcionarios encargados de la custodia de equipos, pese a que dicho concepto no corresponde a esas funciones. Además, se detectaron anulaciones de asientos contables del pasivo por más de G. 16 millones sin respaldo de informes de auditoría interna.

El informe también advierte debilidades en los controles internos, como la falta de designaciones formales para responsables de recaudación, ausencia de manuales de procedimientos actualizados y la posibilidad de anular recibos sin justificación.

En cuanto a operaciones bancarias, se constató la emisión de cheques en blanco en diciembre de 2024 —posteriormente anulados—, así como anulaciones recurrentes por un total de G. 1.974 millones en cuentas del Banco Nacional de Fomento.

_{Legisladores miembros de la Comisión.} 

Al respecto, la decana Silvia Leiva explicó que la auditoría fue solicitada por la propia institución y aseguró que ya se han implementado mejoras con un avance del 54%. Atribuyó la registración tardía a diferencias entre la fecha de emisión y el registro contable, indicando que los asientos se realizaron dentro del mismo mes en el sistema SICO.

Respecto a los pagos observados, señaló que la normativa permite compensaciones por gestión administrativa vinculadas a la custodia de bienes, y explicó que las anulaciones contables corresponden a ajustes salariales derivados de permisos sin goce de sueldo. También mencionó limitaciones en recursos humanos debido a jubilaciones y dificultades para la reposición de personal.

Sobre la emisión y anulación de cheques, indicó que responde a procesos administrativos vinculados a rechazos bancarios y reemisiones, particularmente en operaciones con el IPS y convenios institucionales.

_{Presencia de autoridades de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNA.} 

FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS

En cuanto a la Facultad de Ciencias Veterinarias, la auditoría —centrada en la ejecución de fondos provenientes del FONACIDE, royalties y compensaciones— detectó la presentación incompleta de rendiciones de cuentas relacionadas con recursos de gratuidad. Asimismo, se observó el incumplimiento de objetivos estratégicos institucionales y la ausencia de reglamentaciones internas para el uso de combustibles y lubricantes.

La decana Viviana Ríos reconoció omisiones en la documentación, aunque aseguró que fueron subsanadas ante la Contraloría. Explicó que, debido a retrasos en los desembolsos vinculados a la ley de gratuidad, se realizó una reprogramación de recursos inicialmente destinados a contratación docente.

Según detalló, dichos fondos fueron redirigidos —con autorización del entonces Ministerio de Hacienda— a rubros como alimentación animal, conectividad, insumos agropecuarios y la organización de un encuentro académico regional.

_{Vista general de la sala de sesiones del Senado.} 

La autoridad sostuvo que estas medidas permitieron avanzar en parte de los objetivos estratégicos de la facultad, incluyendo procesos de acreditación, internacionalización y firma de convenios.

Al cierre de la reunión, el presidente de la comisión, senador Dionisio Amarilla, valoró el trabajo técnico de la auditoría y recordó que el Congreso dispone de un plazo de 45 días para el análisis del informe. Adelantó que en aproximadamente 15 días se presentaría un borrador de recomendaciones a ambas Cámaras.

El legislador advirtió que persisten deficiencias en el uso de recursos públicos, mencionando debilidades en los sistemas de control interno. En ese sentido, enfatizó que el objetivo es garantizar una asignación más eficiente del presupuesto, priorizando a las instituciones que demuestren un uso adecuado de los fondos públicos.

_{La reunión se realizó en modalida presencial y virtual.} 

Cabe destacar que las reuniones de la comisión se realizaron en modalidad presencial y virtual desde la sala de sesiones del Senado, y fueron transmitidas íntegramente en vivo a través de Senado TV y sus distintas plataformas: el canal de YouTube (Senado TV Py), la página oficial de Facebook de la Cámara de Senadores (@SenadoresPY) y los canales de televisión 4 de Tigo Star y 24 de Copaco.

La Comisión Bicameral encargada de considerar el informe y dictamen de la Contraloría General de la República, sobre la liquidación del Presupuesto General de la Nación del ejercicio fiscal 2024, presidida por el senador Dionisio Amarilla, recibió al presidente del Instituto de Previsión Social (IPS), Dr. Jorge Brítez, acompañado de su equipo técnico.

_{La mesa principal integrada por el senador Dionisio Amarilla y el titular del IPS, Dr. Jorge Brítez.}

Durante la sesión, las autoridades del ente previsional respondieron a observaciones formuladas en el marco de la auditoría realizada por la Contraloría. El titular del IPS señaló que dicha auditoría fue solicitada por la propia institución tras su asunción, ante la detección de problemas administrativos que requerían una evaluación integral.

La directora general de Control Gubernamental de la CGR, Dra. Gladys Fernández, indicó que el informe presenta un dictamen con salvedades. Entre las principales observaciones se mencionan pagos de bonificaciones por G. 3.471 millones que superaron lo establecido en la normativa vigente, así como la asignación de beneficios a funcionarios de alto rango que no correspondían.

_{Titular del IPS, Dr. Jorge Brítez, haciendo su descargo ante la comisión.} 

También se detectó el ejercicio de funciones por parte de profesionales de la salud sin habilitación vigente, quienes percibieron remuneraciones en contravención a las disposiciones institucionales.

Desde el IPS, la directora de Recursos Humanos, Diana Giménez, informó que se realizaron ajustes en los pagos y procedimientos administrativos. Asimismo, se suspendieron ciertos beneficios hasta contar con dictámenes vinculantes y se iniciaron procesos de revisión interna.

En relación con otras observaciones, se reportaron auditorías internas y sumarios administrativos por casos de reposos médicos falsificados. En situaciones de faltas graves, se aplica la desvinculación de contratados o la instrucción de sumarios para funcionarios permanentes, conforme a la normativa.

_{Subcontralor, Abg. Augusto Paiva y la directora general de Control Gubernamental, Dra. Gladys Fernández.}

El informe también refiere irregularidades como pagos fraccionados de subsidios, falta de registro en el sistema SINAR, omisión en la publicación de remuneraciones, inconsistencias en contrataciones y pagos sin respaldo documental.

En el área asistencial, se identificaron limitaciones en la cobertura de servicios, escasez de profesionales en algunas especialidades y deficiencias en infraestructura y equipamiento. Las autoridades atribuyeron estas situaciones a factores como reducción de carga horaria, renuncias y restricciones presupuestarias, señalando que se trabaja en el fortalecimiento del sistema.

Finalmente, la Contraloría informó que continúan las auditorías en distintas áreas del IPS y que se prevé la presentación de un informe ampliado en los próximos meses, instando a la institución a reforzar sus mecanismos de control interno.

_{La senadora Lizarella Valiente en uso de la palabra durante la reunión.} 

MOPC

Seguidamente, la Comisión Bicameral recibió a los viceministros Hugo Arce, Mauricio Bejarano y Marco Elizeche, del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), quienes respondieron a observaciones formuladas por la Contraloría General de la República (CGR).

Durante la reunión, la directora general de Control Gubernamental, Dra. Gladys Fernández, expuso las conclusiones de la auditoría al contrato de participación público-privada (APP) para las rutas 2 y 7, correspondiente al ejercicio fiscal 2024.

_{Vista general de representantes del MOPC.} 

Entre los principales hallazgos, se señaló la ausencia de indicadores de resultados y metas claras, así como debilidades en la planificación y control de aspectos clave como la fiscalización de obras, la liberación de la franja de dominio y la gestión socioambiental. Asimismo, se advirtió el incumplimiento de estándares internacionales en la formulación de objetivos.

La CGR también reportó deficiencias en la implementación del plan de manejo socioambiental y una gestión ambiental insuficiente, especialmente en las etapas iniciales del proyecto.

En respuesta, representantes del MOPC reconocieron parcialmente las observaciones. Indicaron que la incorporación de indicadores forma parte de un proceso de mejora institucional y sostuvieron que existen mecanismos de control técnico y seguimiento de obras. Además, atribuyeron ciertos retrasos a la aprobación tardía del proyecto definitivo y defendieron el cumplimiento de las normativas ambientales vigentes.

En el debate, la CGR enfatizó la necesidad de contar con indicadores de medición en la inversión pública, advirtiendo que su ausencia puede generar sobrecostos y retrasos.

_{Vista general de la sala de sesiones del Senado.} 

La sesión también incluyó la revisión de contrataciones del ejercicio fiscal 2023, donde se identificaron deficiencias en la planificación, concentración de adjudicaciones y ampliaciones contractuales. Autoridades del MOPC argumentaron que varios procesos respondieron a situaciones de emergencia y que se ajustaron a normativas nacionales e internacionales.

El senador Dionisio Amarilla destacó la importancia de resaltar el trabajo de la Contraloría y la revisión del informe por parte del Congreso Nacional. Señaló que, en cumplimiento del mandato constitucional, el Congreso recibe anualmente este informe y dispone de un plazo de 45 días para su análisis.

Agregó que se toman el tiempo de desmenuzar el informe para evaluar los reportes de la Contraloría. Asimismo, indicó que observaron que parte de las partidas presupuestarias asignadas a las instituciones debe aplicarse con mayor eficiencia y eficacia. Añadió que es fundamental que las instituciones implementen y ajusten de manera permanente sus protocolos de gestión.

“Hay aspectos que corregir en el uso y aplicación de los fondos públicos; esta es una tarea de todos”, afirmó el legislador.

_{El presidente de la Comisión Bicameral, senador Dionisio Amarilla en uso de la palabra.} 

CUARTO INTERMEDIO

Seguidamente, los legisladores integrantes de la Comisión Bicameral recibieron a los viceministros del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), quienes respondieron sobre observaciones de la auditoría realizada por la Contraloría General de la República.

Posteriormente, el senador Dionisio Amarilla, en consulta con los miembros de la comisión, resolvió declarar un cuarto intermedio hasta este viernes a las 10:00 horas, a fin de recibir a Silvia Leiva, decana de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional de Asunción, y a Viviana Morínigo, decana de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la misma casa de estudios.

Cabe destacar que las reuniones de la comisión son transmitidas íntegramente en vivo a través de Senado TV y sus distintas plataformas: el canal de YouTube (Senado TV Py), la página oficial de Facebook de la Cámara de Senadores (@SenadoresPY) y los canales de televisión 4 de Tigo Star y 24 de Copaco.

_{Legisladores que participaron de la reunión.} 

La Comisión Bicameral de Reordenamiento de la Estructura del Estado, presidida por el senador Arnaldo Samaniego, recibió detalles del proyecto de Ley “Que establece el nuevo marco normativo para la implementación del proyecto Tren de Cercanías”. La reunión contó con la presencia de la ministra de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Ing. Claudia Centurión, así como representantes de Ferrocarriles del Paraguay S.A. (FEPASA) y del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

_{^{Comisión Bicameral de Reordenamiento de la Estructura del Estado, presidida por el senador Arnaldo Samaniego.}}

Durante el encuentro, las autoridades brindaron información sobre el estado actual y el cronograma previsto para la implementación de la iniciativa. Se resaltó que es fundamental la concreción de un sistema de transporte eficiente, ágil y moderno, no sólo para sentar las bases del desarrollo económico, sino también para promover el bien común.

El senador Arnaldo Samaniego expresó que existe gran expectativa en torno al desarrollo del proyecto y que será de gran utilidad para la ciudadanía una vez concretado.

_{Senador Arnaldo Samaniego.}

A su turno, la ministra del MOPC, Ing. Centurión explicó que el proyecto contempla dos fases: la fase I abarca el tramo Asunción–Luque (18 km), mientras que la fase II comprende el tramo Luque–Ypacaraí (26 km). Indicó que la inversión estimada para la fase I asciende a USD 400 millones e incluye la implementación de un tren ligero 100 % eléctrico con sistema de catenaria, un período de construcción de cinco años y una operación prevista por 30 años.

_{Ministra de Obras Púbicas, Ing. Claudia Centurión.}

“Este es un proyecto que impacta a toda la ciudadanía; la movilidad urbana es clave para avanzar”, enfatizó la secretaria de Estado.

Asimismo, informó que la fase I contará con nueve estaciones y talleres, en tanto que la fase II incorporará cuatro estaciones adicionales.

El sistema dispondrá de 11 formaciones bidireccionales, que contará con tres y cinco vagones cada una, y una capacidad aproximada de 300 pasajeros por formación. Además, se estima una demanda de 40.000 pasajeros diarios, lo que representa alrededor de 14 millones de pasajeros al año. En cuanto a la frecuencia entre Asunción y Luque, se proyecta un intervalo de aproximadamente siete minutos, con una velocidad comercial de 33 km/h.

Entre los beneficios previstos, proyectan un ahorro anual de USD. 150 millones, además de la reducción de costos en combustible, mantenimiento vehicular y accidentes de tránsito. También se prevé la generación de aproximadamente 20.000 empleos durante la fase de construcción y unos 500 empleos directos permanentes en la etapa operativa.

Respecto a la estructura del proyecto, se indicó que la Sociedad de Objeto Específico (SOE) contará con un capital de USD 200 millones, de los cuales el 75 % corresponderá a inversión de los Emiratos Árabes Unidos (USD 150 millones) y el 25 % restante será aportado por el Estado paraguayo, a través de FEPASA (USD 50 millones).

Al concluir la reunión, la titular de la cartera de Estado señaló que se trata de un proyecto largamente esperado por la ciudadanía y que el objetivo es avanzar en soluciones concretas para mejorar la movilidad.

La reunión, realizada en la sala de reuniones “Paz del Chaco”, de la Presidencia, contó además con la participación virtual de los senadores Ever Villalba y Celeste Amarilla, así como de los diputados Jorge Ávalos Mariño y Rocío Vallejo. 

La Comisión de Salud Pública y Seguridad Social, presidida por la senadora Noelia Cabrera Petters, encabezó una mesa de trabajo con el objetivo de analizar la deuda existente con proveedores del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Participaron del encuentro el viceministro de Administración Financiera del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Óscar Lovera, y el viceministro de Salud Pública y Bienestar Social, Dr. Saúl Recalde.

_{Reunión encabezada por la senadora Noelia Cabrera, presidenta de la Comisión de Salud.} 

El encuentro tuvo como finalidad abordar la situación financiera vinculada al sector farmacéutico, incluyendo proveedores de medicamentos, importadores de productos farmacéuticos y afines, así como proveedores de insumos, equipos médicos y odontológicos, además de laboratorios y servicios de diagnóstico del sistema de salud pública.

Al término de la reunión, la senadora Noelia Cabrera Petters explicó que la convocatoria se realizó ante la preocupación existente en torno a las deudas públicas, especialmente con los proveedores del Ministerio de Salud. En ese sentido, señaló que se invitó a todos los actores involucrados a fin de escuchar sus planteamientos y avanzar hacia una respuesta a esta problemática que genera gran inquietud en la ciudadanía.

_{Senadores Juan Afara, Lilian Samaniego y Esperanza Martínez, miembros de la Comisión de Salud.}

Asimismo, indicó que el objetivo es construir una solución conjunta que permita garantizar el suministro de medicamentos y servicios a la población, para lo cual se prevé la instalación de una mesa de trabajo con las instituciones convocadas.

A su turno, el viceministro del MEF, Óscar Lovera, manifestó que las empresas farmacéuticas presentaron diversas propuestas orientadas a encontrar una solución viable. Indicó que actualmente se trabaja en la elaboración de un plan de pago mensual y que se continuarán evaluando distintos escenarios a fin de cubrir la totalidad de la deuda, que asciende aproximadamente a USD 770 millones.

Agregó que se está trabajando en un plan de priorización que contempla sectores como salud, educación y atención a poblaciones vulnerables. “Estamos analizando todas las alternativas para honrar las deudas y avanzar en un proceso de ordenamiento que evite su acumulación en el corto plazo”, afirmó.

_{La reunión contó con la presencia del Viceministro de Salud, Dr. Saúl Recalde.} 

Por su parte, Rocío Figueroa, en representación de la Cámara de Representantes de Importadores de Productos Farmacéuticos (CRIPFA), señaló que el sector aún no fue convocado por el Ministerio de Economía y Finanzas. Asimismo, destacó la importancia de cubrir la totalidad de la deuda y expresó la expectativa de mantener una reunión con dicha cartera de Estado a fin de conocer las propuestas de solución.

Finalmente, la senadora Noelia Cabrera informó que se fijó una nueva reunión para el jueves 26 del corriente mes, en la que se espera contar con avances concretos. Añadió que la Comisión de Salud dará seguimiento cercano a esta situación y expresó su expectativa de que, para el próximo encuentro, el Ministerio de Economía y Finanzas pueda brindar respuestas orientadas a la solución de la deuda.

_{La reunión se realizó en el salón Acosta Ñu de la Cámara de Senadores.}

La reunión, realizada en el salón Acosta Ñu de la Cámara de Senadores, contó además con la presencia de los senadores Juan Afara, Lilian Samaniego y Esperanza Martínez, miembros de la Comisión asesora de Salud.

En reunión extraordinaria, la Comisión Bicameral que analiza el informe de la Contraloría General de la República sobre la ejecución del Presupuesto General de la Nación 2024, presidida por el senador Dionisio Amarilla, recibió a la ministra de Salud Pública y Bienestar Social, Dra. María Teresa Barán, quien respondió a una serie de observaciones derivadas de una auditoría de desempeño centrada en el Instituto Nacional del Cáncer (INCAN) y en el Programa Nacional de Atención Integral a los Trastornos del Espectro Autista (TEA).

_{Presidente de la Comisión Bicameral que analiza el informe de la Contraloría General de la República sobre la ejecución del PGN 2024, senador Dionisio Amarilla.}

La exposición técnica estuvo a cargo de la Directora General de Control Gubernamental de la Contraloría General de la República, Dra. Gladys Fernández, quien señaló que, en el caso del Instituto Nacional del Cáncer (INCAN), el informe fue remitido al Ministerio Público en noviembre de 2025 ante la posible existencia de hechos punibles. La auditoría detectó múltiples irregularidades, entre ellas la inexistencia de un Registro Nacional de Personas con cáncer, lo que afecta la planificación y el seguimiento de la enfermedad.

_{Directora General de Control Gubernamental de la Contraloría General de la República, Dra. Gladys Fernández.}

Además, se constató la falta de conformación de la Comisión Nacional Asesora, la ausencia de un Manual de Organización y Funciones y deficiencias en la gestión de medicamentos. Entre estas, se identificaron entregas sin respaldo administrativo, provisión a centros privados sin autorización y compras de fármacos de baja rotación, cercanos a su vencimiento, por miles de millones de guaraníes.

El informe señala transferencias de medicamentos sin una red nacional formalmente establecida, recepción de productos con vencimiento inferior al requerido y la existencia de medicamentos vencidos por más de G. 5.400 millones al cierre de 2024

Otro hallazgo relevante, según la representante de la CGR, fue la compra de medicamentos por orden judicial para pacientes fallecidos, sin mecanismos de suspensión o reasignación, lo que generó pérdidas económicas para el Estado.

Al respecto, la ministra de Salud Pública, Dra. María Teresa Barán, indicó que la institución respondió a las 45 observaciones formuladas. Asimismo, mencionó que, a raíz de las irregularidades detectadas, decidió la intervención del INCAN para determinar responsabilidades. No obstante, destacó avances como la habilitación de un hospital de día con 50 camas y la descentralización de servicios con 11 centros en el país. “Estamos tomando muy en serio todas las observaciones de la Contraloría, porque entendemos que los pacientes oncológicos no pueden esperar”, afirmó.

_{Ministra de Salud Pública y Bienestar Social, Dra. Maria Teresa Barán y equipo técnico.}

Por su parte, autoridades del INCAN señalaron que varias observaciones ya fueron subsanadas, incluyendo la implementación en curso de un registro digital de pacientes y la regulación de la entrega de medicamentos.

PROGRAMA TEA

La Directora General de Control Gubernamental de la CGR, Dra. Gladys Fernández, explicó que la auditoría, dispuesta por Resolución Nº 592, detectó importantes debilidades en la gestión del Programa Nacional de Atención Integral a los Trastornos del Espectro Autista (TEA). Según el informe, el Ministerio de Salud no incorporó acciones específicas en su Plan Estratégico Institucional ni contó con un plan integral vigente durante el ejercicio fiscal 2024

Entre las principales falencias se observan la ausencia de presupuesto específico, la falta de un protocolo de atención preferencial obligatorio y la no designación del Centro de Referencia Nacional ni de centros regionales especializados. Asimismo, no se conformó la Comisión Nacional Asesora ni el equipo técnico previsto en la normativa vigente.

La Contraloría advirtió que estas omisiones impactan directamente en el acceso a servicios de salud, la inclusión social y el acompañamiento a personas con TEA, en contravención de la Ley Nº 6103/18. También señaló deficiencias en la coordinación interinstitucional, la capacitación de funcionarios y la falta de perfiles profesionales definidos para la atención interdisciplinaria.

Asimismo, el informe identificó problemas en la organización interna, debilidades en los sistemas de información, inconsistencias en los registros de pacientes y la existencia de listas de espera que limitan el acceso oportuno a la atención. A esto se suma la falta de estudios epidemiológicos a nivel nacional y la implementación incompleta del Registro Nacional de Personas con TEA.

En respuesta, la directora de Programas de Salud, Carolina Ruíz, informó sobre avances posteriores al periodo auditado, como la aprobación del Protocolo de Diagnóstico en noviembre de 2024 y del Plan Nacional de Atención Integral en marzo de 2025. También se reglamentó la Comisión Nacional Asesora y se designó al Hospital Pediátrico “Niños de Acosta Ñu” como centro de referencia.

_{Equipo técnico de la Contraloría General de la República.} 

Por su parte, la ministra de Salud, Dra. María Teresa Barán, reconoció las brechas, pero destacó mejoras en la cobertura del servicio. Señaló que el número de consultorios inclusivos pasó de uno a 20 y que se han habilitado centros en distintas regiones del país, además de fortalecer la capacitación del personal con apoyo internacional. Indicó que unas 3.000 personas con TEA fueron atendidas, aunque admitió la falta de especialistas.

En ese sentido, el senador Dionisio Amarilla consultó sobre el presupuesto necesario para el programa a lo cual la ministra respondió que es imprescindible aumentar la inversión en infraestructura, equipamiento y recursos humanos para garantizar una atención integral.

_{Senador Diosnisio Amarilla.}

Al cierre de la reunión, el presidente de la Comisión Bicameral, senador Dionisio Amarilla destacó la importancia de estos informes para fortalecer el control del gasto público y anunció que el plazo para la presentación de requerimientos vence el 21 de marzo, tras lo cual se elaborará el informe final.

La Comisión de Hacienda y Presupuesto, presidida por el senador Silvio Ovelar, recibió a representantes del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES) y del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), para evaluar un proyecto que plantea la obligatoriedad de adquisición de Certificados de Servicios Ambientales para instituciones públicas y, tras su estudio, se recomendó su rechazo.

_{Senador Silvio Ovelar, presidente de la Comisión.}

Se trata de proyecto de Ley “Que establece la obligatoriedad de adquisición de Certificados de Servicios Ambientales (CSA) por parte de las instituciones públicas y empresas del Estado para obras y actividades de alto impacto, mediante procesos de licitación por acuerdo nacional, en el marco de la Ley Nº 3001/2006”, presentado por varios diputados.

La iniciativa tiene por objeto establecer la obligatoriedad de adquisición de Certificados de Servicios Ambientales (CSA), conforme a la Ley N.º 3001/06 “De Valoración y Retribución de los Servicios Ambientales”, para todas las instituciones del Estado paraguayo y empresas públicas que contraten obras o desarrollen actividades de alto impacto ambiental.

En representación del MADES, el director de Asesoría Jurídica, Armando Muñoz, señaló que la institución se encuentra abierta a eventuales modificaciones que fortalezcan el sistema de servicios ambientales. No obstante, advirtió que la propuesta, en su forma actual, podría generar dificultades en su implementación, por lo que no se recomienda su aprobación.

_{Representantes del MADES y del MEF.} 

Por su parte, el senador Pedro Díaz Verón indicó que la normativa ya se encuentra vigente y adecuadamente reglamentada, razón por la cual se aconseja el rechazo del proyecto.

En la misma línea, el senador Líder Amarilla expresó que la iniciativa constituye un caso de sobrelegislación, pudiendo incluso rozar la inconstitucionalidad al pretender regular a los municipios, que gozan de autonomía. En atención al dictamen del MADES, tampoco recomendó su aprobación.

Tras un amplio debate, la Comisión resolvió recomendar el rechazo del proyecto.

La Comisión de Educación y Cultura se reunió este lunes en modalidad híbrida (presencial y virtual) para dar tratamiento a los puntos del orden del día. Entre los temas tratados destacó el proyecto de Ley “Que crea el servicio nacional de formación técnica obligatoria para jóvenes en situación de vulnerabilidad social y sustituye el servicio militar obligatorio”.

^{Senadora Lizarella Valiente junto a su colega la senadora Blanca Ovelar.}

Durante el análisis, se determinó que la propuesta presenta dos impedimentos fundamentales:

Conflicto constitucional: el proyecto busca sustituir el mandato del Artículo 129 de la Constitución Nacional sobre el Servicio Militar Obligatorio. La comisión señaló que ya existe una reglamentación vigente (Ley 4013/10) que regula el derecho a la objeción de conciencia y el servicio sustitutivo.

Inviabilidad financiera: la normativa plantea que los beneficiarios perciban el 30% del salario mínimo, sin contar con una fuente de financiamiento clara que sustente dicho egreso.

Al término de la reunión, la relatora de la comisión asesora, senadora Lizarella Valiente, brindó detalles sobre las objeciones técnicas que motivaron el rechazo del proyecto presentado por el senador Enrique Salyn Buzarquis.

“En el espíritu del proyecto coincidimos en que es bastante loable, pero dictaminamos por el rechazo considerando dos aspectos clave: el financiamiento y el hecho de que el estudio pretende sustituir el mandato constitucional del servicio militar obligatorio. Esto se contrapone con el alcance del artículo de la Constitución y su reglamentación”, señaló la senadora Lizarella Valiente.

^{Captura de pantalla de legisladores conectados a la reunión de la comisión.}

Por otro lado, se resolvió postergar por ocho días el estudio del Mensaje Nº 3.339 de la Cámara de Diputados, que remite la Resolución Nº 4.123 “Que rechaza las modificaciones introducidas por la Cámara revisora al Proyecto de Ley ‘Que declara el 2 de mayo como el Día Nacional de la Microbiota’”, presentado por varios diputados. La decisión busca convocar a expertos y representantes de asociaciones especializadas para consensuar la fecha más pertinente para la celebración.

La sesión fue presidida por la senadora Lizarella Valiente, acompañada por su colega Blanca Ovelar. La presidenta de la comisión, senadora Hermelinda Alvarenga, participó de forma virtual, al igual que los senadores José Oviedo, Ever Villalba, Carlos Núñez y Esperanza Martínez.

La Comisión de Legislación, Codificación, Justicia y Trabajo, encabezada por su vicepresidente, el senador Luis Pettengill, llevó a cabo una reunión en modalidad híbrida (presencial y virtual) en la que se analizaron diversos proyectos de Ley.

_{Senador Luis Pettengill, vicepresidente de la Comisión de Legislación.}

En el primer punto del orden del día, la reunión fue conjunta con la Comisión de Energía, presidida por el senador Pedro Díaz Verón, para tratar el proyecto de Ley “Que establece la obligatoriedad de adquisición de Certificados de Servicios Ambientales (CSA) por parte de las instituciones públicas y empresas del Estado para obras y actividades de alto impacto, mediante procesos de licitación por acuerdo nacional, en el marco de la Ley N.º 3001/2006”, presentado por varios diputados.

Al respecto, el senador Luis Pettengill señaló que la Comisión ya había recibido previamente a representantes de instituciones involucradas, quienes expusieron sus puntos de vista y preocupaciones. Además, indicó que se había decidido postergar el estudio del proyecto por una semana adicional para recabar más información y contar con mayores elementos de análisis.

_{Legisladores votando.} 

Tras el intercambio de opiniones y la evaluación correspondiente, se resolvió recomendar el rechazo del proyecto.

En otro punto, se abordó el proyecto de Ley “Que establece la transparencia de la estructura de costos del precio y del mercado de combustibles comercializados al público en la República del Paraguay”, presentado por los senadores Sergio Rojas, Ever Villalba, Rubén Velázquez, José Oviedo, Ignacio Iramain, Esperanza Martínez, Eduardo Nakayama, Rafael Filizzola y Yolanda Paredes. Para su tratamiento, se realizó una reunión conjunta con la Comisión de Economía, presidida por el senador Carlos Núñez.

En este caso, la comisión decidió postergar su estudio, considerando que la Comisión de Industria realizará una reunión conjunta con representantes del Ministerio de Industria y Comercio, PETROPAR y la CONACOM. “Resulta fundamental conocer la perspectiva de estas instituciones antes de avanzar en el análisis del proyecto”, explicó el legislador Pettengill.

Asimismo, se resolvió postergar el estudio del proyecto de Ley “Del Fondo de Jubilaciones y Pensiones para Miembros del Poder Legislativo de la Nación”, presentado por varios diputados.

_{Captura de la reunión virtual.} 

La Comisión Bicameral encargada del estudio del Informe y Dictamen de la Contraloría General de la República, sobre la liquidación del Presupuesto General de la Nación correspondiente al Ejercicio Fiscal 2024, presidida por el senador Dionisio Amarilla, recibió al Director Nacional del Instituto Nacional de Estadística (INE), Lic. Iván Ojeda, quien respondió a las observaciones formuladas por la Contraloría tras una auditoría realizada a la institución.

_{El senador Dionisio Amarilla, presidente de la Comisión Bicameral.} 

La Directora General de Control Gubernamental de la CGR, Dra. Gladys Fernández, informó que la auditoría practicada al INE arrojó un dictamen no razonable, al detectarse varias inconsistencias contables y administrativas durante el análisis del inventario y de los registros patrimoniales de la institución.

Entre las principales observaciones se mencionó la existencia de bienes de consumo e insumos vencidos por un valor de G. 431.028.520 incluidos en el inventario general. Asimismo, el equipo auditor detectó diferencias entre las cantidades registradas en el inventario valorizado de bienes de suministro, consumo e insumos y las cantidades verificadas físicamente, con faltantes superiores a G. 967 millones y excedentes por más de G. 3.800 millones.

La auditoría también reveló la incorrecta inclusión de más de G. 4.201 millones en la cuenta contable de bienes internos, correspondientes a bienes obsoletos o en desuso que debían ser dados de baja al cierre del ejercicio auditado. En ese mismo contexto, se constató la existencia de cuatro vehículos fuera de uso desde hace varios años que continuaban figurando en el inventario dentro de la cuenta de equipo de transporte, según las observaciones de la CGR.

_{Dra. Gladys Fernández, directora general de Control Gubernamental de la CGR.} 

Durante su exposición, el Director del INE, Lic. Iván Ojeda, explicó que el Departamento de Patrimonio y Suministro inició un proceso de depuración tras una verificación física realizada el 16 de diciembre de 2024. Señaló que los bienes vencidos detectados fueron sometidos al proceso de baja correspondiente.

Respecto a las diferencias detectadas en el inventario, el titular del INE sostuvo que no se registraron pérdidas de bienes, ya que en las verificaciones físicas las existencias resultaron iguales o superiores a las registradas.

En relación con los bienes obsoletos, el plan de mejoras contempla dar de baja a aquellos bienes cuyo valor individual sea inferior a G. 10 millones, con el fin de depurar los registros patrimoniales y asegurar que el inventario refleje únicamente activos en condiciones de uso.

Sobre los vehículos en desuso detectados por la auditoría, el Lic. Ojeda informó que se encuentra en marcha un proceso de subasta pública, conforme a las disposiciones del Ministerio de Economía y Finanzas. Para ello se conformó un Comité de Subasta que se encargará del procedimiento, tras el cual se gestionará la baja patrimonial y contable de los rodados.

_{Iván Ojeda, director nacional del Instituto Nacional de Estadística (INE).} 

Durante la reunión, el senador Dionisio Amarilla consultó al director del INE si la institución adoptó medidas internas para que los funcionarios responsables de las dependencias observadas puedan corregir las falencias detectadas dentro del plan de mejoramiento.

Al respecto, Ojeda respondió que, al igual que otras instituciones públicas, que el la institución enfrenta debilidades administrativas y de control. Indicó que la Contraloría recomendó fortalecer el sistema de control de patrimonio y suministro, pero explicó que la institución debe ajustar sus procesos con las herramientas disponibles, ya que el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación canceló la adquisición de un nuevo sistema informático.

También señaló que la disponibilidad de recursos humanos sigue siendo un desafío, considerando que el INE asumió funciones de coordinación de todo el Sistema Estadístico Nacional.

_{La reunión se realizó de manera presencial y virtual desde la sala de sesiones del Senado.}

CONVOCATORIA

Durante la reunión también se informó que la ministra de Salud, Dra. María Teresa Barán, y el presidente del Instituto de Previsión Social (IPS), Dr. Jorge Brítez, se excusaron de asistir a la reunión. Ante esta situación, el presidente de la comisión, Dionisio Amarilla, propuso convocarlos nuevamente para la próxima semana, moción que fue respaldada por los miembros de la instancia legislativa.

Por otro lado, a propuesta del diputado Raúl Benítez, también se resolvió invitar a la ministra de Obras Públicas, Ing. Claudia Centurión, además de representantes de la Facultad Politécnica y de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de Asunción.

_{Vista general de la reunión.} 

Asimismo, el senador Amarilla destacó el trabajo que realiza la comisión en el análisis de las observaciones de la Contraloría, que revelan falencias administrativas básicas que deben ser corregidas mediante capacitación y el fortalecimiento de la cultura organizacional en el manejo de los recursos públicos.

Finalmente, advirtió que las autoridades convocadas tienen la obligación constitucional de comparecer ante el Congreso para explicar las observaciones detectadas, ya que el análisis de los informes de la Contraloría puede tener impacto en la evaluación de los presupuestos institucionales para los próximos años.