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La Comisión de Legislación, Codificación, Justicia y Trabajo, presidida por el senador Derlis Maidana, se reunió en modalidad mixta para analizar diversos proyectos de Ley relacionados con inmuebles, programas para connacionales repatriados, exoneraciones tributarias y modificaciones al programa Hambre Cero. Durante la jornada participaron representantes de instituciones públicas, gremios y pobladores vinculados a los temas tratados.

_{Senador Derlis Maidana, presidente de la Comisión, junto al senador Luis Pettengill.} 

La jornada contó con la participación de representantes del Ministerio de Defensa Nacional, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Economía y Finanzas, Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT), además de pobladores y representantes de sectores involucrados en los distintos puntos tratados.

Como primer punto del orden del día, fue estudiado el proyecto de Ley “Que deroga la Ley Nº 6852/2021, que modifica y amplía el artículo 2° de la Ley N.º 823/96, que declara de utilidad social y expropia a favor del Instituto de Bienestar Rural (IBR) un inmueble de 1.000 hectáreas para ser loteado a campesinos sin tierra del distrito de Juan E. O’Leary”, presentado por varios senadores.

Durante el tratamiento, la senadora Yolanda Paredes, una de las proyectistas, sostuvo que se trata de una problemática histórica y compleja, en la que el INDERT desempeña un rol fundamental debido a la transferencia de inmuebles y a la superposición de títulos existentes en la zona.

Asimismo, señaló que actualmente existe una comunidad consolidada en el lugar, con infraestructura básica como caminos, energía eléctrica y centros educativos, donde numerosas familias desarrollan su vida cotidiana. Explicó que el objetivo del proyecto es derogar la normativa vigente y establecer mecanismos que permitan definir el valor de una eventual indemnización, ya sea mediante precio de subasta o conforme a lo que determinen las instituciones competentes.

_{Senadores presentes en la reunión.} 

Por su parte, el viceministro de Defensa Nacional, Lilio Rodolfo Cardozo Samaniego, manifestó que la institución mantendrá una postura de acompañamiento y apertura al diálogo durante el análisis del proyecto, resaltando la importancia de conocer la posición oficial del INDERT.

En representación del INDERT, la Dra. Claudia Rivas expresó que la institución cuenta con amplios antecedentes sobre el inmueble en cuestión y que actualmente se encuentran recabando informes relacionados con adjudicaciones y títulos de propiedad. Añadió además que la postura institucional es no realizar nuevos pagos, atendiendo a que el inmueble pertenecía originalmente al entonces Instituto de Bienestar Rural y posteriormente fue sometido a subasta por decisión de otras instancias estatales.

A su turno, el señor Jaime Peña, representante de los compradores de la subasta, manifestó que hace aproximadamente 30 años participaron del remate y adquirieron legalmente la propiedad, la cual —según indicó— no contaba con ocupantes en ese momento. Agregó que posteriormente surgieron ocupaciones y reclamos sobre las tierras, situación que derivó en el conflicto actual.

Igualmente, sostuvo que el INDERT se comprometió durante varios años a resarcir la inversión realizada, sin que hasta la fecha exista una respuesta concreta.

Posteriormente, el abogado Alberto Alderete, representante de los ocupantes, expuso que el inmueble perteneció originalmente al Instituto de Bienestar Rural y posteriormente fue transferido de manera gratuita al Ministerio de Defensa Nacional, cuando ya se encontraba ocupado por agricultores.

_{Representantes de las diversas Instituciones.}

Indicó además que posteriormente el inmueble volvió a ser transferido al Instituto de Bienestar Rural con fines de reforma agraria y recordó que el Congreso había aprobado una ley de desafectación, aunque posteriormente fue vetada por el entonces vicepresidente Ángel Roberto Seifart, durante la ausencia del expresidente Juan Carlos Wasmosy.

En ese contexto, sostuvo que el inmueble siempre perteneció al Estado y cuestionó la participación de particulares en la subasta pública. Asimismo, señaló que una eventual indemnización no debería establecerse a precio de mercado, sino limitarse al monto efectivamente abonado en el remate.

Tras un amplio debate entre los senadores presentes, la Comisión resolvió postergar la emisión del dictamen hasta contar con mayores informes y antecedentes sobre el caso.

OTROS TEMAS

Seguidamente, fue analizado el proyecto de Ley “Por el cual se crea el Programa Especializado para Repatriados y Connacionales, dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores”, iniciativa con media sanción de la Cámara de Diputados y remitida por el Poder Ejecutivo.

En representación del Ministerio de Relaciones Exteriores, el viceministro Miguel Ángel Aranda manifestó que la institución acompaña en términos generales la versión aprobada por Diputados, aunque propuso algunas modificaciones de forma y nomenclatura.

Entre las sugerencias planteadas mencionó la exclusión del término “refugiados”, atendiendo a disposiciones legales vigentes, así como la sustitución de determinadas expresiones por conceptos más adecuados técnicamente.

Por su parte, el representante de la Secretaría de Desarrollo para Repatriados y Refugiados Connacionales, Ever Medina, expresó el acompañamiento institucional al proyecto y propuso la incorporación de una estructura organizativa mínima que permita garantizar la prestación de los servicios previstos en la normativa.

_{Vista general.} 

La Comisión de Legislación, Codificación, Justicia y Trabajo, presidida por el senador Derlis Maidana, sesionó este lunes en modalidad presencial y virtual. Durante la reunión, los legisladores recibieron a representantes de distintas instituciones públicas, con el objetivo de ampliar y avanzar en el estudio del proyecto de Ley que propone modificaciones a varios artículos de la normativa vinculada al programa “Hambre Cero en nuestras escuelas y sistema educativo”.

_{La mesa principal integrada por los senadores Derlis Maidana (presidente) y Luis Pettengill (vicepresidente).} 

Como primer punto del orden del día, fue analizado el proyecto de Ley “Que modifica los artículos 4°, 5° incisos c), e) y f); 7°, 8° y 9° de la Ley Nº 7264/24, que crea el Fondo Nacional de Alimentación Escolar para la Universalización Equitativa de la Alimentación Escolar (Hambre Cero en nuestras escuelas y sistema educativo), modifica y amplía la Ley Nº 5210/2014 de Alimentación Escolar y Control Sanitario y sus posteriores modificaciones, y modifica la Ley Nº 6628/2020, que establece la gratuidad de los cursos de admisión y de grado en todas las universidades públicas del país, así como los artículos 3°, 5° y 6° de la Ley Nº 4758/2012, que crea el Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (FONACIDE) y el Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación, y sus modificatorias”, presentado por los senadores Colym Soroka, Oscar Salomón, José Oviedo, Carlos Núñez, Noelia Cabrera, Luis Pettengill, Mario Varela y Enrique Salyn Buzarquis.

Para el tratamiento de este punto participaron representantes del Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Educación y Ciencias, la Jefatura del Gabinete Civil de la Presidencia de la República, el Consejo de Gobernadores y la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal.

En representación del Ministerio de Desarrollo Social, el viceministro de Políticas Sociales, Carlos Paris, manifestó que, en caso de aprobarse las modificaciones planteadas, la institución acatará lo dispuesto conforme a la normativa vigente. Asimismo, señaló que actualmente las gobernaciones realizan un trabajo minucioso debido a la complejidad operativa que implica la implementación del programa.

Indicó además que la institución no mantiene una postura ni a favor ni en contra de la modificación; sin embargo, consideró que, de concretarse los cambios, el trabajo operativo será aún más amplio, atendiendo a que la distribución abarcaría a cada distrito, lo que requerirá una mayor cantidad de empresas proveedoras y distribuidoras.

_{Gobernadores y representantes de diversas instituciones.}

Seguidamente, en representación del Ministerio de Economía y Finanzas, Verónica Rojas, jefa de Análisis y Aplicación Presupuestaria, expresó la importancia de considerar la eventual suspensión y renovación de contratos en caso de aprobarse las modificaciones al proyecto. Señaló que ello podría afectar la distribución de alimentos en las instituciones educativas, considerando que toda modificación genera consecuencias administrativas que deben ser cuidadosamente evaluadas.

Por su parte, en representación del Ministerio de Educación y Ciencias, la directora de Asuntos Legales, Jazmín Masacote, manifestó que el proyecto de Ley requiere un análisis más exhaustivo, atendiendo al impacto que podría generar específicamente en el sector estudiantil, especialmente si las modificaciones fueran implementadas durante el presente año.

Posteriormente, el gobernador de Caaguazú, Marcelo Soto Pavón, en representación del Consejo de Gobernadores, señaló que todas las gobernaciones han llevado adelante las auditorías de control correspondientes al año 2025, afirmando que los procedimientos se están realizando de manera correcta y transparente.

En el mismo sentido, los demás representantes presentes expusieron diversos puntos de vista, coincidiendo en la necesidad de continuar avanzando en beneficio del país y, principalmente, de los estudiantes beneficiarios del programa de alimentación escolar.

Asimismo, los senadores manifestaron sus respectivas posturas, destacando que se trata de un proyecto sumamente delicado, por lo que consideraron fundamental esclarecer en profundidad las modificaciones propuestas. En ese contexto, señalaron la importancia de evitar que el tratamiento de la iniciativa responda a intereses políticos o busque afectar a determinados sectores partidarios.

_{La reunión se realizó de manera presencial y virtual desde la sala de sesiones del Senado.} 

Por otro lado, el senador Colym Soroka, principal impulsor del proyecto, manifestó que la modificación no está prevista para su implementación durante el presente año, por lo que, a su criterio, no debería generar preocupación. Señaló además que el punto central del debate no debería enfocarse únicamente en los contratos. Asimismo, cuestionó la ausencia de representantes de las gobernaciones en convocatorias anteriores realizadas por la Comisión.

En el mismo sentido, otros senadores proyectistas expresaron su respaldo a la postura planteada por el legislador.

Finalmente, el senador Derlis Maidana agradeció la presencia de los representantes y manifestó que la comisión aún no emitirá un dictamen final, ya que continuará analizando el proyecto junto con los demás sectores involucrados, asegurando que cada sugerencia será estudiada conforme corresponda.

OTROS TEMAS

Como siguiente punto del orden del día, los legisladores analizaron el proyecto de Ley “Que modifica los artículos 89, 137, 138, 140, 141, 142, 147, 148, 149 y 279 de la Ley Nº 7280/2024 ‘De reforma y modernización de la Policía Nacional”, presentado por los senadores Basilio Núñez, Antonio Barrios, Natalicio Chase, Zenaida Delgado, Hermelinda Alvarenga de Ortega, Noelia Cabrera, Carlos Liseras, Blanca Ovelar, Oscar Salomón, Lizarella Valiente, Rubén Velázquez y Eduardo Nakayama. La instancia decidió postergar su estudio a fin de introducir algunas modificaciones.

_{Senadores presentes durante la reunión.} 

Como tercer punto del orden del día, fue tratado el proyecto de Ley “Que crea el cuarto turno del Juzgado Penal de Ejecución de Alto Paraná”, presentado por la diputada Rocío Abed de Zacarías. La iniciativa, que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados, recibió dictamen favorable por parte de la Comisión.

Por último, los legisladores analizaron el proyecto de Ley “Que crea un Juzgado de Paz en el distrito de Minga Guazú, departamento de Alto Paraná – Zona Km 30”, presentado por las diputadas Bettina Aguilera y Rocío Abed de Zacarías. En este caso, la Comisión recomendó el rechazo de la propuesta, considerando que en el distrito ya existe un Juzgado de Paz y que cualquier ampliación requerirá un análisis más exhaustivo y mayor tiempo de estudio.

La Comisión Especial de Investigación sobre la denominada “Mafia de los Pagarés”, que preside el senador Rafael Filizzola, realizó este jueves una audiencia pública en Ciudad del Este, donde recibió denuncias y testimonios de productores, docentes y funcionarios afectados por presuntas irregularidades en juicios ejecutivos y mecanismos de descuentos compulsivos. Entre los hallazgos más alarmantes figura un esquema de embargos que superaría los 200 millones de dólares.

_{Participaron de la audiencia los senadores Rafael Filizzola, Rubén Velázquez, Esperanza Martínez y Yolanda Paredes.}

La audiencia pública se realizó en coordinación con la Municipalidad local, con el objetivo de recibir denuncias y brindar acompañamiento a personas afectadas por presuntas irregularidades judiciales y financieras.

Durante la jornada, los legisladores recibieron testimonios de más de un centenar de productores del departamento de Alto Paraná, quienes denunciaron un esquema de embargos millonarios vinculados a juicios ejecutivos promovidos por una entidad financiera extranjera denominada Amerra, que, según manifestaron, ni siquiera estaría registrada en Paraguay.

De acuerdo con las denuncias, los pagarés ejecutados tendrían origen en créditos que ya habían sido cancelados por los afectados con la firma Agrícola Colonial. Los embargos detectados rondarían los 200 millones de dólares.

Ante la gravedad de los hechos expuestos, la Comisión acordó acompañar la presentación de una denuncia penal colectiva, además de impulsar una auditoría de los expedientes civiles relacionados con estos casos. Asimismo, se prevén reuniones con ministros de la Corte Suprema de Justicia y la remisión de los antecedentes a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) y a la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT).

_{Una de las víctimas de la denominada “Mafia de los Pagarés” expone su caso ante los legisladores.}

En el transcurso de la audiencia también se recibieron denuncias de docentes, trabajadores de blanco y otros funcionarios públicos afectados por mecanismos de descuentos vía ministerial, así como operaciones irregulares conocidas como “préstamos por embargo”.

Las víctimas señalaron además las dificultades que enfrentan para acceder a información sobre sus causas judiciales, muchas de las cuales fueron tramitadas en Asunción. Según relataron, pese a trasladarse hasta la capital en busca de respuestas, no logran acceder a los expedientes ni obtener información clara sobre los procesos.

Como resultado de la audiencia pública, se resolvió conformar una mesa de trabajo coordinada entre las víctimas, el equipo jurídico de la Municipalidad de Ciudad del Este y el equipo técnico de la Comisión Especial, a fin de avanzar en acciones legales y de acompañamiento. Igualmente, se brindó orientación individual a las personas afectadas.

_{Equipo técnico de la Comisión recepciona la denuncia de una de las víctimas de la denominada “Mafia de los Pagarés”.}

La actividad se desarrolló en la Casa de Cultura de la Municipalidad de Ciudad del Este y contó con la participación de los senadores Rubén Velázquez, Esperanza Martínez y Yolanda Paredes, además del intendente municipal Daniel Mujica.

La Comisión de Familia, Niñez, Adolescencia y Juventud, presidida por la senadora Lizarella Valiente, llevó a cabo una mesa de trabajo para el tratamiento del proyecto de ley “Que modifica los artículos 137 y 138 de la Ley N° 1160/97 – Código Penal”.

_{Senadora Lizarella Valiente, presidenta de la Comisión.} 

El encuentro se desarrolló con la participación de autoridades del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA), entre ellas el viceministro Eduardo Escobar; del Ministerio de la Defensa Pública, el defensor público Eleno Quiñónez; así como representantes del Ministerio Público y otras instituciones vinculadas.

Durante la reunión se señaló que actualmente el Código Penal, en sus artículos 137 y 138, que tipifican los hechos punibles de estupro y actos sexuales con personas menores de edad, presenta una laguna normativa que dejaría sin una adecuada protección a adolescentes de 17 años, ya que las disposiciones vigentes hacen referencia principalmente a adolescentes de 14 a 16 años.

Asimismo, se recordó que la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, aprobada y ratificada por Ley N° 57/1990, establece en su artículo 1° que se entiende por niño todo ser humano menor de 18 años de edad, salvo que la legislación aplicable disponga otra cosa.

_{Representantes de instituciones públicas.} 

En la misma línea, se mencionó la Ley N° 2169, que establece la mayoría de edad, la cual define como adolescente a toda persona humana desde los 14 hasta los 17 años de edad. En ese sentido, se indicó la necesidad de armonizar la normativa penal con estas disposiciones legales vigentes.

En ese contexto, la senadora Lizarella Valiente señaló que el objetivo del proyecto es realizar ajustes que permitan brindar una mayor protección a este sector, así como incorporar nuevas conductas que puedan ser sancionadas dentro del marco penal.

Por otra parte, se destacó que la propuesta también plantea la eliminación del inciso 2° del artículo 137, que establece la posibilidad de prescindir de la pena cuando el autor sea menor de edad. Sobre este punto, se argumentó que dicha disposición podría resultar incompatible con estándares internacionales de protección, como la Declaración Universal de los Derechos del Niño de 1959, que reconoce la necesidad de protección especial para niños, niñas y adolescentes.

En ese sentido, se advirtió que la disposición vigente podría generar vacíos que permitan situaciones de vulnerabilidad o falta de sanción adecuada en determinados casos.

_{Viceministro del MINNA, Eduardo Escobar.} 

Seguidamente, el viceministro del MINNA, Eduardo Escobar, señaló que las modificaciones apuntan a incorporar un enfoque contemporáneo basado en la doctrina de protección integral de niños, niñas y adolescentes, además de adecuar la legislación a las nuevas modalidades de vulneración que afectan a este sector.

“Necesitamos que las normas evolucionen y contemplen la protección integral de los adolescentes, además de dar una señal clara de que los abusos sexuales serán sancionados con el mayor rigor de la ley”, expresó.

A su turno, el defensor público Eleno Quiñónez manifestó que determinados casos deben ser analizados como hechos punibles, considerando el grado de discernimiento en adolescentes, y sostuvo la necesidad de tipificar adecuadamente el acto sexual dentro del marco legal correspondiente.

_{La reunión se realizó en el salón Acosta Ñu del Senado.} 

Finalmente, la presidenta de la Comisión, legisladora Valiente, afirmó que la propuesta responde también a reclamos ciudadanos ante vacíos detectados en la legislación vigente, destacando la necesidad de actualización normativa frente a nuevas formas de vulneración, especialmente en entornos digitales.

Asimismo, recordó que el 31 de mayo se conmemora el Día Nacional contra el Abuso y la Explotación Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes, subrayando la importancia de fortalecer las herramientas legales para la protección efectiva de menores de edad.

La Comisión de Asuntos Constitucionales, Defensa Nacional y Fuerza Pública celebró su reunión ordinaria para el tratamiento de cinco puntos establecidos en el orden del día. El encuentro fue encabezado por el senador Carlos Núñez, en su carácter de relator del ente asesor.

Vista general de la reunión ordinaria.

En primer lugar, se consideró el Mensaje Nº 367 del Ministerio de Defensa Nacional, por el cual se solicita la autorización para la salida temporal del país de tres (3) oficiales superiores, quince (15) oficiales subalternos y trece (13) suboficiales, así como de cuatro (4) aeronaves Super Tucano, sin armamento —matrículas FAP 1101, FAP 1102, FAP 1103 y FAP 1104—, y una (1) aeronave CASA 212, matrícula FAP 2035, con destino a la Base Aérea “Cerro Moreno”, en Antofagasta, República de Chile, para participar en el Ejercicio Aéreo Multidominio “SALITRE 2026”.
Este punto fue aprobado por unanimidad.

Relator del ente asesor, legislador Carlos Núñez, dirigiendo la sesión.

Luego, se analizó el Mensaje Nº 334 del Poder Ejecutivo, vía Ministerio de Defensa Nacional, por el cual se solicita el acuerdo constitucional para el ascenso póstumo al grado inmediato superior del teniente coronel DCEM Guillermo Alicio Moral Centurión, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Nacional y la Ley Nº 1115/1997.
Este punto fue rechazado, debido a que el Poder Ejecutivo ya promulgó el ascenso y firmó el decreto correspondiente.

Seguidamente, se analizó y aprobó el Mensaje Nº 3.688 de la  Cámara de Diputados, por el cual se remite la Resolución Nº 5.146: “Que acepta la objeción parcial formulada por el Poder Ejecutivo al proyecto de Ley Nº 7585 ‘Que declara de interés social y expropia a favor de la Municipalidad de San Estanislao un inmueble individualizado con matrícula Nº C05/24568, padrón Nº 25247 - p. matriz 17942, del mencionado distrito del departamento de San Pedro, para su posterior loteamiento, venta y adjudicación a favor de sus actuales ocupantes’, y sanciona, por mayoría absoluta, la parte no objetada”.

En otro momento de la sesión, se analizó el Mensaje Nº 377 del Poder Ejecutivo, vía Ministerio de Relaciones Exteriores, por el cual se remite el proyecto de Ley: “Acuerdo por notas reversales entre el Gobierno de la República del Paraguay y el Gobierno del Japón relativo a la cooperación financiera no reembolsable para la implementación del proyecto para el desarrollo de las instalaciones relativas a la tecnología satelital”.

Al respecto, el senador Eduardo Nakayama recordó las diversas cooperaciones que el Gobierno del Japón ha brindado al Paraguay y destacó su importancia para el desarrollo del país.

A su turno, la senadora Lizarella Valiente señaló que contar con esta tecnología abre un amplio abanico de posibilidades en distintos ámbitos. Asimismo, el senador Mario Varela manifestó: “Paraguay sigue necesitando una importante inversión y mejoras en materia tecnológica”, y recalcó la importancia de valorar este tipo de cooperación proveniente del pueblo japonés.

Este punto obtuvo dictamen de aprobación.

_{Senador Mario Varela en uso de la palabra.}

En el mismo sentido, se aprobó el Mensaje Nº 379 del Poder Ejecutivo, vía Ministerio de Relaciones Exteriores, por el cual se remite el proyecto de Ley: “Acuerdo entre la República del Paraguay y Japón para la promoción y protección de inversiones”.

De manera conjunta, sesionaron las comisiones de Hacienda y Presupuesto, presidida por el senador Silvio Ovelar, y de Cuentas y Control de la Administración Financiera del Estado, encabezada por el senador Dionisio Amarilla. En la ocasión, recibieron a representantes de instituciones del Poder Ejecutivo, con el objetivo de analizar normativas vinculadas a sus respectivas competencias legislativas.

_{Senador Silvio Ovelar, presidiendo la reunión.} 

Como primer punto del orden del día, se estudió el proyecto de Ley “Acuerdo por Notas Reversales entre el Gobierno de la República del Paraguay y el Gobierno del Japón, relativo a la cooperación financiera no reembolsable para la implementación del proyecto de desarrollo de instalaciones vinculadas a tecnología satelital”, remitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

En este contexto, el Gral. Div. Aer. (R) Osvaldo Almirón Riveros, titular de la Agencia Espacial del Paraguay, presentó los avances institucionales mediante un informe ilustrado, detallando las funciones de la entidad y las pruebas realizadas para verificar el funcionamiento del proyecto.

Posteriormente, los miembros de ambas comisiones debatieron lo expuesto, manifestando distintos puntos de vista y formulando sugerencias orientadas a fortalecer el desarrollo del sector. Asimismo, destacaron el trabajo realizado por la Agencia Espacial del Paraguay.

_{Senadores presentes.} 

Cabe mencionar que, para el análisis de este tema, también participó la viceministra de Administración Financiera del Ministerio de Economía y Finanzas, Teodora Recalde.

Finalmente, ambas comisiones resolvieron dictaminar a favor del proyecto, el cual será considerado en una próxima sesión ordinaria del Senado.

En el segundo punto del orden del día, se recibió al ministro de Desarrollo Social, Miguel Tadeo Rojas, junto con representantes del Ministerio de Educación y Ciencias y de la OPACI, a fin de analizar el proyecto de Ley que modifica disposiciones de la Ley Nº 7264/24, relacionada con el Fondo Nacional de Alimentación Escolar (programa “Hambre Cero”), así como normativas conexas, presentado por varios senadores.

_{Senador Dionisio Amarilla, junto al Ministro Tadeo Rojas.}

Durante el tratamiento, los senadores desarrollaron un amplio debate en el que expusieron diversas posturas respecto a las modificaciones planteadas. Entre los principales argumentos, señalaron que no resultaría adecuado asignar a los municipios la responsabilidad del programa “Hambre Cero”, debido a la falta de herramientas y capacidades para su implementación, considerando la magnitud y complejidad de dicha función.

_{Representantes de la Agencia Espacial del Paraguay y del Ministerio de Economía y Finanzas.}

Asimismo, indicaron que el proyecto aún no se encuentra plenamente consolidado, por lo que no sería oportuno introducir modificaciones en esta etapa.

En ese contexto, el senador Dionisio Amarilla, presidente de la Comisión de Cuentas y Control, propuso como moción de orden postergar el tratamiento del proyecto, sugiriendo convocar a los gobernadores para conocer sus posturas. Argumentó que se trata de una normativa de alta sensibilidad, al involucrar directamente a la población infantil, por lo que su análisis requiere mayor profundidad y consenso.

_{Senadores conectados a la reunión.} 

Finalmente, ambas comisiones resolvieron postergar el estudio del proyecto, con el objetivo de contar con información adicional que permita una mejor toma de decisiones.

La Comisión de Derechos Humanos realizó su sesión ordinaria bajo la modalidad mixta (presencial y virtual), bajo la conducción de la vicepresidenta, senadora Lizarella Valiente, en la cual se debatieron los alcances del proyecto de Ley que regula las actividades de los prestadores de servicios de plataformas digitales de movilidad y reparto.

_{La vicepresidenta de la Comisión de Derechos Humanos, senadora Lizarella Valiente encabezó la sesión ordinaria del ente asesor.}

La vicepresidenta del ente asesor, senadora Lizarella Valiente, explicó que recibieron a representantes legales de empresas de plataformas digitales de servicios, en el marco del estudio del proyecto de Ley “Que regula la actividad y la seguridad de los prestadores de servicios y usuarios de plataformas digitales de movilidad y reparto”, presentado por varios senadores.

_{Senadora Lizarella Valiente.}

En ese sentido, la legisladora enfatizó que se busca regular estas actividades, considerando que actualmente la ciudadanía las reconoce como una necesidad.

“La regulación permitirá que todos los actores que forman parte de este servicio —empresarios, usuarios y prestadores— estén protegidos, conforme a nuestro ordenamiento jurídico”, puntualizó la senadora Valiente.

Asimismo, la parlamentaria anunció que serán convocados los trabajadores de plataformas digitales de movilidad y reparto (delivery), así como representantes de los entes reguladores: el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC), la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) y la Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO).

_{Representates legales de las empresas de las empresas de plataformas digitales  de servicios.}

El proyecto de ley tiene por objeto regular la prestación de servicios a través de plataformas digitales de movilidad y reparto en el territorio nacional, establecer su funcionamiento, asegurar la calidad del servicio ofrecido, promover el cumplimiento de estándares de seguridad, definir mecanismos institucionales de control y crear el Registro de Plataformas Digitales, garantizando condiciones de desempeño justas, decentes y seguras.

_{Invitados durante su participación en la Comisión de DD.HH.}

Participaron de la reunión, de manera telemática, los senadores José Ledesma, Rafael Filizzola y Carlos Núñez.

La Comisión de Industria y Comercio, presidida por el senador Luis Pettengill, dictaminó a favor de la aprobación del proyecto de Ley “Acuerdo entre la República del Paraguay y Japón para la promoción y protección de las inversiones”, cuyo objetivo principal es establecer un marco jurídico que otorgue garantías y protección a las inversiones japonesas.

_{Presidente de la Comisión de Industria y Comercio, senador Luis Pettengil, junto al senador Édgar López.}

En primer término, los integrantes del ente asesor recomendaron la aprobación del citado proyecto de ley, suscrito el 05 de diciembre de 2025. El acuerdo establece condiciones favorables para el flujo de inversiones recíprocas, mediante la provisión de un marco de seguridad jurídica, previsibilidad y no discriminación para los inversionistas y sus inversiones.

Asimismo, constituye un instrumento de política económica internacional que contribuye a profundizar la cooperación bilateral, fomentar iniciativas empresariales de largo plazo, promover la transferencia de tecnología y optimizar el uso de los recursos económicos, impulsando el desarrollo de las partes contratantes.

En ese sentido, el presidente de la Comisión de Industria y Comercio, senador Luis Pettengill, señaló que este acuerdo brinda un marco legal claro a las inversiones japonesas y contribuirá a la generación de empleos para los compatriotas, uno de los ejes centrales impulsados por la comisión.

_{Senador Luis Pettengill.}

“Es un acuerdo que establece reglas claras, trato justo, acceso a instancias jurisdiccionales y protección frente a eventuales decisiones arbitrarias. La idea es que los inversores japoneses tengan un tratamiento similar al de los nacionales, con todas las garantías previstas en la ley”, expresó el senador Pettengill.

Posteriormente, los miembros de la Comisión asesora dictaminaron a favor de la aprobación del proyecto de Ley “Que declara el 8 de agosto como Día Nacional de Almaceneros y Minoristas del Paraguay”. La exposición de motivos señala que los almacenes y comercios minoristas del país representan más que simples establecimientos comerciales, ya que constituyen patrimonios vivos de los barrios y centros de cohesión social.

Participaron de manera presencial y telemática los senadores Luis Pettengill, Edgar López y Patrick Kemper.

_{El senador Patrick Kemper participó de manera telemática de la reunión del ente asesor.}

Las comisiones de Educación y Cultura, y de Familia, Niñez, Adolescencia y Juventud, realizaron una sesión conjunta en modalidad híbrida (presencial y virtual), durante la cual analizaron el proyecto de Ley “Que crea el programa que dispone la identificación, inscripción y asistencia, en la educación básica y media, de los estudiantes con altas capacidades”.

_{Senadora Hermelinda Alvarenga.}

La presidenta de la Comisión de Educación y Cultura, senadora Hermelinda Alvarenga, informó que los legisladores dictaminaron por la ratificación de la versión de la Cámara de Senadores, que rechaza el proyecto con media sanción de la Cámara de Diputados.

El estudio y el sentido del dictamen fueron realizados de manera conjunta con la Comisión de Familia, Niñez, Adolescencia y Juventud, a solicitud de su presidenta, la senadora Lizarella Valiente.

La decisión de ambas comisiones asesoras se fundamenta en un informe remitido por el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), el cual señala que los alcances y disposiciones previstos en el proyecto ya se encuentran contemplados en la Ley Nº 5.136/2013 “De Educación Inclusiva”, así como en la Resolución Nº 1.188/2023 del MEC.

_{Miembros de la Comisión de Educación y Cultura.}

Seguidamente, a moción de la senadora Esperanza Martínez, los miembros de la Comisión de Educación dictaminaron por la aprobación con modificaciones del proyecto de Ley, con media sanción de la Cámara de Diputados, “Que declara el 22 de agosto de cada año como el Día Nacional del Vori Vori”.

Al respecto, la senadora Hermelinda Alvarenga explicó que la Secretaría Nacional de Turismo (SENATUR) y la Secretaría Nacional de Cultura propusieron trasladar la fecha al 14 de abril, considerando que existe una postulación ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) para que este plato típico sea declarado patrimonio cultural inmaterial.

_{Senadora Blanca Ovelar.}

Participaron de manera presencial las senadoras Hermelinda Alvarenga, Blanca Ovelar, Celeste Amarilla y Esperanza Martínez, mientras que los senadores José Oviedo y Carlos Núñez lo hicieron de forma telemática.