Destacados

La Comisión de Niñez, Familia y Juventud, presidida por la senadora Lizarella Valiente, realizó este lunes una mesa de trabajo para socializar y analizar el proyecto de Ley “Que garantiza el derecho de niños y adolescentes a la protección contra el trabajo infantil peligroso y lo sanciona penalmente”, iniciativa impulsada por la legisladora.

_{Senadora Lizarella Valiente, presidenta de la Comisión.} 

Durante la apertura de la reunión, la senadora Lizarella Valiente señaló que el proyecto busca unificarse con una propuesta elaborada por el Poder Ejecutivo y destacó la necesidad de fortalecer el marco normativo ante las observaciones realizadas al Estado paraguayo por organismos internacionales en materia de trabajo infantil y explotación laboral.

La legisladora explicó que la propuesta apunta a proteger a niños, niñas y adolescentes frente a las 26 formas de trabajo infantil peligroso reconocidas por la normativa nacional, entre ellas el criadazgo, considerado una práctica de explotación y vulneración de derechos.

Asimismo, remarcó el rol fundamental de las Consejería Municipal por los Derechos del Niño, Niña y Adolescente (CODENI) como primer espacio de atención ante situaciones de vulneración de derechos en los municipios y planteó fortalecer los mecanismos de control y cuidado alternativo a través de la Dirección de Cuidados Alternativos (DICUIDA), a fin de formalizar situaciones de acogimiento familiar y garantizar el seguimiento institucional de los menores.

El proyecto de Ley consta de 22 artículos y tiene por objeto garantizar el derecho de niños y adolescentes a ser protegidos contra el trabajo infantil peligroso mediante acciones de prevención, detección, atención, sanción y reparación. La propuesta establece penas privativas de libertad de tres a seis años para quienes sometan a menores de 18 años a trabajos peligrosos, pudiendo elevarse hasta diez años en casos agravados.

_{La reunión contó con la presencia de representantes de varias instituciones públicas.} 

Además, contempla la intervención coordinada de instituciones como el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Educación y Ciencias, el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social y el Ministerio de Desarrollo Social.

Por su parte, la viceministra de Desarrollo Regional del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, Verónica Arguello, informó que el proyecto impulsado por el Ejecutivo se encuentra avanzado y sostuvo que Paraguay ha fortalecido significativamente sus políticas públicas de protección social y fortalecimiento familiar.

En ese sentido, mencionó programas como Hambre Cero, Tekoporã, Che Róga Porã, Semillas del Futuro y Abrazo, orientados a la protección de la niñez y al acompañamiento de familias vulnerables.

La viceministra advirtió que prácticas como el criadazgo y el trabajo infantil constituyen formas contemporáneas de esclavitud moderna, sustentadas en situaciones de vulnerabilidad económica y social. También expuso datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), según los cuales alrededor de 51.000 niños, niñas y adolescentes de entre 10 y 17 años realizan actividades laborales en Paraguay.

A su turno, el director general de Asesoría Jurídica del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, Ernesto Benítez, indicó que se trabaja en una nueva propuesta normativa para abordar la erradicación del criadazgo y las peores formas de trabajo infantil, especialmente en el ámbito penal.

 _{Verónica Arguello y Ernesto Benítez del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia.} 

Representantes del Ministerio de Trabajo destacaron la necesidad de actualizar el marco legal para adecuarlo al Convenio 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por Paraguay, y señalaron que actualmente las sanciones existentes son únicamente administrativas.

Durante el encuentro, el Ministerio Público, la Defensa Pública y representantes de CODENI realizaron observaciones técnicas y jurídicas al proyecto, especialmente en aspectos relacionados con procedimientos de denuncia, medidas de protección inmediata, intervención de DICUIDA y coordinación interinstitucional.

Desde el Ministerio de Desarrollo Social se valoró la intención de unificar las iniciativas del Ejecutivo y Legislativo, resaltando el papel preventivo de programas sociales como Tekoporã para desnaturalizar prácticas vinculadas al criadazgo y fortalecer el acompañamiento familiar.

En tanto, representantes del Ministerio de Salud Pública señalaron que el trabajo infantil y el criadazgo generan consecuencias físicas y psicológicas que pueden extenderse hasta la adultez, subrayando la importancia de fortalecer las acciones preventivas.

Al cierre de la mesa de trabajo, la senadora Lizarella Valiente afirmó que el siguiente paso será avanzar hacia una versión consensuada entre el Ejecutivo y el Legislativo, que posteriormente será remitida a todas las instituciones participantes para su revisión final.

_{La mesa de trabajo se realizó en el salón Acosta Ñu del Senado.} 

_{Senador Luis Pettengill, vicepresidente de la Comisión.} 

_{Captura de la reunión.}

El senador Rafael Filizzola, presidente de la Comisión Especial que investiga la denominada “mafia de los pagarés”, acompañó este jueves a un grupo de productores de los departamentos de Alto Paraná y Caazapá durante una conferencia de prensa en la que se expusieron presuntas irregularidades relacionadas con operaciones de financiación agrícola.

_{El senador Rafael Filizzola, en compañía de los productores, durante la conferencia.}

Durante la conferencia, el senador Rafael Filizzola señaló que los productores vienen soportando esta situación desde hace más de una década y denunció un esquema que habría permitido cobrar en reiteradas ocasiones una misma deuda.

Asimismo, explicó que, según las denuncias recibidas, los productores firmaban pagarés a cambio de la provisión de insumos para la producción, pero dichos documentos no eran devueltos una vez canceladas las obligaciones. Posteriormente, los pagarés habrían sido reutilizados y comercializados nuevamente.

El legislador indicó que alrededor de 100 productores de la zona serían afectados por esta situación y que el perjuicio patrimonial estimado alcanzaría aproximadamente USD 200 millones, además de la pérdida de propiedades y otras consecuencias económicas y familiares.

“Acá se trata de un perjuicio patrimonial enorme, pero no es solo eso: se destruyen familias, se pierden hogares y afecta la salud de las personas”, expresó el senador.

Por su parte, Clever Baeuren, productor del departamento de Caazapá, relató su experiencia y sostuvo que, pese a haber cancelado sus compromisos financieros, los pagarés no fueron devueltos e incluso habrían sido vendidos posteriormente. Señaló que el perjuicio en su caso rondaría los USD 3 millones y que incluso perdió tierras como consecuencia del proceso.

Finalmente, el senador Rafael Filizzola manifestó que la Comisión se encuentra analizando estrategias para dar seguimiento a los casos, atendiendo a que una de las empresas que reclama las supuestas deudas sería Amerra, firma que —según indicó— no estaría radicada en el país. En ese contexto, adelantó que buscarán coordinar acciones con el Ministerio de Defensa Pública y el Ministerio Público, además de otras acciones a fin de proteger a las víctimas. 

La Comisión Nacional de Defensa de los Recursos Naturales (CONADERNA), presidida por el senador Juan Carlos Galaverna Ortega, firmó un convenio marco de cooperación con la Universidad Técnica de Comercialización y Desarrollo (UTCD), representada por su rectora, la Prof. Dra. Inés López de Sugastti.

^{Firma del convenio entre la CONADERNA y la UTCD.}

Luego de nueve años, ambas instituciones vuelven a firmar este acuerdo de cooperación, que tendrá una vigencia de cinco años y será desarrollado a través de las facultades de Ciencias Veterinarias, Ciencias Agrarias y Ciencias Ambientales de la citada casa de estudios.

Durante el acto, el senador Juan Carlos Galaverna destacó que el objetivo principal del convenio es establecer mecanismos de trabajo conjunto que permitan impulsar iniciativas y proyectos ambientales, promoviendo el desarrollo sostenible y fortaleciendo la articulación institucional entre ambas entidades.

Asimismo, señaló que el acuerdo contempla la asistencia técnica legislativa orientada a la defensa, preservación, conservación, recomposición y mejoramiento del medio ambiente, mediante acuerdos específicos que serán establecidos entre la Universidad y la Comisión.

^{El acto se realizó en la sala de reuniones "Paz del Chaco" del Senado.}

Entre algunos de los puntos contemplados en el documento, se establece que la UTCD se compromete a socializar con la CONADERNA los trabajos de tesis y tesinas de estudiantes de grado y posgrado vinculados a temas ambientales. Por su parte, la Comisión pondrá a disposición de docentes y alumnos su compilación de leyes ambientales, registros, antecedentes y fundamentos legislativos relacionados con normativas y proyectos tratados en la institución.

En la reunión ordinaria de la Comisión asesora de Relaciones Exteriores y Asuntos Internacionales, presidida por el senador Antonio Barrios, se analizaron tres puntos establecidos en el orden del día.

^{Senador Antonio Barrios, presidiendo la reunión de la Comisión.}

El primer punto incluyó el proyecto de Ley “Por el cual se crea el programa especializado para repatriados y refugiados connacionales, dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores”, remitido por el Poder Ejecutivo.

Al respecto, el senador Antonio Barrios mencionó que esta propuesta legislativa tiene por objeto optimizar gastos y establecer la fusión del área de repatriados con el Ministerio de Relaciones Exteriores dentro de la carrera civil, no así en la carrera diplomática ni en la del personal administrativo.

Asimismo, destacó que esta integración permitirá centralizar y fortalecer los esfuerzos de asistencia y protección consular, además de mejorar la coordinación de las políticas públicas orientadas al desarrollo y la reinserción de repatriados y refugiados connacionales.

Igualmente, resaltó que la unificación de competencias de ambas instituciones busca potenciar la capacidad operativa y eliminar la redundancia de funciones, garantizando una respuesta integral y eficiente que abarque desde la protección en el exterior hasta el acompañamiento durante el proceso de repatriación y reinserción social y económica en el país.

Este punto fue aprobado por unanimidad por los miembros de la Comisión asesora.

^{Vista general de la reunión.}

Posteriormente, se recomendó aprobar el Mensaje N° 376 del Poder Ejecutivo, por el cual solicita el correspondiente acuerdo constitucional para la designación del señor Raúl Alberto Florentín Antola como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República del Paraguay concurrente ante Jamaica, con sede en la Misión Permanente de la República del Paraguay ante la Organización de los Estados Americanos, en Washington D. C., Estados Unidos de América.

Por último, se consideró la Nota N° 43 del Ministerio de Relaciones Exteriores, por la cual remite el informe de gestión correspondiente al primer semestre del año 2025, en el marco de la Ley N° 6928/2022 “Que modifica y amplía el artículo 4° de la Ley N° 1635/2000”. Este punto fue aprobado y remitido al archivo.

La Comisión de Asuntos Constitucionales y Fuerza Pública, presidida por el senador Javier Zacarías Irún, realizó este martes su reunión ordinaria en modalidad presencial y virtual. Durante la sesión, los legisladores analizaron proyectos relacionados con expropiaciones, reformas policiales, reestructuración del área de repatriados y regulación de blindajes balísticos.

_{Senador Javier Zacarías Irún, presidente de la Comisión (izq).}

La Comisión dictaminó a favor del rechazo dispuesto por la Cámara de Diputados respecto al proyecto de expropiación en la ciudad de Luque, presentado por el senador José Ledesma. Entre los principales argumentos se mencionaron la falta de tasación oficial, imprecisiones en las dimensiones del inmueble, superposición con áreas protegidas del Lago Ypacaraí y la ausencia de informes técnicos del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH) y del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES).

La Comisión resolvió acompañar la decisión adoptada por la Cámara Baja, con la abstención de la senadora Yolanda Paredes.

MODIFICACIONES A LEY POLICIAL

Los legisladores también analizaron el proyecto que modifica artículos de la Ley Nº 7280/2024 “De reforma y modernización de la Policía Nacional”, presentado por el senador Basilio Núñez y otros legisladores. Desde la Comisión informaron que aún no fue remitido el parecer solicitado al Ministerio del Interior.

El senador Carlos Núñez Agüero indicó que el proyecto presenta inconsistencias respecto a la nueva Ley de Modernización de la Policía Nacional y adelantó que presentará otra propuesta ajustada a la normativa vigente.

Por su parte, el senador Eduardo Nakayama anunció ajustes técnicos para adecuar la iniciativa al marco constitucional.

Finalmente, se resolvió postergar la emisión del dictamen.

_{Senadores Lizarella Valinete y Carlos Núñez.} 

ABSORCIÓN DE REPATRIADOS POR CANCILLERÍA

Otro de los temas centrales fue el análisis del proyecto que crea el “Programa Especializado para Repatriados y Refugiados Connacionales”, dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores, remitido por el Poder Ejecutivo.

La iniciativa plantea la absorción de la Secretaría de Desarrollo para Repatriados y Refugiados Connacionales por parte de la Cancillería Nacional.

El senador Juan Carlos Galaverna (h) propuso modificaciones al proyecto, incluyendo cambios en la estructura orgánica y el traspaso de funcionarios al Ministerio de Relaciones Exteriores.

Durante el debate, el senador Natalicio Chase solicitó aclarar si la incorporación del personal implicará adecuaciones salariales y sostuvo que la unificación no debe generar nuevos cargos.

El senador Mario Varela coincidió en la necesidad de racionalizar estructuras burocráticas, aunque advirtió sobre posibles contradicciones con el objetivo de austeridad presupuestaria.

A su turno, la senadora Lizarella Valiente defendió el rol social de la Secretaría de Repatriados y expresó preocupación ante una eventual pérdida de funciones.

_{Senador Ramón Retamozo.} 

El senador Ramón Retamozo cuestionó la creación de nuevas direcciones generales dentro de la estructura propuesta y pidió aclaraciones sobre el impacto presupuestario.

En tanto, el senador Dionisio Amarilla informó que actualmente la Secretaría cuenta con 105 funcionarios permanentes, incluidos 12 directores generales con elevados beneficios salariales.

Finalmente, el legislador propuso postergar el estudio por una semana para escuchar a representantes de la Cancillería Nacional y de la Secretaría de Repatriados, moción que fue acompañada por los miembros de la Comisión.

CESIÓN DE INMUEBLE PARA SEDE JUDICIAL

En otro momento, la Comisión también dictaminó a favor del proyecto que autoriza la desafectación de un inmueble municipal en la ciudad de Santa Rita, departamento de Alto Paraná, para transferir gratuitamente al Estado paraguayo, con el objetivo de construir sedes del Poder Judicial y del Ministerio Público.

La iniciativa fue presentada por la diputada Liz Cristina Acosta y cuenta con el aval de la Municipalidad de Santa Rita y del Ministerio Público, según se expuso durante el tratamiento del proyecto.

_{Senadores Eduardo Nakayama y Yolanda Paredes.} 

BLINDAJES BALÍSTICOS

Igualmente, fue estudiado el proyecto de Ley que regula sistemas y materiales de blindaje balístico de uso especial, presentado por varios diputados.

El senador Eduardo Nakayama cuestionó la necesidad de crear nuevas regulaciones y propuso el rechazo de la iniciativa, al sostener que las fuerzas de seguridad ya cuentan con mecanismos técnicos para evaluar estos materiales.

Por su parte, el senador Carlos Núñez Agüero recordó que, durante su paso por la FOPE, los blindados eran sometidos a pruebas balísticas antes de concretar adquisiciones.

El senador Ramón Retamozo solicitó convocar a representantes de empresas del sector antes de emitir dictamen.

Finalmente, la Comisión resolvió postergar la emisión del dictamen del proyecto.

_{La reunión se realizó de manera presencial y virtual desde la sala de sesiones del Senado.} 

HAMBRE CERO

El último punto del orden del día correspondió al proyecto impulsado por el senador Colym Soroka y otros legisladores, relacionado con modificaciones al programa Hambre Cero, cuyo estudio fue aplazado ocho días.

La Comisión asesora de Hacienda y Presupuesto, que preside el senador Silvio Ovelar, junto con la Comisión de Cuentas y Control de la Administración Financiera del Estado, encabezada por el senador Dionisio Amarilla, llevaron a cabo una sesión para analizar diversos proyectos de ley, entre ellos, una propuesta de modificación de la Ley del programa Hambre Cero, que plantea transferir a las municipalidades la administración y ejecución de los recursos destinados a la alimentación escolar.

_{El senador Silvio Ovelar junto al ministro del MEF, Oscar Lovera, y el ministro del MDS, Tadeo Rojas, durante la reunión conjunta de comisiones.}

Uno de los temas ampliamente debatidos por los legisladores y las autoridades invitadas fue el proyecto de Ley “Que modifica los artículos 4°, 5° incisos c), e) y f), 7°, 8° y 9° de la Ley N° 7264/24 ‘Que crea el Fondo Nacional de Alimentación Escolar para la Universalización Equitativa de la Alimentación Escolar (Hambre Cero en nuestras escuelas y sistema educativo)”, presentado por los senadores Colym Soroka, Oscar Salomón, José Oviedo, Carlos Núñez, Noelia Cabrera, Luis Pettengill, Mario Varela y Enrique Salyn Buzarquis.

Para el estudio de este punto asistieron el ministro del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Oscar Lovera; el ministro de Desarrollo Social, Tadeo Rojas; representantes del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), de la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (OPACI) y gobernadores de distintos departamentos del país, entre ellos: César Sosa, de Guairá; Denis Lichi, de Cordillera; Víctor Forneron, de Ñeembucú; Cristian Acosta, de Caazapá; Harold Bergen, de Boquerón; Nelson Martínez, de Canindeyú; y Norma Zárate, de Paraguarí.

_{Presencia de gobernadores y autoridades del MEF.} 

El proyecto propone transferir la administración y ejecución de los recursos del programa Hambre Cero desde las gobernaciones departamentales hacia las municipalidades. La iniciativa apunta a descentralizar la gestión de los fondos de alimentación escolar y potenciar el desarrollo de la agricultura familiar campesina mediante la compra local de alimentos en cada distrito.

El principal impulsor del proyecto, senador Colym Soroka, destacó que la esencia de la propuesta no es anular contratos vigentes con empresas proveedoras, sino garantizar el cumplimiento de lo establecido en la ley respecto a la compra mínima del 10% de productos provenientes de la agricultura familiar campesina. No obstante, indicó que durante el último año apenas se alcanzó el 8,7%. “Ni siquiera se cumple con lo mínimo”, enfatizó.

En uso de palabra, el ministro Tadeo Rojas manifestó que este no es el momento oportuno para modificar el programa Hambre Cero, teniendo en cuenta que actualmente abarca todo el país. “Hemos tenido algunos aspectos que ajustar, pero consideramos que hoy el programa es positivo y satisfactorio; su modificación podría representar un retroceso”, expresó.

_{Senadores que participaron de la reunión.} 

Por su parte, la senadora Celeste Amarilla señaló que la ley debe modificarse puntualmente en lo referente a la agricultura familiar, flexibilizando lo establecido de acuerdo con la disponibilidad de productos en cada zona.

A su vez, el senador Natalicio Chase advirtió que debilitar el programa podría significar un importante retroceso.

Asimismo, el presidente de la Cámara de Alimentación Escolar del Paraguay, Víctor Mendoza, sostuvo que “este es un programa de fortalecimiento del capital humano”.

Luego, el presidente del Consejo de Gobernadores, César Sosa, señaló que gracias al programa Hambre Cero, por primera vez, la escolaridad pasó del 54% al 93%.

_{La reunión se realizó de manera presencial y virtual desde la sala de sesiones del Senado.} 

Varios senadores y gobernadores también aportaron sus puntos de vista respecto al proyecto y sugirieron convocar a representantes de los ministerios de Industria y Comercio, y de Agricultura y Ganadería para continuar el análisis.

Finalmente, tras un extenso debate, las comisiones resolvieron postergar la emisión del dictamen, considerando que en la última sesión del Senado también se había postergado el tratamiento del proyecto por 30 días para profundizar su estudio.

PROGRAMA PARA REPATRIADOS Y REFUGIADOS

Otro de los temas abordados por las comisiones fue el proyecto de Ley “Por el cual se crea el programa especializado para repatriados y refugiados connacionales, dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores”, remitido por el Poder Ejecutivo.

Al respecto, el senador Líder Amarilla manifestó que ambas instituciones cumplen funciones diferentes y no deberían fusionarse.

Por su parte, la senadora Celeste Amarilla sostuvo que la propuesta contribuiría al achicamiento del Estado. En el mismo sentido, el legislador Walter Harms señaló que esta fusión sería práctica para los ciudadanos paraguayos residentes en el extranjero.

Tras el debate, se recomendó la aprobación del proyecto.

_{El senador Dionisio Amarilla, presidente de la Comisión de Cuentas y Control (centro).} 

OTROS PROYECTOS 

A petición del senador Natalicio Chase, se postergó el estudio del proyecto de Ley “Que modifica el artículo 279 de la Ley N° 7609/25 ‘Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el ejercicio fiscal 2026’”, presentado por los senadores Silvio Ovelar, Antonio Barrios, Natalicio Chase, Patrick Kemper, Pedro Díaz Verón, Ignacio Iramain, Esperanza Martínez y Carlos Liseras.

También quedó postergada la emisión del dictamen del proyecto de Ley “Que autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a realizar los pagos de los intereses moratorios por los certificados de obras de infraestructura”, presentado por los senadores Natalicio Chase, Juan Carlos Galaverna, Patrick Kemper, Orlando Penner y Dionisio Amarilla.

_{Vista general de la reunión.} 

No obstante, el ministro del MEF, Oscar Lovera, explicó que se busca establecer ciertas condiciones para viabilizar el pago de dichos intereses. Entre ellas, mencionó la fijación de una tasa máxima del 9,9% para los intereses moratorios. Agregó que muchos de estos compromisos corresponden a los años 2020 y 2021 y que también se plantea una ampliación presupuestaria para avanzar en la cancelación de las obligaciones reclamadas por el sector de infraestructura vial.

Finalmente, los demás puntos incluidos en el orden del día también quedaron postergados para una próxima reunión.

La Comisión Nacional de Defensa de los Recursos Naturales (CONADERNA), presidida por el senador Juan Carlos Galaverna Ortega, suscribió un Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional con la Gobernación de Boquerón, con el objetivo de promover iniciativas ambientales y fortalecer acciones conjuntas orientadas al desarrollo sostenible del departamento. El acto contó con la presencia del gobernador departamental Harold Bergen.

_{Firma de convenio entre CONADERNA y la Gobernación de Boquerón.}

El objetivo del acuerdo es establecer mecanismos de trabajo conjunto para impulsar iniciativas y proyectos de carácter ambiental, promoviendo el desarrollo sostenible y la articulación interinstitucional. Asimismo, contempla la asistencia técnica legislativa orientada a la defensa, preservación, conservación, recomposición y mejoramiento del medio ambiente. Estas acciones serán implementadas mediante acuerdos específicos, de acuerdo con cada necesidad.

En ese contexto, el senador Juan Carlos Galaverna destacó que el principal objetivo del convenio es acompañar y fortalecer las iniciativas vinculadas a los pequeños y medianos productores del departamento, además de promover la formulación de proyectos orientados a la protección y preservación del medio ambiente.

Asimismo, señaló que CONADERNA continuará impulsando acciones conjuntas y articulando esfuerzos para extender este tipo de acuerdos y programas de cooperación a otras gobernaciones del país.

_{Gobernador de Boquerón, Harold Bergen.}

Por su parte, el gobernador Harold Bergen resaltó la importancia de generar estos espacios de trabajo interinstitucional y recordó que representantes de la comisión ya habían realizado visitas previas al departamento, lo que permitió consolidar este importante paso como el inicio de una agenda conjunta en beneficio de los productores y de las comunidades originarias de la región.

Igualmente, valoró la apertura y predisposición de ambas instituciones para avanzar en iniciativas que contribuyan al desarrollo sostenible del departamento.

_{Senador Juan Carlos Galaverna, presidente de CONADERNA.}

El acto protocolar se llevó a cabo en la sala de reuniones “Paz del Chaco” de la Cámara de Senadores.

La Comisión de Familia, Niñez, Adolescencia y Juventud, presidida por la senadora Lizarella Valiente, se reunió para analizar dos importantes proyectos relacionados con la protección, atención y garantía de derechos de niños, niñas y adolescentes.

_{Senadora Lizarella Valiente, presidenta de la Comisión.} 

Durante la reunión, la legisladora informó sobre el análisis del proyecto de Ley, remitido por la Cámara de Diputados, que propone la creación de un programa de identificación, inscripción y asistencia para estudiantes con altas capacidades intelectuales.

En ese sentido, explicó que la Comisión emitió dictamen negativo a la propuesta, considerando que la Ley Nº 5136/2013 de Educación Inclusiva ya contempla la atención integral de estudiantes con necesidades específicas de apoyo educativo, incluyendo a aquellos con altas capacidades intelectuales.

“La propuesta sería como sobrelegislar”, expresó la senadora, al señalar que el sistema educativo vigente ya prevé mecanismos de adecuación curricular desarrollados por profesionales especializados, atendiendo las diferencias individuales y las particularidades de cada estudiante.

Asimismo, fue estudiado el proyecto de Ley “Que garantiza el derecho de los niños y adolescentes a la protección contra el trabajo infantil peligroso y sanciona penalmente estas prácticas”, iniciativa presentada por la senadora Lizarella Valiente.

_{La reunión contó con la presencia de la senadora Hermelinda Alvarenga, miembro de la Comisión.} 

En ese contexto, los integrantes de la comisión resolvieron convocar para este jueves a una mesa de trabajo interinstitucional con representantes del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, el Ministerio de Trabajo y la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (OPACI).

La parlamentaria enfatizó la necesidad de fortalecer el rol de las Consejerías Municipales por los Derechos del Niño, Niña y Adolescente (CODENIS), especialmente en situaciones relacionadas con niños en situación de calle y casos de presunta explotación laboral.

“Como sociedad hemos normalizado ver niños en la calle, y esto ya no puede seguir ocurriendo”, manifestó la titular de la comisión, al remarcar la necesidad de una intervención articulada del Estado para garantizar la protección integral de los menores.

Igualmente, anunció que se buscará impulsar un trabajo coordinado para que las CODENIS cuenten con atención las 24 horas en todos los municipios del país, permitiendo actuar de forma inmediata ante situaciones de vulnerabilidad infantil.

_{A tráves de la plataforma Zoom participaron los senadores Dionisio Amarilla, Natalicio Chase y Juan Carlos Galaverna  (h).} 

Además, destacó el trabajo desarrollado por el programa “Chalecos Rojos”, impulsado desde la Comisión de Familia, Niñez, Adolescencia y Juventud, cuyos integrantes realizan tareas de asistencia y rescate de menores en situación de riesgo.

Finalmente, advirtió que la exposición de niños a trabajos nocturnos y peligrosos podría derivar en sanciones penales para padres o responsables, por incumplimiento del deber de cuidado y por poner en riesgo la integridad física y emocional de los menores.