La Comisión de Asuntos Constitucionales, Defensa Nacional y Fuerza Pública, presidida por el senador Javier Zacarías Irún, se reunió este martes para abordar la solicitud de desafuero del senador vitalicio y expresidente de la República, Mario Abdo Benítez. Durante la sesión, estuvieron presentes los representantes legales del exmandatario.
Imagen de la reunión presidida por el senador Javier Zacarías Irún, titutlar del ente asesor.
El documento tratado fue el Oficio N° 185 del Poder Judicial, Juzgado Penal de Control y Garantías N° 3 de la Capital, de fecha 14 de marzo de 2024, por el cual remite compulsa íntegra de las actuaciones producidas por el Ministerio Público en el marco de la causa caratulada: “Carlos Adolfo Arregui Romero, Arnaldo Euclides Giuzzio Benítez, René Milciades Fernández Bobadilla, Carmen María Pereira Bogado, Daniel Alberto Farías Kronawetter, Guillermo Preda Galeano, Francisco Pereira Cohene, Mauricio Fabían Espínola Núñez y Mario Abdo Benítez s/ revelación de secreto de servicio, revelación de secretos privados por funcionarios o personas con obligación especial, inducción a un subordinado a un hecho punible, denuncia falsa, simulación de un hecho punible, usurpación de funciones públicas y asociación criminal”, para los fines legales pertinentes, y de conformidad al artículo 191 de la Constitución Nacional y el artículo 328 del Código Procesal Penal.
Al concluir la reunión, el senador Javier Zacarías Irún informó que se dictaminó en dos sentidos: cinco votos a favor del pedido de desafuero y cuatro votos en contra, además de registrarse tres abstenciones.
El legislador destacó que el artículo 17 de la Constitución Nacional establece claramente el debido proceso, el cual debe ser evaluado en este caso. “Lo que debemos analizar es si se cumplió con el artículo 17, si hubo algún atropello o no y, con base en eso, decidir si corresponde o no el desafuero de un senador de la Nación”, afirmó.
Agregó que no se ha vulnerado ni atropellado el citado artículo, y el resto de la cuestión debe ser evaluado por los fiscales y jueces de la República del Paraguay. “Nosotros no somos jueces, no nos corresponde a nosotros determinar si algo está bien o mal, si alguien es culpable o inocente; esa es una decisión que debe tomar la justicia", subrayó.
Igualmente, sostuvo que no se debe obstruir una investigación judicial, especialmente cuando no se basa en opiniones emitidas por los senadores. “Mi criterio es que el desafuero debe aprobarse siempre y cuando se trate de delitos comunes y no por una opinión expresada en el ejercicio de nuestras funciones como legisladores”, alegó.
Representantes legales del senador vitalicio.
ALEGATO DE LA DEFENSA
Para tratar el tema, estuvieron presentes los abogados Alfredo Enrique Kronawetter, César Trapani y Federico Huttemann, quienes representan la defensa del senador vitalicio Mario Abdo Benítez. El Abg. César Trapani expuso los elementos que, a juicio de los defensores, deben ser considerados por el Senado para ejercer su prerrogativa constitucional en la decisión sobre el desafuero. En este contexto, se refirieron a las nuevas circunstancias que rodean el caso, específicamente aquellas surgidas después de la sesión del 2 de abril de 2024, en la cual se discutió el pedido de desafuero del senador vitalicio. En esa ocasión, los representantes legales ya habían participado en la convocatoria de la comisión y ratificaron todas las consideraciones previamente expuestas.
Por su parte, el Abg. Enrique Kronawetter explicó que la no comparecencia del senador vitalicio no era necesaria, ya que él mismo ha manifestado públicamente que no tiene temor y que se someterá a la justicia. Añadió que su intervención busca exponer los argumentos sobre las motivaciones que, según su criterio, “no justifican el desafuero”.
Además, señaló que, como abogados defensores presentan las violaciones al debido proceso que, según ellos, “se han producido desde la formulación de la imputación hasta la acusación”, expresó el profesional del Derecho.
Vista de los senadores presentes en la reunión.
POSTURA DE SENADORES
El senador Eduardo Nakayama expresó su opinión sobre el tema, señalando que este proceso debería ser "declarado nulo". Argumentó ante la comisión que el desafuero de un senador vitalicio no es necesario en esta Cámara, ya que, según sus declaraciones, los senadores vitalicios no gozan de fueros, tal como lo afirman dos juristas. Además, tras analizar los detalles jurídicos y políticos que han rodeado el caso, concluyó que no podía apoyar la iniciativa.
Por su parte, el legislador Mario Varela manifestó que, “debido a la suspicacia que rodea el procedimiento, no se puede admitir una investigación de tal naturaleza dentro de la dogmática legal”.
A su turno, la legisladora Yolanda Paredes expresó que su principal preocupación, más allá de lo político, es la actuación del Ministerio Público. Aseguró que, “si el proceso legal no se lleva a cabo con todas las garantías necesarias, no existirá seguridad jurídica en el país. Por ello, la importancia de velar por el cumplimiento del artículo 17 de la Constitución Nacional”. En tanto, su colega senador Rafael Filizzola opinó que se debe revisar el mérito de la causa para tomar una decisión, y sostuvo que, a su juicio, “este caso está viciado”.
Asimismo, intervino la senadora Lizarella Valiente, quien señaló que, considerando que el propio afectado ha solicitado que se le retiren los fueros, considera que “realmente desea responder por lo que está siendo acusado”, expresó.
El debate prosiguió con la intervención del parlamentario Derlis Maidana, quien argumentó que el propio expresidente se somete a la consideración de la justicia ordinaria, y que, al igual que en el caso de senadores activos, cuando hay un pedido de desafuero por hechos punibles no protegidos por la función que se desempeña, “corresponde el desafuero”.
Momento de la votación.
La senadora Lilian Samaniego manifestó que considera que se trata de una persecución política, y que todo lo expuesto por los abogados ratifica su posición: "Esto fue una causa manipulada por el Ministerio Público", aseguró.
Finalmente, el parlamentario Pedro Díaz Verón expresó su apoyo al retiro de los fueros del senador vitalicio, “no por una cuestión personal ni de persecución política, sino por un principio de legalidad”. No obstante, aclaró que será el Pleno quien defina la cuestión.
OTROS TEMAS
A continuación, los integrantes de la Comisión abordaron el proyecto de Ley “Que modifica el artículo 30 de la Ley N° 879/1982 ‘Código de Organización Judicial’, modificado por la Ley N° 2248/2003”, presentado por varios diputados. En relación con este tema, se recomendó su aprobación con modificaciones.
La iniciativa propone ampliar de dos a cuatro el número de Tribunales de Cuentas, considerando que, desde 2003, estas instancias tienen competencia exclusiva en los juicios contencioso-administrativos, pero no se han ajustado a la expansión del Poder Judicial en otras áreas. El proyecto busca mejorar la eficiencia del sistema judicial, con un costo mínimo para el Estado.
Asimismo, se trató el proyecto de Ley “Que modifica la Ley N° 3212/2007 ‘Que amplía las disposiciones del Código Electoral y crea la figura de las concertaciones’”, presentado por el diputado José Rodríguez.
Finalmente, se dictaminó a favor de la aprobación con modificaciones del proyecto, y se registró una abstención.