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La Comisión de Legislación, Codificación, Justicia y Trabajo recomendó el rechazo del proyecto de Ley de la Caja Parlamentaria remitido por la Cámara de Diputados. Por otra parte, el estudio del proyecto que establece la licencia laboral remunerada por cumpleaños para trabajadores del sector privado y funcionarios públicos fue postergado para un mejor análisis.

_{La mesa principal integrada por los senadores Luis Pettengill y Eduardo Nakayama.} 

Durante la reunión ordinaria del ente asesor, presidida por el vicepresidente, senador Luis Pettengill, los legisladores emitieron dictamen de rechazo al proyecto de Ley “Del Fondo de Jubilaciones y Pensiones para miembros del Poder Legislativo de la Nación”, remitido por la Cámara de Diputados mediante el Mensaje Nº 3.627. Además, se registraron abstenciones.

En ese contexto, el senador Eduardo Nakayama reiteró su postura contraria a la creación de una Caja Parlamentaria, señalando que no debería imponerse un sistema obligatorio. No obstante, manifestó su coincidencia con la posibilidad de conformar una caja de carácter privado y de adhesión voluntaria.

Asimismo, argumentó que el mandato parlamentario no constituye una relación laboral, por lo que no corresponde hablar de salario, sino de dietas percibidas por senadores y diputados.

Por su parte, la senadora Celeste Amarilla expresó que el sistema propuesto carece de sostenibilidad, señalando que, de no ser obligatorio, no podría sostenerse en el tiempo. Añadió que, en caso de plantearse como un esquema privado sin aporte estatal, no requeriría una ley, sino una reglamentación interna.

A su turno, el senador Luis Pettengill indicó que la limitada cantidad de aportantes compromete la viabilidad del sistema, considerando que el número de beneficiarios podría igualar al de contribuyentes, lo que dificultaría el financiamiento de las jubilaciones.

Cabe mencionar que este punto figura en el orden del día de la sesión ordinaria prevista para este miércoles, por lo que el Pleno se expedirá al respecto.

_{Vista general de la reunión que se realizó de manera presencial y virtual.} 

LICENCIA LABORAL

Otro punto del orden del día fue el estudio del proyecto de Ley “Que establece el día de licencia laboral remunerada por cumpleaños para trabajadores del sector privado y funcionarios públicos”, presentado por varios senadores.

El principal impulsor de la iniciativa, senador Colym Soroka, expuso los fundamentos del documento, señalando que busca contribuir a la dignidad y calidad de vida de los trabajadores, promoviendo condiciones laborales más humanizadas.

Indicó además que, en la práctica, son principalmente las pequeñas y medianas empresas las que otorgan este beneficio, mientras que en las grandes empresas su aplicación es menos frecuente.

_{Presencia de los viceministros de MIPYMES y de Trabajo.} 

Durante el debate, el viceministro de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES) del Ministerio de Industria y Comercio, Gustavo Giménez, manifestó que la postura institucional es acompañar al sector privado promoviendo acuerdos directos entre empleadores y trabajadores, sin que necesariamente medie una obligación legal.

En el mismo sentido, el viceministro de Trabajo, César Segovia, consideró que este tipo de beneficios debería acordarse entre las partes, conforme a las particularidades de cada relación laboral.

Finalmente, la comisión resolvió postergar la emisión del dictamen a fin de realizar un análisis más exhaustivo de la propuesta, incorporando las opiniones de los sectores involucrados, tanto del ámbito público como privado.

La Comisión de Educación y Cultura, presidida por la senadora Hermelinda Alvarenga de Ortega, se reunió este lunes en modalidad híbrida (presencial y virtual) para analizar los puntos del orden del día, que incluyeron una objeción total del Poder Ejecutivo y un proyecto de Ley en materia de salud pública.

^{Senadora Hermelinda Alvarenga, presidenta de la comisión.}

Como primer punto, se estudió el Decreto Nº 5147/2025, por el cual el Poder Ejecutivo objeta totalmente el proyecto de Ley Nº 7604/2025, que plantea modificar los requisitos de competencia lingüística para estudiantes extranjeros en instituciones de educación superior.

Al respecto, la presidenta de la comisión informó que, por unanimidad, se resolvió recomendar la aceptación del veto del Poder Ejecutivo. No obstante, señaló la necesidad de elaborar una nueva propuesta legislativa que introduzca ajustes a la normativa y permita su viabilidad.

^{La reunión se llevo a cabo de manera presencial y vritual.}

En cuanto al segundo punto, tras el análisis técnico correspondiente, la comisión resolvió recomendar el rechazo del proyecto de Ley “Que crea el Programa Nacional de Lactancia Materna y de fortalecimiento de la Red Nacional de Bancos de Leche Humana y Centros de Lactancia Materna en el Paraguay”, remitido por la Cámara de Diputados.

^{Legisladores votando.} 

La reunión contó con la presencia de las senadoras Lizarella Valiente, Blanca Ovelar y Noelia Cabrera, así como del senador Silvio Ovelar. Asimismo, participaron de forma virtual los legisladores Carlos Núñez, José Oviedo y Ever Villalba.

La Comisión de Asuntos Constitucionales, Defensa Nacional y Fuerza Pública, presidida por el senador Javier Zacarías Irún, se reunió este martes para analizar varios puntos del orden del día, entre ellos el acuerdo para un ascenso en la Policía Nacional y una iniciativa legislativa sobre declaración de emergencia vial.

_{Senador Javier Zacarías Irún, presidente de la Comisión (izq).}

Como primer punto, fue analizado el Mensaje Nº 199 del Poder Ejecutivo, remitido a través del Ministerio del Interior, por el cual se solicita el acuerdo constitucional para conferir el ascenso al grado de la comisaria principal a la comisario Ninfa Marlene Meza González.

Durante el tratamiento, la comisaria Meza González destacó contar con 25 años de trayectoria en la Policía Nacional, con experiencia en áreas investigativas y operativas.

En el debate se hizo referencia a su ausencia en convocatorias anteriores, la cual —según se explicó— obedeció al temor de exponerse públicamente, considerando la naturaleza de las funciones que desempeña.

_{La comisaria Ninfa Meza González.}

El senador Sergio Rojas emitió dictamen favorable, mientras que el senador Eduardo Nakayama señaló la importancia de aclarar las inasistencias, aunque igualmente manifestó su voto de confianza.

Por su parte, la senadora Lizarella Valiente destacó la trayectoria profesional de la comisaria, valorando especialmente su labor en áreas sensibles. En la misma línea, los senadores Pedro Díaz Verón y Carlos Núñez expresaron su respaldo.

Finalmente, el acuerdo fue aprobado por mayoría, con la abstención de la senadora Yolanda Paredes. El dictamen será considerado por el Pleno del Senado en la sesión ordinaria de este miércoles.

_{Senadora Lizarella Valiente.} 

EMERGENCIA VIAL

En otro punto del orden del día, se estudió el proyecto de Ley “Que establece requisitos para la presentación de proyectos de ley de declaración de emergencia vial”, presentado por el diputado Benjamín Cantero Ramírez.

La iniciativa busca reglamentar la presentación de estos proyectos para optimizar su análisis. No obstante, informes técnicos del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones advirtieron que podría distorsionar la planificación de inversiones y generar superposición de competencias, por lo que aconsejaron su rechazo.

Sobre el punto, el senador Sergio Rojas informó que el proyecto ya fue rechazado por la Comisión de Obras Públicas. Además, señaló que, en la mayoría de los casos, las emergencias viales responden a fenómenos climáticos y requieren una respuesta inmediata. Sin embargo, el proyecto de ley establece la obligación de georreferenciar las rutas a ser declaradas en emergencia, lo que implicaría un proceso más prolongado.

_{Vista general de la sala de sesiones del Senado.} 

La senadora Yolanda Paredes indicó que el mantenimiento de rutas corresponde al Ministerio de Obras Públicas, mientras que el senador Pedro Díaz Verón sostuvo que la iniciativa debía ser mejor reglamentada, manifestando su rechazo.

Por su parte, los senadores Eduardo Nakayama y Carlos Núñez expresaron su apoyo.

Finalmente, el proyecto fue rechazado por mayoría de los miembros de la comisión.

_{Senador Ramón Retamozo.} 

ACUERDOS INTERNACIONALES

También fue analizado el Mensaje Nº 320 del Poder Ejecutivo, remitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores, referente al proyecto de ley que aprueba el “Convenio Regional de Reconocimiento de Estudios, Títulos y Diplomas de Educación Superior en América Latina y el Caribe”, adoptado en Buenos Aires en 2019, el cual obtuvo dictamen favorable.

_{Senadores que participaron de la reunión.} 

Asimismo, obtuvo dictamen favorable el Mensaje Nº 349 del Poder Ejecutivo, relativo al proyecto de ley sobre el “Acuerdo Mercosur de Coproducción Cinematográfica y Audiovisual”.

La senadora Lizarella Valiente destacó la importancia de la iniciativa para fortalecer la industria audiovisual nacional y promover la participación de profesionales paraguayos en producciones regionales, por lo que solicitó a sus colegas el apoyo a la misma.

El senador Javier Zacarías Irún informó que el acuerdo ya fue aprobado por Argentina y Uruguay.

La reunión de la instancia legislativa se realizó en la sala de sesiones del Senado, en modalidad mixta (presencial y virtual).

De manera conjunta, las comisiones de Hacienda, y de Cuentas y Control, presididas por los senadores Silvio Ovelar y Dionisio Amarilla, respectivamente, dictaminaron por la aprobación con modificaciones del proyecto de Ley “Del Fondo de Jubilaciones y Pensiones para miembros del Poder Legislativo de la Nación”.

_{Presidente de la comisión de Hacienda y Presupuesto, senador Silvio Ovelar.}

De la reunión participaron autoridades del Fondo de Jubilaciones del Poder Legislativo, así como los exparlamentarios Blanca Lila Mignarro e Ignacio Mendoza, quienes señalaron que, con los ajustes propuestos, se garantizaría la sostenibilidad del sistema hasta el año 2040.

Como vocero de la sesión conjunta, el senador Dionisio Amarilla se refirió a las propuestas de modificación de varios artículos del proyecto, planteadas por representantes de la Comisión Administradora de la Caja Parlamentaria. En ese sentido, explicó que el porcentaje de devolución de aportes establecido en el artículo 12, con media sanción de la Cámara de Diputados, es del 85 %, mientras que la propuesta del Fondo de Jubilaciones plantea una devolución del 80 %.

“Hasta podríamos allanarnos a la propuesta con media sanción de la Cámara de Diputados, de devolver el 85 %, ya que no impacta significativamente, considerando que se reintegra el monto nominal y no los intereses generados”, expresó el legislador.

_{Presidente de la comisión de Cuentas y Control, senador Dionisio Amarilla.}

En cuanto al artículo 15, la versión con media sanción establece la edad mínima de 55 años para acceder a la jubilación, mientras que la propuesta de la Caja Parlamentaria eleva este requisito a 60 años.

Respecto al artículo 17, inciso c), referido a la jubilación por invalidez, el senador Amarilla sugirió acompañar la versión de la Caja Parlamentaria, atendiendo a que introduce ajustes de forma que brindan mayor claridad al régimen de pagos.

En relación con las pensiones (artículo 18), propuso una nueva redacción del artículo, con excepción del apartado referido al pago a hijos con discapacidad, respecto del cual recomendó adherir a la versión de la Caja Parlamentaria.

Por su parte, la senadora Celeste Amarilla cuestionó la incompatibilidad entre pensión y jubilación prevista en dicho artículo, señalando que se trata de figuras distintas. “La pensión corresponde a los aportes realizados por el cónyuge, mientras que la jubilación deriva de los aportes propios; no es el mismo concepto”, sostuvo. Asimismo, solicitó incluir a los padres como beneficiarios, al considerarlos herederos naturales.

En el artículo 29, que establece los mecanismos para honrar las deudas de quienes se desvinculen de la planilla del Congreso Nacional, se sugirió aprobar la versión con media sanción, incorporando un agregado al texto.

_{Senadores durante la sesión conjunta de las comisiones asesoras.}

En cuanto al artículo 32, relativo al tiempo de servicio y la edad requerida para acceder a la jubilación, la Cámara de Diputados establece que solo continúen aportando quienes estén a un año de cumplir los requisitos. No obstante, el senador Amarilla propuso acompañar la versión de la Caja Parlamentaria, que plantea permitir aportes a quienes les reste un periodo legislativo, ya sea en un solo pago o en cuotas.

La senadora Celeste Amarilla también cuestionó lo dispuesto en el artículo 30, que establece que los gastos administrativos de la Caja serán cubiertos por el Presupuesto General de la Nación (PGN), manifestando su desacuerdo con que el Estado asuma dichos costos. En la misma línea, rechazó la redacción del artículo 36, que contempla la posibilidad de revocar derechos adquiridos por parte de la Comisión Administradora.

_{Presidenta del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Legislativo, Blanca Lila Mignarro.}

_{Debate sobre el proyecto de Reforma de la Caja Parlamentaria.}

El senador Mario Varela, presidente de la Comisión de Derechos Humanos, invita a participar de la audiencia pública destinada a la presentación del Informe Anual de Gestión 2025 del Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura (MNP). La actividad se llevará a cabo este martes, a partir de las 10:00 horas, en la sala de sesiones del Congreso Nacional.

El informe expone hallazgos y recomendaciones sobre centros de detención, con el objetivo de compartir los resultados del monitoreo realizado y fortalecer las acciones de prevención de torturas y tratos crueles, inhumanos o degradantes.

La audiencia se realiza en cumplimiento de la nota presentada por el MNP, en la que solicita la disponibilidad para la actividad según lo establecido en la Ley Nº 4288/11, garantizando así la participación de organismos y entidades del Estado, así como de la ciudadanía en general.

El evento será transmitido en vivo por Senado TV y sus plataformas: canal de YouTube Senado TV Py, página oficial de Facebook de la Cámara de Senadores (@SenadoresPY), y por los canales de aire Canal 4 de Tigo Star y Canal 24 de Copaco.

La Comisión Bicameral encargada de analizar el informe y dictamen de la Contraloría General de la República (CGR), sobre la liquidación del Presupuesto General de la Nación 2024, presidida por el senador Dionisio Amarilla, concluyó su ciclo de audiencias con autoridades de instituciones auditadas, quienes expusieron sus descargos ante las observaciones formuladas por el ente contralor.

_{La mesa principal integrada por el senador Dionisio Amarilla (presidente de la Comisión) y la senadora Lizarella Valiente.} 

La reunión, que había pasado a cuarto intermedio el jueves, se reanudó este viernes. En ese contexto, los integrantes de la comisión recibieron a la Prof. Ing. Silvia Leiva, decana de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional de Asunción, y a la Prof. Dra. Viviana María Ríos Morínigo, decana de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la misma casa de estudios.

Asimismo, participaron la directora general de Control Gubernamental de la CGR, Dra. Gladys Fernández, junto con su equipo técnico.

_{Directora general de Control Gubernamental de la CGR, Dra. Gladys Fernández.} 

Durante la jornada, el equipo auditor expuso que, en el caso de la Facultad Politécnica de la UNA, se identificó el registro tardío de cuentas del activo por G. 665.381.911, correspondiente al periodo de enero a julio de 2024. También se observaron pagos a funcionarios por más de G. 10.484.000 fuera del sistema bancario, en contravención a la normativa vigente.

_{Presencia de autoridades de la Facultad Politécnica de la UNA y de la CGR.} 

Otra irregularidad señalada fue el pago de bonificaciones por gestión administrativa —por más de G. 60 millones— a funcionarios encargados de la custodia de equipos, pese a que dicho concepto no corresponde a esas funciones. Además, se detectaron anulaciones de asientos contables del pasivo por más de G. 16 millones sin respaldo de informes de auditoría interna.

El informe también advierte debilidades en los controles internos, como la falta de designaciones formales para responsables de recaudación, ausencia de manuales de procedimientos actualizados y la posibilidad de anular recibos sin justificación.

En cuanto a operaciones bancarias, se constató la emisión de cheques en blanco en diciembre de 2024 —posteriormente anulados—, así como anulaciones recurrentes por un total de G. 1.974 millones en cuentas del Banco Nacional de Fomento.

_{Legisladores miembros de la Comisión.} 

Al respecto, la decana Silvia Leiva explicó que la auditoría fue solicitada por la propia institución y aseguró que ya se han implementado mejoras con un avance del 54%. Atribuyó la registración tardía a diferencias entre la fecha de emisión y el registro contable, indicando que los asientos se realizaron dentro del mismo mes en el sistema SICO.

Respecto a los pagos observados, señaló que la normativa permite compensaciones por gestión administrativa vinculadas a la custodia de bienes, y explicó que las anulaciones contables corresponden a ajustes salariales derivados de permisos sin goce de sueldo. También mencionó limitaciones en recursos humanos debido a jubilaciones y dificultades para la reposición de personal.

Sobre la emisión y anulación de cheques, indicó que responde a procesos administrativos vinculados a rechazos bancarios y reemisiones, particularmente en operaciones con el IPS y convenios institucionales.

_{Presencia de autoridades de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNA.} 

FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS

En cuanto a la Facultad de Ciencias Veterinarias, la auditoría —centrada en la ejecución de fondos provenientes del FONACIDE, royalties y compensaciones— detectó la presentación incompleta de rendiciones de cuentas relacionadas con recursos de gratuidad. Asimismo, se observó el incumplimiento de objetivos estratégicos institucionales y la ausencia de reglamentaciones internas para el uso de combustibles y lubricantes.

La decana Viviana Ríos reconoció omisiones en la documentación, aunque aseguró que fueron subsanadas ante la Contraloría. Explicó que, debido a retrasos en los desembolsos vinculados a la ley de gratuidad, se realizó una reprogramación de recursos inicialmente destinados a contratación docente.

Según detalló, dichos fondos fueron redirigidos —con autorización del entonces Ministerio de Hacienda— a rubros como alimentación animal, conectividad, insumos agropecuarios y la organización de un encuentro académico regional.

_{Vista general de la sala de sesiones del Senado.} 

La autoridad sostuvo que estas medidas permitieron avanzar en parte de los objetivos estratégicos de la facultad, incluyendo procesos de acreditación, internacionalización y firma de convenios.

Al cierre de la reunión, el presidente de la comisión, senador Dionisio Amarilla, valoró el trabajo técnico de la auditoría y recordó que el Congreso dispone de un plazo de 45 días para el análisis del informe. Adelantó que en aproximadamente 15 días se presentaría un borrador de recomendaciones a ambas Cámaras.

El legislador advirtió que persisten deficiencias en el uso de recursos públicos, mencionando debilidades en los sistemas de control interno. En ese sentido, enfatizó que el objetivo es garantizar una asignación más eficiente del presupuesto, priorizando a las instituciones que demuestren un uso adecuado de los fondos públicos.

_{La reunión se realizó en modalida presencial y virtual.} 

Cabe destacar que las reuniones de la comisión se realizaron en modalidad presencial y virtual desde la sala de sesiones del Senado, y fueron transmitidas íntegramente en vivo a través de Senado TV y sus distintas plataformas: el canal de YouTube (Senado TV Py), la página oficial de Facebook de la Cámara de Senadores (@SenadoresPY) y los canales de televisión 4 de Tigo Star y 24 de Copaco.

La Comisión Bicameral encargada de considerar el informe y dictamen de la Contraloría General de la República, sobre la liquidación del Presupuesto General de la Nación del ejercicio fiscal 2024, presidida por el senador Dionisio Amarilla, recibió al presidente del Instituto de Previsión Social (IPS), Dr. Jorge Brítez, acompañado de su equipo técnico.

_{La mesa principal integrada por el senador Dionisio Amarilla y el titular del IPS, Dr. Jorge Brítez.}

Durante la sesión, las autoridades del ente previsional respondieron a observaciones formuladas en el marco de la auditoría realizada por la Contraloría. El titular del IPS señaló que dicha auditoría fue solicitada por la propia institución tras su asunción, ante la detección de problemas administrativos que requerían una evaluación integral.

La directora general de Control Gubernamental de la CGR, Dra. Gladys Fernández, indicó que el informe presenta un dictamen con salvedades. Entre las principales observaciones se mencionan pagos de bonificaciones por G. 3.471 millones que superaron lo establecido en la normativa vigente, así como la asignación de beneficios a funcionarios de alto rango que no correspondían.

_{Titular del IPS, Dr. Jorge Brítez, haciendo su descargo ante la comisión.} 

También se detectó el ejercicio de funciones por parte de profesionales de la salud sin habilitación vigente, quienes percibieron remuneraciones en contravención a las disposiciones institucionales.

Desde el IPS, la directora de Recursos Humanos, Diana Giménez, informó que se realizaron ajustes en los pagos y procedimientos administrativos. Asimismo, se suspendieron ciertos beneficios hasta contar con dictámenes vinculantes y se iniciaron procesos de revisión interna.

En relación con otras observaciones, se reportaron auditorías internas y sumarios administrativos por casos de reposos médicos falsificados. En situaciones de faltas graves, se aplica la desvinculación de contratados o la instrucción de sumarios para funcionarios permanentes, conforme a la normativa.

_{Subcontralor, Abg. Augusto Paiva y la directora general de Control Gubernamental, Dra. Gladys Fernández.}

El informe también refiere irregularidades como pagos fraccionados de subsidios, falta de registro en el sistema SINAR, omisión en la publicación de remuneraciones, inconsistencias en contrataciones y pagos sin respaldo documental.

En el área asistencial, se identificaron limitaciones en la cobertura de servicios, escasez de profesionales en algunas especialidades y deficiencias en infraestructura y equipamiento. Las autoridades atribuyeron estas situaciones a factores como reducción de carga horaria, renuncias y restricciones presupuestarias, señalando que se trabaja en el fortalecimiento del sistema.

Finalmente, la Contraloría informó que continúan las auditorías en distintas áreas del IPS y que se prevé la presentación de un informe ampliado en los próximos meses, instando a la institución a reforzar sus mecanismos de control interno.

_{La senadora Lizarella Valiente en uso de la palabra durante la reunión.} 

MOPC

Seguidamente, la Comisión Bicameral recibió a los viceministros Hugo Arce, Mauricio Bejarano y Marco Elizeche, del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), quienes respondieron a observaciones formuladas por la Contraloría General de la República (CGR).

Durante la reunión, la directora general de Control Gubernamental, Dra. Gladys Fernández, expuso las conclusiones de la auditoría al contrato de participación público-privada (APP) para las rutas 2 y 7, correspondiente al ejercicio fiscal 2024.

_{Vista general de representantes del MOPC.} 

Entre los principales hallazgos, se señaló la ausencia de indicadores de resultados y metas claras, así como debilidades en la planificación y control de aspectos clave como la fiscalización de obras, la liberación de la franja de dominio y la gestión socioambiental. Asimismo, se advirtió el incumplimiento de estándares internacionales en la formulación de objetivos.

La CGR también reportó deficiencias en la implementación del plan de manejo socioambiental y una gestión ambiental insuficiente, especialmente en las etapas iniciales del proyecto.

En respuesta, representantes del MOPC reconocieron parcialmente las observaciones. Indicaron que la incorporación de indicadores forma parte de un proceso de mejora institucional y sostuvieron que existen mecanismos de control técnico y seguimiento de obras. Además, atribuyeron ciertos retrasos a la aprobación tardía del proyecto definitivo y defendieron el cumplimiento de las normativas ambientales vigentes.

En el debate, la CGR enfatizó la necesidad de contar con indicadores de medición en la inversión pública, advirtiendo que su ausencia puede generar sobrecostos y retrasos.

_{Vista general de la sala de sesiones del Senado.} 

La sesión también incluyó la revisión de contrataciones del ejercicio fiscal 2023, donde se identificaron deficiencias en la planificación, concentración de adjudicaciones y ampliaciones contractuales. Autoridades del MOPC argumentaron que varios procesos respondieron a situaciones de emergencia y que se ajustaron a normativas nacionales e internacionales.

El senador Dionisio Amarilla destacó la importancia de resaltar el trabajo de la Contraloría y la revisión del informe por parte del Congreso Nacional. Señaló que, en cumplimiento del mandato constitucional, el Congreso recibe anualmente este informe y dispone de un plazo de 45 días para su análisis.

Agregó que se toman el tiempo de desmenuzar el informe para evaluar los reportes de la Contraloría. Asimismo, indicó que observaron que parte de las partidas presupuestarias asignadas a las instituciones debe aplicarse con mayor eficiencia y eficacia. Añadió que es fundamental que las instituciones implementen y ajusten de manera permanente sus protocolos de gestión.

“Hay aspectos que corregir en el uso y aplicación de los fondos públicos; esta es una tarea de todos”, afirmó el legislador.

_{El presidente de la Comisión Bicameral, senador Dionisio Amarilla en uso de la palabra.} 

CUARTO INTERMEDIO

Seguidamente, los legisladores integrantes de la Comisión Bicameral recibieron a los viceministros del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), quienes respondieron sobre observaciones de la auditoría realizada por la Contraloría General de la República.

Posteriormente, el senador Dionisio Amarilla, en consulta con los miembros de la comisión, resolvió declarar un cuarto intermedio hasta este viernes a las 10:00 horas, a fin de recibir a Silvia Leiva, decana de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional de Asunción, y a Viviana Morínigo, decana de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la misma casa de estudios.

Cabe destacar que las reuniones de la comisión son transmitidas íntegramente en vivo a través de Senado TV y sus distintas plataformas: el canal de YouTube (Senado TV Py), la página oficial de Facebook de la Cámara de Senadores (@SenadoresPY) y los canales de televisión 4 de Tigo Star y 24 de Copaco.

_{Legisladores que participaron de la reunión.} 

La Comisión Bicameral de Reordenamiento de la Estructura del Estado, presidida por el senador Arnaldo Samaniego, recibió detalles del proyecto de Ley “Que establece el nuevo marco normativo para la implementación del proyecto Tren de Cercanías”. La reunión contó con la presencia de la ministra de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Ing. Claudia Centurión, así como representantes de Ferrocarriles del Paraguay S.A. (FEPASA) y del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

_{^{Comisión Bicameral de Reordenamiento de la Estructura del Estado, presidida por el senador Arnaldo Samaniego.}}

Durante el encuentro, las autoridades brindaron información sobre el estado actual y el cronograma previsto para la implementación de la iniciativa. Se resaltó que es fundamental la concreción de un sistema de transporte eficiente, ágil y moderno, no sólo para sentar las bases del desarrollo económico, sino también para promover el bien común.

El senador Arnaldo Samaniego expresó que existe gran expectativa en torno al desarrollo del proyecto y que será de gran utilidad para la ciudadanía una vez concretado.

_{Senador Arnaldo Samaniego.}

A su turno, la ministra del MOPC, Ing. Centurión explicó que el proyecto contempla dos fases: la fase I abarca el tramo Asunción–Luque (18 km), mientras que la fase II comprende el tramo Luque–Ypacaraí (26 km). Indicó que la inversión estimada para la fase I asciende a USD 400 millones e incluye la implementación de un tren ligero 100 % eléctrico con sistema de catenaria, un período de construcción de cinco años y una operación prevista por 30 años.

_{Ministra de Obras Púbicas, Ing. Claudia Centurión.}

“Este es un proyecto que impacta a toda la ciudadanía; la movilidad urbana es clave para avanzar”, enfatizó la secretaria de Estado.

Asimismo, informó que la fase I contará con nueve estaciones y talleres, en tanto que la fase II incorporará cuatro estaciones adicionales.

El sistema dispondrá de 11 formaciones bidireccionales, que contará con tres y cinco vagones cada una, y una capacidad aproximada de 300 pasajeros por formación. Además, se estima una demanda de 40.000 pasajeros diarios, lo que representa alrededor de 14 millones de pasajeros al año. En cuanto a la frecuencia entre Asunción y Luque, se proyecta un intervalo de aproximadamente siete minutos, con una velocidad comercial de 33 km/h.

Entre los beneficios previstos, proyectan un ahorro anual de USD. 150 millones, además de la reducción de costos en combustible, mantenimiento vehicular y accidentes de tránsito. También se prevé la generación de aproximadamente 20.000 empleos durante la fase de construcción y unos 500 empleos directos permanentes en la etapa operativa.

Respecto a la estructura del proyecto, se indicó que la Sociedad de Objeto Específico (SOE) contará con un capital de USD 200 millones, de los cuales el 75 % corresponderá a inversión de los Emiratos Árabes Unidos (USD 150 millones) y el 25 % restante será aportado por el Estado paraguayo, a través de FEPASA (USD 50 millones).

Al concluir la reunión, la titular de la cartera de Estado señaló que se trata de un proyecto largamente esperado por la ciudadanía y que el objetivo es avanzar en soluciones concretas para mejorar la movilidad.

La reunión, realizada en la sala de reuniones “Paz del Chaco”, de la Presidencia, contó además con la participación virtual de los senadores Ever Villalba y Celeste Amarilla, así como de los diputados Jorge Ávalos Mariño y Rocío Vallejo. 

La Comisión de Salud Pública y Seguridad Social, presidida por la senadora Noelia Cabrera Petters, encabezó una mesa de trabajo con el objetivo de analizar la deuda existente con proveedores del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Participaron del encuentro el viceministro de Administración Financiera del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Óscar Lovera, y el viceministro de Salud Pública y Bienestar Social, Dr. Saúl Recalde.

_{Reunión encabezada por la senadora Noelia Cabrera, presidenta de la Comisión de Salud.} 

El encuentro tuvo como finalidad abordar la situación financiera vinculada al sector farmacéutico, incluyendo proveedores de medicamentos, importadores de productos farmacéuticos y afines, así como proveedores de insumos, equipos médicos y odontológicos, además de laboratorios y servicios de diagnóstico del sistema de salud pública.

Al término de la reunión, la senadora Noelia Cabrera Petters explicó que la convocatoria se realizó ante la preocupación existente en torno a las deudas públicas, especialmente con los proveedores del Ministerio de Salud. En ese sentido, señaló que se invitó a todos los actores involucrados a fin de escuchar sus planteamientos y avanzar hacia una respuesta a esta problemática que genera gran inquietud en la ciudadanía.

_{Senadores Juan Afara, Lilian Samaniego y Esperanza Martínez, miembros de la Comisión de Salud.}

Asimismo, indicó que el objetivo es construir una solución conjunta que permita garantizar el suministro de medicamentos y servicios a la población, para lo cual se prevé la instalación de una mesa de trabajo con las instituciones convocadas.

A su turno, el viceministro del MEF, Óscar Lovera, manifestó que las empresas farmacéuticas presentaron diversas propuestas orientadas a encontrar una solución viable. Indicó que actualmente se trabaja en la elaboración de un plan de pago mensual y que se continuarán evaluando distintos escenarios a fin de cubrir la totalidad de la deuda, que asciende aproximadamente a USD 770 millones.

Agregó que se está trabajando en un plan de priorización que contempla sectores como salud, educación y atención a poblaciones vulnerables. “Estamos analizando todas las alternativas para honrar las deudas y avanzar en un proceso de ordenamiento que evite su acumulación en el corto plazo”, afirmó.

_{La reunión contó con la presencia del Viceministro de Salud, Dr. Saúl Recalde.} 

Por su parte, Rocío Figueroa, en representación de la Cámara de Representantes de Importadores de Productos Farmacéuticos (CRIPFA), señaló que el sector aún no fue convocado por el Ministerio de Economía y Finanzas. Asimismo, destacó la importancia de cubrir la totalidad de la deuda y expresó la expectativa de mantener una reunión con dicha cartera de Estado a fin de conocer las propuestas de solución.

Finalmente, la senadora Noelia Cabrera informó que se fijó una nueva reunión para el jueves 26 del corriente mes, en la que se espera contar con avances concretos. Añadió que la Comisión de Salud dará seguimiento cercano a esta situación y expresó su expectativa de que, para el próximo encuentro, el Ministerio de Economía y Finanzas pueda brindar respuestas orientadas a la solución de la deuda.

_{La reunión se realizó en el salón Acosta Ñu de la Cámara de Senadores.}

La reunión, realizada en el salón Acosta Ñu de la Cámara de Senadores, contó además con la presencia de los senadores Juan Afara, Lilian Samaniego y Esperanza Martínez, miembros de la Comisión asesora de Salud.