Destacados

La Comisión de Asuntos Constitucionales y Fuerza Pública, presidida por el senador Javier Zacarías Irún, realizó este martes su reunión ordinaria en modalidad presencial y virtual. Durante la sesión, los legisladores analizaron proyectos relacionados con expropiaciones, reformas policiales, reestructuración del área de repatriados y regulación de blindajes balísticos.

_{Senador Javier Zacarías Irún, presidente de la Comisión (izq).}

La Comisión dictaminó a favor del rechazo dispuesto por la Cámara de Diputados respecto al proyecto de expropiación en la ciudad de Luque, presentado por el senador José Ledesma. Entre los principales argumentos se mencionaron la falta de tasación oficial, imprecisiones en las dimensiones del inmueble, superposición con áreas protegidas del Lago Ypacaraí y la ausencia de informes técnicos del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH) y del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES).

La Comisión resolvió acompañar la decisión adoptada por la Cámara Baja, con la abstención de la senadora Yolanda Paredes.

MODIFICACIONES A LEY POLICIAL

Los legisladores también analizaron el proyecto que modifica artículos de la Ley Nº 7280/2024 “De reforma y modernización de la Policía Nacional”, presentado por el senador Basilio Núñez y otros legisladores. Desde la Comisión informaron que aún no fue remitido el parecer solicitado al Ministerio del Interior.

El senador Carlos Núñez Agüero indicó que el proyecto presenta inconsistencias respecto a la nueva Ley de Modernización de la Policía Nacional y adelantó que presentará otra propuesta ajustada a la normativa vigente.

Por su parte, el senador Eduardo Nakayama anunció ajustes técnicos para adecuar la iniciativa al marco constitucional.

Finalmente, se resolvió postergar la emisión del dictamen.

_{Senadores Lizarella Valinete y Carlos Núñez.} 

ABSORCIÓN DE REPATRIADOS POR CANCILLERÍA

Otro de los temas centrales fue el análisis del proyecto que crea el “Programa Especializado para Repatriados y Refugiados Connacionales”, dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores, remitido por el Poder Ejecutivo.

La iniciativa plantea la absorción de la Secretaría de Desarrollo para Repatriados y Refugiados Connacionales por parte de la Cancillería Nacional.

El senador Juan Carlos Galaverna (h) propuso modificaciones al proyecto, incluyendo cambios en la estructura orgánica y el traspaso de funcionarios al Ministerio de Relaciones Exteriores.

Durante el debate, el senador Natalicio Chase solicitó aclarar si la incorporación del personal implicará adecuaciones salariales y sostuvo que la unificación no debe generar nuevos cargos.

El senador Mario Varela coincidió en la necesidad de racionalizar estructuras burocráticas, aunque advirtió sobre posibles contradicciones con el objetivo de austeridad presupuestaria.

A su turno, la senadora Lizarella Valiente defendió el rol social de la Secretaría de Repatriados y expresó preocupación ante una eventual pérdida de funciones.

_{Senador Ramón Retamozo.} 

El senador Ramón Retamozo cuestionó la creación de nuevas direcciones generales dentro de la estructura propuesta y pidió aclaraciones sobre el impacto presupuestario.

En tanto, el senador Dionisio Amarilla informó que actualmente la Secretaría cuenta con 105 funcionarios permanentes, incluidos 12 directores generales con elevados beneficios salariales.

Finalmente, el legislador propuso postergar el estudio por una semana para escuchar a representantes de la Cancillería Nacional y de la Secretaría de Repatriados, moción que fue acompañada por los miembros de la Comisión.

CESIÓN DE INMUEBLE PARA SEDE JUDICIAL

En otro momento, la Comisión también dictaminó a favor del proyecto que autoriza la desafectación de un inmueble municipal en la ciudad de Santa Rita, departamento de Alto Paraná, para transferir gratuitamente al Estado paraguayo, con el objetivo de construir sedes del Poder Judicial y del Ministerio Público.

La iniciativa fue presentada por la diputada Liz Cristina Acosta y cuenta con el aval de la Municipalidad de Santa Rita y del Ministerio Público, según se expuso durante el tratamiento del proyecto.

_{Senadores Eduardo Nakayama y Yolanda Paredes.} 

BLINDAJES BALÍSTICOS

Igualmente, fue estudiado el proyecto de Ley que regula sistemas y materiales de blindaje balístico de uso especial, presentado por varios diputados.

El senador Eduardo Nakayama cuestionó la necesidad de crear nuevas regulaciones y propuso el rechazo de la iniciativa, al sostener que las fuerzas de seguridad ya cuentan con mecanismos técnicos para evaluar estos materiales.

Por su parte, el senador Carlos Núñez Agüero recordó que, durante su paso por la FOPE, los blindados eran sometidos a pruebas balísticas antes de concretar adquisiciones.

El senador Ramón Retamozo solicitó convocar a representantes de empresas del sector antes de emitir dictamen.

Finalmente, la Comisión resolvió postergar la emisión del dictamen del proyecto.

_{La reunión se realizó de manera presencial y virtual desde la sala de sesiones del Senado.} 

HAMBRE CERO

El último punto del orden del día correspondió al proyecto impulsado por el senador Colym Soroka y otros legisladores, relacionado con modificaciones al programa Hambre Cero, cuyo estudio fue aplazado ocho días.

La Comisión asesora de Hacienda y Presupuesto, que preside el senador Silvio Ovelar, junto con la Comisión de Cuentas y Control de la Administración Financiera del Estado, encabezada por el senador Dionisio Amarilla, llevaron a cabo una sesión para analizar diversos proyectos de ley, entre ellos, una propuesta de modificación de la Ley del programa Hambre Cero, que plantea transferir a las municipalidades la administración y ejecución de los recursos destinados a la alimentación escolar.

_{El senador Silvio Ovelar junto al ministro del MEF, Oscar Lovera, y el ministro del MDS, Tadeo Rojas, durante la reunión conjunta de comisiones.}

Uno de los temas ampliamente debatidos por los legisladores y las autoridades invitadas fue el proyecto de Ley “Que modifica los artículos 4°, 5° incisos c), e) y f), 7°, 8° y 9° de la Ley N° 7264/24 ‘Que crea el Fondo Nacional de Alimentación Escolar para la Universalización Equitativa de la Alimentación Escolar (Hambre Cero en nuestras escuelas y sistema educativo)”, presentado por los senadores Colym Soroka, Oscar Salomón, José Oviedo, Carlos Núñez, Noelia Cabrera, Luis Pettengill, Mario Varela y Enrique Salyn Buzarquis.

Para el estudio de este punto asistieron el ministro del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Oscar Lovera; el ministro de Desarrollo Social, Tadeo Rojas; representantes del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), de la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (OPACI) y gobernadores de distintos departamentos del país, entre ellos: César Sosa, de Guairá; Denis Lichi, de Cordillera; Víctor Forneron, de Ñeembucú; Cristian Acosta, de Caazapá; Harold Bergen, de Boquerón; Nelson Martínez, de Canindeyú; y Norma Zárate, de Paraguarí.

_{Presencia de gobernadores y autoridades del MEF.} 

El proyecto propone transferir la administración y ejecución de los recursos del programa Hambre Cero desde las gobernaciones departamentales hacia las municipalidades. La iniciativa apunta a descentralizar la gestión de los fondos de alimentación escolar y potenciar el desarrollo de la agricultura familiar campesina mediante la compra local de alimentos en cada distrito.

El principal impulsor del proyecto, senador Colym Soroka, destacó que la esencia de la propuesta no es anular contratos vigentes con empresas proveedoras, sino garantizar el cumplimiento de lo establecido en la ley respecto a la compra mínima del 10% de productos provenientes de la agricultura familiar campesina. No obstante, indicó que durante el último año apenas se alcanzó el 8,7%. “Ni siquiera se cumple con lo mínimo”, enfatizó.

En uso de palabra, el ministro Tadeo Rojas manifestó que este no es el momento oportuno para modificar el programa Hambre Cero, teniendo en cuenta que actualmente abarca todo el país. “Hemos tenido algunos aspectos que ajustar, pero consideramos que hoy el programa es positivo y satisfactorio; su modificación podría representar un retroceso”, expresó.

_{Senadores que participaron de la reunión.} 

Por su parte, la senadora Celeste Amarilla señaló que la ley debe modificarse puntualmente en lo referente a la agricultura familiar, flexibilizando lo establecido de acuerdo con la disponibilidad de productos en cada zona.

A su vez, el senador Natalicio Chase advirtió que debilitar el programa podría significar un importante retroceso.

Asimismo, el presidente de la Cámara de Alimentación Escolar del Paraguay, Víctor Mendoza, sostuvo que “este es un programa de fortalecimiento del capital humano”.

Luego, el presidente del Consejo de Gobernadores, César Sosa, señaló que gracias al programa Hambre Cero, por primera vez, la escolaridad pasó del 54% al 93%.

_{La reunión se realizó de manera presencial y virtual desde la sala de sesiones del Senado.} 

Varios senadores y gobernadores también aportaron sus puntos de vista respecto al proyecto y sugirieron convocar a representantes de los ministerios de Industria y Comercio, y de Agricultura y Ganadería para continuar el análisis.

Finalmente, tras un extenso debate, las comisiones resolvieron postergar la emisión del dictamen, considerando que en la última sesión del Senado también se había postergado el tratamiento del proyecto por 30 días para profundizar su estudio.

PROGRAMA PARA REPATRIADOS Y REFUGIADOS

Otro de los temas abordados por las comisiones fue el proyecto de Ley “Por el cual se crea el programa especializado para repatriados y refugiados connacionales, dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores”, remitido por el Poder Ejecutivo.

Al respecto, el senador Líder Amarilla manifestó que ambas instituciones cumplen funciones diferentes y no deberían fusionarse.

Por su parte, la senadora Celeste Amarilla sostuvo que la propuesta contribuiría al achicamiento del Estado. En el mismo sentido, el legislador Walter Harms señaló que esta fusión sería práctica para los ciudadanos paraguayos residentes en el extranjero.

Tras el debate, se recomendó la aprobación del proyecto.

_{El senador Dionisio Amarilla, presidente de la Comisión de Cuentas y Control (centro).} 

OTROS PROYECTOS 

A petición del senador Natalicio Chase, se postergó el estudio del proyecto de Ley “Que modifica el artículo 279 de la Ley N° 7609/25 ‘Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el ejercicio fiscal 2026’”, presentado por los senadores Silvio Ovelar, Antonio Barrios, Natalicio Chase, Patrick Kemper, Pedro Díaz Verón, Ignacio Iramain, Esperanza Martínez y Carlos Liseras.

También quedó postergada la emisión del dictamen del proyecto de Ley “Que autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a realizar los pagos de los intereses moratorios por los certificados de obras de infraestructura”, presentado por los senadores Natalicio Chase, Juan Carlos Galaverna, Patrick Kemper, Orlando Penner y Dionisio Amarilla.

_{Vista general de la reunión.} 

No obstante, el ministro del MEF, Oscar Lovera, explicó que se busca establecer ciertas condiciones para viabilizar el pago de dichos intereses. Entre ellas, mencionó la fijación de una tasa máxima del 9,9% para los intereses moratorios. Agregó que muchos de estos compromisos corresponden a los años 2020 y 2021 y que también se plantea una ampliación presupuestaria para avanzar en la cancelación de las obligaciones reclamadas por el sector de infraestructura vial.

Finalmente, los demás puntos incluidos en el orden del día también quedaron postergados para una próxima reunión.

La Comisión Nacional de Defensa de los Recursos Naturales (CONADERNA), presidida por el senador Juan Carlos Galaverna Ortega, suscribió un Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional con la Gobernación de Boquerón, con el objetivo de promover iniciativas ambientales y fortalecer acciones conjuntas orientadas al desarrollo sostenible del departamento. El acto contó con la presencia del gobernador departamental Harold Bergen.

_{Firma de convenio entre CONADERNA y la Gobernación de Boquerón.}

El objetivo del acuerdo es establecer mecanismos de trabajo conjunto para impulsar iniciativas y proyectos de carácter ambiental, promoviendo el desarrollo sostenible y la articulación interinstitucional. Asimismo, contempla la asistencia técnica legislativa orientada a la defensa, preservación, conservación, recomposición y mejoramiento del medio ambiente. Estas acciones serán implementadas mediante acuerdos específicos, de acuerdo con cada necesidad.

En ese contexto, el senador Juan Carlos Galaverna destacó que el principal objetivo del convenio es acompañar y fortalecer las iniciativas vinculadas a los pequeños y medianos productores del departamento, además de promover la formulación de proyectos orientados a la protección y preservación del medio ambiente.

Asimismo, señaló que CONADERNA continuará impulsando acciones conjuntas y articulando esfuerzos para extender este tipo de acuerdos y programas de cooperación a otras gobernaciones del país.

_{Gobernador de Boquerón, Harold Bergen.}

Por su parte, el gobernador Harold Bergen resaltó la importancia de generar estos espacios de trabajo interinstitucional y recordó que representantes de la comisión ya habían realizado visitas previas al departamento, lo que permitió consolidar este importante paso como el inicio de una agenda conjunta en beneficio de los productores y de las comunidades originarias de la región.

Igualmente, valoró la apertura y predisposición de ambas instituciones para avanzar en iniciativas que contribuyan al desarrollo sostenible del departamento.

_{Senador Juan Carlos Galaverna, presidente de CONADERNA.}

El acto protocolar se llevó a cabo en la sala de reuniones “Paz del Chaco” de la Cámara de Senadores.

La Comisión de Familia, Niñez, Adolescencia y Juventud, presidida por la senadora Lizarella Valiente, se reunió para analizar dos importantes proyectos relacionados con la protección, atención y garantía de derechos de niños, niñas y adolescentes.

_{Senadora Lizarella Valiente, presidenta de la Comisión.} 

Durante la reunión, la legisladora informó sobre el análisis del proyecto de Ley, remitido por la Cámara de Diputados, que propone la creación de un programa de identificación, inscripción y asistencia para estudiantes con altas capacidades intelectuales.

En ese sentido, explicó que la Comisión emitió dictamen negativo a la propuesta, considerando que la Ley Nº 5136/2013 de Educación Inclusiva ya contempla la atención integral de estudiantes con necesidades específicas de apoyo educativo, incluyendo a aquellos con altas capacidades intelectuales.

“La propuesta sería como sobrelegislar”, expresó la senadora, al señalar que el sistema educativo vigente ya prevé mecanismos de adecuación curricular desarrollados por profesionales especializados, atendiendo las diferencias individuales y las particularidades de cada estudiante.

Asimismo, fue estudiado el proyecto de Ley “Que garantiza el derecho de los niños y adolescentes a la protección contra el trabajo infantil peligroso y sanciona penalmente estas prácticas”, iniciativa presentada por la senadora Lizarella Valiente.

_{La reunión contó con la presencia de la senadora Hermelinda Alvarenga, miembro de la Comisión.} 

En ese contexto, los integrantes de la comisión resolvieron convocar para este jueves a una mesa de trabajo interinstitucional con representantes del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, el Ministerio de Trabajo y la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (OPACI).

La parlamentaria enfatizó la necesidad de fortalecer el rol de las Consejerías Municipales por los Derechos del Niño, Niña y Adolescente (CODENIS), especialmente en situaciones relacionadas con niños en situación de calle y casos de presunta explotación laboral.

“Como sociedad hemos normalizado ver niños en la calle, y esto ya no puede seguir ocurriendo”, manifestó la titular de la comisión, al remarcar la necesidad de una intervención articulada del Estado para garantizar la protección integral de los menores.

Igualmente, anunció que se buscará impulsar un trabajo coordinado para que las CODENIS cuenten con atención las 24 horas en todos los municipios del país, permitiendo actuar de forma inmediata ante situaciones de vulnerabilidad infantil.

_{A tráves de la plataforma Zoom participaron los senadores Dionisio Amarilla, Natalicio Chase y Juan Carlos Galaverna  (h).} 

Además, destacó el trabajo desarrollado por el programa “Chalecos Rojos”, impulsado desde la Comisión de Familia, Niñez, Adolescencia y Juventud, cuyos integrantes realizan tareas de asistencia y rescate de menores en situación de riesgo.

Finalmente, advirtió que la exposición de niños a trabajos nocturnos y peligrosos podría derivar en sanciones penales para padres o responsables, por incumplimiento del deber de cuidado y por poner en riesgo la integridad física y emocional de los menores.

La Comisión de Legislación, Codificación, Justicia y Trabajo, presidida por el senador Derlis Maidana, se reunió en modalidad mixta para analizar diversos proyectos de Ley relacionados con inmuebles, programas para connacionales repatriados, exoneraciones tributarias y modificaciones al programa Hambre Cero. Durante la jornada participaron representantes de instituciones públicas, gremios y pobladores vinculados a los temas tratados.

_{Senador Derlis Maidana, presidente de la Comisión, junto al senador Luis Pettengill.} 

La jornada contó con la participación de representantes del Ministerio de Defensa Nacional, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Economía y Finanzas, Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT), además de pobladores y representantes de sectores involucrados en los distintos puntos tratados.

Como primer punto del orden del día, fue estudiado el proyecto de Ley “Que deroga la Ley Nº 6852/2021, que modifica y amplía el artículo 2° de la Ley N.º 823/96, que declara de utilidad social y expropia a favor del Instituto de Bienestar Rural (IBR) un inmueble de 1.000 hectáreas para ser loteado a campesinos sin tierra del distrito de Juan E. O’Leary”, presentado por varios senadores.

Durante el tratamiento, la senadora Yolanda Paredes, una de las proyectistas, sostuvo que se trata de una problemática histórica y compleja, en la que el INDERT desempeña un rol fundamental debido a la transferencia de inmuebles y a la superposición de títulos existentes en la zona.

Asimismo, señaló que actualmente existe una comunidad consolidada en el lugar, con infraestructura básica como caminos, energía eléctrica y centros educativos, donde numerosas familias desarrollan su vida cotidiana. Explicó que el objetivo del proyecto es derogar la normativa vigente y establecer mecanismos que permitan definir el valor de una eventual indemnización, ya sea mediante precio de subasta o conforme a lo que determinen las instituciones competentes.

_{Senadores presentes en la reunión.} 

Por su parte, el viceministro de Defensa Nacional, Lilio Rodolfo Cardozo Samaniego, manifestó que la institución mantendrá una postura de acompañamiento y apertura al diálogo durante el análisis del proyecto, resaltando la importancia de conocer la posición oficial del INDERT.

En representación del INDERT, la Dra. Claudia Rivas expresó que la institución cuenta con amplios antecedentes sobre el inmueble en cuestión y que actualmente se encuentran recabando informes relacionados con adjudicaciones y títulos de propiedad. Añadió además que la postura institucional es no realizar nuevos pagos, atendiendo a que el inmueble pertenecía originalmente al entonces Instituto de Bienestar Rural y posteriormente fue sometido a subasta por decisión de otras instancias estatales.

A su turno, el señor Jaime Peña, representante de los compradores de la subasta, manifestó que hace aproximadamente 30 años participaron del remate y adquirieron legalmente la propiedad, la cual —según indicó— no contaba con ocupantes en ese momento. Agregó que posteriormente surgieron ocupaciones y reclamos sobre las tierras, situación que derivó en el conflicto actual.

Igualmente, sostuvo que el INDERT se comprometió durante varios años a resarcir la inversión realizada, sin que hasta la fecha exista una respuesta concreta.

Posteriormente, el abogado Alberto Alderete, representante de los ocupantes, expuso que el inmueble perteneció originalmente al Instituto de Bienestar Rural y posteriormente fue transferido de manera gratuita al Ministerio de Defensa Nacional, cuando ya se encontraba ocupado por agricultores.

_{Representantes de las diversas Instituciones.}

Indicó además que posteriormente el inmueble volvió a ser transferido al Instituto de Bienestar Rural con fines de reforma agraria y recordó que el Congreso había aprobado una ley de desafectación, aunque posteriormente fue vetada por el entonces vicepresidente Ángel Roberto Seifart, durante la ausencia del expresidente Juan Carlos Wasmosy.

En ese contexto, sostuvo que el inmueble siempre perteneció al Estado y cuestionó la participación de particulares en la subasta pública. Asimismo, señaló que una eventual indemnización no debería establecerse a precio de mercado, sino limitarse al monto efectivamente abonado en el remate.

Tras un amplio debate entre los senadores presentes, la Comisión resolvió postergar la emisión del dictamen hasta contar con mayores informes y antecedentes sobre el caso.

OTROS TEMAS

Seguidamente, fue analizado el proyecto de Ley “Por el cual se crea el Programa Especializado para Repatriados y Connacionales, dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores”, iniciativa con media sanción de la Cámara de Diputados y remitida por el Poder Ejecutivo.

En representación del Ministerio de Relaciones Exteriores, el viceministro Miguel Ángel Aranda manifestó que la institución acompaña en términos generales la versión aprobada por Diputados, aunque propuso algunas modificaciones de forma y nomenclatura.

Entre las sugerencias planteadas mencionó la exclusión del término “refugiados”, atendiendo a disposiciones legales vigentes, así como la sustitución de determinadas expresiones por conceptos más adecuados técnicamente.

Por su parte, el representante de la Secretaría de Desarrollo para Repatriados y Refugiados Connacionales, Ever Medina, expresó el acompañamiento institucional al proyecto y propuso la incorporación de una estructura organizativa mínima que permita garantizar la prestación de los servicios previstos en la normativa.

_{Vista general.} 

La Comisión de Legislación, Codificación, Justicia y Trabajo, presidida por el senador Derlis Maidana, sesionó este lunes en modalidad presencial y virtual. Durante la reunión, los legisladores recibieron a representantes de distintas instituciones públicas, con el objetivo de ampliar y avanzar en el estudio del proyecto de Ley que propone modificaciones a varios artículos de la normativa vinculada al programa “Hambre Cero en nuestras escuelas y sistema educativo”.

_{La mesa principal integrada por los senadores Derlis Maidana (presidente) y Luis Pettengill (vicepresidente).} 

Como primer punto del orden del día, fue analizado el proyecto de Ley “Que modifica los artículos 4°, 5° incisos c), e) y f); 7°, 8° y 9° de la Ley Nº 7264/24, que crea el Fondo Nacional de Alimentación Escolar para la Universalización Equitativa de la Alimentación Escolar (Hambre Cero en nuestras escuelas y sistema educativo), modifica y amplía la Ley Nº 5210/2014 de Alimentación Escolar y Control Sanitario y sus posteriores modificaciones, y modifica la Ley Nº 6628/2020, que establece la gratuidad de los cursos de admisión y de grado en todas las universidades públicas del país, así como los artículos 3°, 5° y 6° de la Ley Nº 4758/2012, que crea el Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (FONACIDE) y el Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación, y sus modificatorias”, presentado por los senadores Colym Soroka, Oscar Salomón, José Oviedo, Carlos Núñez, Noelia Cabrera, Luis Pettengill, Mario Varela y Enrique Salyn Buzarquis.

Para el tratamiento de este punto participaron representantes del Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Educación y Ciencias, la Jefatura del Gabinete Civil de la Presidencia de la República, el Consejo de Gobernadores y la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal.

En representación del Ministerio de Desarrollo Social, el viceministro de Políticas Sociales, Carlos Paris, manifestó que, en caso de aprobarse las modificaciones planteadas, la institución acatará lo dispuesto conforme a la normativa vigente. Asimismo, señaló que actualmente las gobernaciones realizan un trabajo minucioso debido a la complejidad operativa que implica la implementación del programa.

Indicó además que la institución no mantiene una postura ni a favor ni en contra de la modificación; sin embargo, consideró que, de concretarse los cambios, el trabajo operativo será aún más amplio, atendiendo a que la distribución abarcaría a cada distrito, lo que requerirá una mayor cantidad de empresas proveedoras y distribuidoras.

_{Gobernadores y representantes de diversas instituciones.}

Seguidamente, en representación del Ministerio de Economía y Finanzas, Verónica Rojas, jefa de Análisis y Aplicación Presupuestaria, expresó la importancia de considerar la eventual suspensión y renovación de contratos en caso de aprobarse las modificaciones al proyecto. Señaló que ello podría afectar la distribución de alimentos en las instituciones educativas, considerando que toda modificación genera consecuencias administrativas que deben ser cuidadosamente evaluadas.

Por su parte, en representación del Ministerio de Educación y Ciencias, la directora de Asuntos Legales, Jazmín Masacote, manifestó que el proyecto de Ley requiere un análisis más exhaustivo, atendiendo al impacto que podría generar específicamente en el sector estudiantil, especialmente si las modificaciones fueran implementadas durante el presente año.

Posteriormente, el gobernador de Caaguazú, Marcelo Soto Pavón, en representación del Consejo de Gobernadores, señaló que todas las gobernaciones han llevado adelante las auditorías de control correspondientes al año 2025, afirmando que los procedimientos se están realizando de manera correcta y transparente.

En el mismo sentido, los demás representantes presentes expusieron diversos puntos de vista, coincidiendo en la necesidad de continuar avanzando en beneficio del país y, principalmente, de los estudiantes beneficiarios del programa de alimentación escolar.

Asimismo, los senadores manifestaron sus respectivas posturas, destacando que se trata de un proyecto sumamente delicado, por lo que consideraron fundamental esclarecer en profundidad las modificaciones propuestas. En ese contexto, señalaron la importancia de evitar que el tratamiento de la iniciativa responda a intereses políticos o busque afectar a determinados sectores partidarios.

_{La reunión se realizó de manera presencial y virtual desde la sala de sesiones del Senado.} 

Por otro lado, el senador Colym Soroka, principal impulsor del proyecto, manifestó que la modificación no está prevista para su implementación durante el presente año, por lo que, a su criterio, no debería generar preocupación. Señaló además que el punto central del debate no debería enfocarse únicamente en los contratos. Asimismo, cuestionó la ausencia de representantes de las gobernaciones en convocatorias anteriores realizadas por la Comisión.

En el mismo sentido, otros senadores proyectistas expresaron su respaldo a la postura planteada por el legislador.

Finalmente, el senador Derlis Maidana agradeció la presencia de los representantes y manifestó que la comisión aún no emitirá un dictamen final, ya que continuará analizando el proyecto junto con los demás sectores involucrados, asegurando que cada sugerencia será estudiada conforme corresponda.

OTROS TEMAS

Como siguiente punto del orden del día, los legisladores analizaron el proyecto de Ley “Que modifica los artículos 89, 137, 138, 140, 141, 142, 147, 148, 149 y 279 de la Ley Nº 7280/2024 ‘De reforma y modernización de la Policía Nacional”, presentado por los senadores Basilio Núñez, Antonio Barrios, Natalicio Chase, Zenaida Delgado, Hermelinda Alvarenga de Ortega, Noelia Cabrera, Carlos Liseras, Blanca Ovelar, Oscar Salomón, Lizarella Valiente, Rubén Velázquez y Eduardo Nakayama. La instancia decidió postergar su estudio a fin de introducir algunas modificaciones.

_{Senadores presentes durante la reunión.} 

Como tercer punto del orden del día, fue tratado el proyecto de Ley “Que crea el cuarto turno del Juzgado Penal de Ejecución de Alto Paraná”, presentado por la diputada Rocío Abed de Zacarías. La iniciativa, que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados, recibió dictamen favorable por parte de la Comisión.

Por último, los legisladores analizaron el proyecto de Ley “Que crea un Juzgado de Paz en el distrito de Minga Guazú, departamento de Alto Paraná – Zona Km 30”, presentado por las diputadas Bettina Aguilera y Rocío Abed de Zacarías. En este caso, la Comisión recomendó el rechazo de la propuesta, considerando que en el distrito ya existe un Juzgado de Paz y que cualquier ampliación requerirá un análisis más exhaustivo y mayor tiempo de estudio.

La Comisión Especial de Investigación sobre la denominada “Mafia de los Pagarés”, que preside el senador Rafael Filizzola, realizó este jueves una audiencia pública en Ciudad del Este, donde recibió denuncias y testimonios de productores, docentes y funcionarios afectados por presuntas irregularidades en juicios ejecutivos y mecanismos de descuentos compulsivos. Entre los hallazgos más alarmantes figura un esquema de embargos que superaría los 200 millones de dólares.

_{Participaron de la audiencia los senadores Rafael Filizzola, Rubén Velázquez, Esperanza Martínez y Yolanda Paredes.}

La audiencia pública se realizó en coordinación con la Municipalidad local, con el objetivo de recibir denuncias y brindar acompañamiento a personas afectadas por presuntas irregularidades judiciales y financieras.

Durante la jornada, los legisladores recibieron testimonios de más de un centenar de productores del departamento de Alto Paraná, quienes denunciaron un esquema de embargos millonarios vinculados a juicios ejecutivos promovidos por una entidad financiera extranjera denominada Amerra, que, según manifestaron, ni siquiera estaría registrada en Paraguay.

De acuerdo con las denuncias, los pagarés ejecutados tendrían origen en créditos que ya habían sido cancelados por los afectados con la firma Agrícola Colonial. Los embargos detectados rondarían los 200 millones de dólares.

Ante la gravedad de los hechos expuestos, la Comisión acordó acompañar la presentación de una denuncia penal colectiva, además de impulsar una auditoría de los expedientes civiles relacionados con estos casos. Asimismo, se prevén reuniones con ministros de la Corte Suprema de Justicia y la remisión de los antecedentes a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) y a la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT).

_{Una de las víctimas de la denominada “Mafia de los Pagarés” expone su caso ante los legisladores.}

En el transcurso de la audiencia también se recibieron denuncias de docentes, trabajadores de blanco y otros funcionarios públicos afectados por mecanismos de descuentos vía ministerial, así como operaciones irregulares conocidas como “préstamos por embargo”.

Las víctimas señalaron además las dificultades que enfrentan para acceder a información sobre sus causas judiciales, muchas de las cuales fueron tramitadas en Asunción. Según relataron, pese a trasladarse hasta la capital en busca de respuestas, no logran acceder a los expedientes ni obtener información clara sobre los procesos.

Como resultado de la audiencia pública, se resolvió conformar una mesa de trabajo coordinada entre las víctimas, el equipo jurídico de la Municipalidad de Ciudad del Este y el equipo técnico de la Comisión Especial, a fin de avanzar en acciones legales y de acompañamiento. Igualmente, se brindó orientación individual a las personas afectadas.

_{Equipo técnico de la Comisión recepciona la denuncia de una de las víctimas de la denominada “Mafia de los Pagarés”.}

La actividad se desarrolló en la Casa de Cultura de la Municipalidad de Ciudad del Este y contó con la participación de los senadores Rubén Velázquez, Esperanza Martínez y Yolanda Paredes, además del intendente municipal Daniel Mujica.

La Comisión de Familia, Niñez, Adolescencia y Juventud, presidida por la senadora Lizarella Valiente, llevó a cabo una mesa de trabajo para el tratamiento del proyecto de ley “Que modifica los artículos 137 y 138 de la Ley N° 1160/97 – Código Penal”.

_{Senadora Lizarella Valiente, presidenta de la Comisión.} 

El encuentro se desarrolló con la participación de autoridades del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA), entre ellas el viceministro Eduardo Escobar; del Ministerio de la Defensa Pública, el defensor público Eleno Quiñónez; así como representantes del Ministerio Público y otras instituciones vinculadas.

Durante la reunión se señaló que actualmente el Código Penal, en sus artículos 137 y 138, que tipifican los hechos punibles de estupro y actos sexuales con personas menores de edad, presenta una laguna normativa que dejaría sin una adecuada protección a adolescentes de 17 años, ya que las disposiciones vigentes hacen referencia principalmente a adolescentes de 14 a 16 años.

Asimismo, se recordó que la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, aprobada y ratificada por Ley N° 57/1990, establece en su artículo 1° que se entiende por niño todo ser humano menor de 18 años de edad, salvo que la legislación aplicable disponga otra cosa.

_{Representantes de instituciones públicas.} 

En la misma línea, se mencionó la Ley N° 2169, que establece la mayoría de edad, la cual define como adolescente a toda persona humana desde los 14 hasta los 17 años de edad. En ese sentido, se indicó la necesidad de armonizar la normativa penal con estas disposiciones legales vigentes.

En ese contexto, la senadora Lizarella Valiente señaló que el objetivo del proyecto es realizar ajustes que permitan brindar una mayor protección a este sector, así como incorporar nuevas conductas que puedan ser sancionadas dentro del marco penal.

Por otra parte, se destacó que la propuesta también plantea la eliminación del inciso 2° del artículo 137, que establece la posibilidad de prescindir de la pena cuando el autor sea menor de edad. Sobre este punto, se argumentó que dicha disposición podría resultar incompatible con estándares internacionales de protección, como la Declaración Universal de los Derechos del Niño de 1959, que reconoce la necesidad de protección especial para niños, niñas y adolescentes.

En ese sentido, se advirtió que la disposición vigente podría generar vacíos que permitan situaciones de vulnerabilidad o falta de sanción adecuada en determinados casos.

_{Viceministro del MINNA, Eduardo Escobar.} 

Seguidamente, el viceministro del MINNA, Eduardo Escobar, señaló que las modificaciones apuntan a incorporar un enfoque contemporáneo basado en la doctrina de protección integral de niños, niñas y adolescentes, además de adecuar la legislación a las nuevas modalidades de vulneración que afectan a este sector.

“Necesitamos que las normas evolucionen y contemplen la protección integral de los adolescentes, además de dar una señal clara de que los abusos sexuales serán sancionados con el mayor rigor de la ley”, expresó.

A su turno, el defensor público Eleno Quiñónez manifestó que determinados casos deben ser analizados como hechos punibles, considerando el grado de discernimiento en adolescentes, y sostuvo la necesidad de tipificar adecuadamente el acto sexual dentro del marco legal correspondiente.

_{La reunión se realizó en el salón Acosta Ñu del Senado.} 

Finalmente, la presidenta de la Comisión, legisladora Valiente, afirmó que la propuesta responde también a reclamos ciudadanos ante vacíos detectados en la legislación vigente, destacando la necesidad de actualización normativa frente a nuevas formas de vulneración, especialmente en entornos digitales.

Asimismo, recordó que el 31 de mayo se conmemora el Día Nacional contra el Abuso y la Explotación Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes, subrayando la importancia de fortalecer las herramientas legales para la protección efectiva de menores de edad.

La Comisión de Asuntos Constitucionales, Defensa Nacional y Fuerza Pública celebró su reunión ordinaria para el tratamiento de cinco puntos establecidos en el orden del día. El encuentro fue encabezado por el senador Carlos Núñez, en su carácter de relator del ente asesor.

Vista general de la reunión ordinaria.

En primer lugar, se consideró el Mensaje Nº 367 del Ministerio de Defensa Nacional, por el cual se solicita la autorización para la salida temporal del país de tres (3) oficiales superiores, quince (15) oficiales subalternos y trece (13) suboficiales, así como de cuatro (4) aeronaves Super Tucano, sin armamento —matrículas FAP 1101, FAP 1102, FAP 1103 y FAP 1104—, y una (1) aeronave CASA 212, matrícula FAP 2035, con destino a la Base Aérea “Cerro Moreno”, en Antofagasta, República de Chile, para participar en el Ejercicio Aéreo Multidominio “SALITRE 2026”.
Este punto fue aprobado por unanimidad.

Relator del ente asesor, legislador Carlos Núñez, dirigiendo la sesión.

Luego, se analizó el Mensaje Nº 334 del Poder Ejecutivo, vía Ministerio de Defensa Nacional, por el cual se solicita el acuerdo constitucional para el ascenso póstumo al grado inmediato superior del teniente coronel DCEM Guillermo Alicio Moral Centurión, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Nacional y la Ley Nº 1115/1997.
Este punto fue rechazado, debido a que el Poder Ejecutivo ya promulgó el ascenso y firmó el decreto correspondiente.

Seguidamente, se analizó y aprobó el Mensaje Nº 3.688 de la  Cámara de Diputados, por el cual se remite la Resolución Nº 5.146: “Que acepta la objeción parcial formulada por el Poder Ejecutivo al proyecto de Ley Nº 7585 ‘Que declara de interés social y expropia a favor de la Municipalidad de San Estanislao un inmueble individualizado con matrícula Nº C05/24568, padrón Nº 25247 - p. matriz 17942, del mencionado distrito del departamento de San Pedro, para su posterior loteamiento, venta y adjudicación a favor de sus actuales ocupantes’, y sanciona, por mayoría absoluta, la parte no objetada”.

En otro momento de la sesión, se analizó el Mensaje Nº 377 del Poder Ejecutivo, vía Ministerio de Relaciones Exteriores, por el cual se remite el proyecto de Ley: “Acuerdo por notas reversales entre el Gobierno de la República del Paraguay y el Gobierno del Japón relativo a la cooperación financiera no reembolsable para la implementación del proyecto para el desarrollo de las instalaciones relativas a la tecnología satelital”.

Al respecto, el senador Eduardo Nakayama recordó las diversas cooperaciones que el Gobierno del Japón ha brindado al Paraguay y destacó su importancia para el desarrollo del país.

A su turno, la senadora Lizarella Valiente señaló que contar con esta tecnología abre un amplio abanico de posibilidades en distintos ámbitos. Asimismo, el senador Mario Varela manifestó: “Paraguay sigue necesitando una importante inversión y mejoras en materia tecnológica”, y recalcó la importancia de valorar este tipo de cooperación proveniente del pueblo japonés.

Este punto obtuvo dictamen de aprobación.

_{Senador Mario Varela en uso de la palabra.}

En el mismo sentido, se aprobó el Mensaje Nº 379 del Poder Ejecutivo, vía Ministerio de Relaciones Exteriores, por el cual se remite el proyecto de Ley: “Acuerdo entre la República del Paraguay y Japón para la promoción y protección de inversiones”.