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En reunión extraordinaria, la Comisión Bicameral que analiza el informe de la Contraloría General de la República sobre la ejecución del Presupuesto General de la Nación 2024, presidida por el senador Dionisio Amarilla, recibió a la ministra de Salud Pública y Bienestar Social, Dra. María Teresa Barán, quien respondió a una serie de observaciones derivadas de una auditoría de desempeño centrada en el Instituto Nacional del Cáncer (INCAN) y en el Programa Nacional de Atención Integral a los Trastornos del Espectro Autista (TEA).

_{Presidente de la Comisión Bicameral que analiza el informe de la Contraloría General de la República sobre la ejecución del PGN 2024, senador Dionisio Amarilla.}

La exposición técnica estuvo a cargo de la Directora General de Control Gubernamental de la Contraloría General de la República, Dra. Gladys Fernández, quien señaló que, en el caso del Instituto Nacional del Cáncer (INCAN), el informe fue remitido al Ministerio Público en noviembre de 2025 ante la posible existencia de hechos punibles. La auditoría detectó múltiples irregularidades, entre ellas la inexistencia de un Registro Nacional de Personas con cáncer, lo que afecta la planificación y el seguimiento de la enfermedad.

_{Directora General de Control Gubernamental de la Contraloría General de la República, Dra. Gladys Fernández.}

Además, se constató la falta de conformación de la Comisión Nacional Asesora, la ausencia de un Manual de Organización y Funciones y deficiencias en la gestión de medicamentos. Entre estas, se identificaron entregas sin respaldo administrativo, provisión a centros privados sin autorización y compras de fármacos de baja rotación, cercanos a su vencimiento, por miles de millones de guaraníes.

El informe señala transferencias de medicamentos sin una red nacional formalmente establecida, recepción de productos con vencimiento inferior al requerido y la existencia de medicamentos vencidos por más de G. 5.400 millones al cierre de 2024

Otro hallazgo relevante, según la representante de la CGR, fue la compra de medicamentos por orden judicial para pacientes fallecidos, sin mecanismos de suspensión o reasignación, lo que generó pérdidas económicas para el Estado.

Al respecto, la ministra de Salud Pública, Dra. María Teresa Barán, indicó que la institución respondió a las 45 observaciones formuladas. Asimismo, mencionó que, a raíz de las irregularidades detectadas, decidió la intervención del INCAN para determinar responsabilidades. No obstante, destacó avances como la habilitación de un hospital de día con 50 camas y la descentralización de servicios con 11 centros en el país. “Estamos tomando muy en serio todas las observaciones de la Contraloría, porque entendemos que los pacientes oncológicos no pueden esperar”, afirmó.

_{Ministra de Salud Pública y Bienestar Social, Dra. Maria Teresa Barán y equipo técnico.}

Por su parte, autoridades del INCAN señalaron que varias observaciones ya fueron subsanadas, incluyendo la implementación en curso de un registro digital de pacientes y la regulación de la entrega de medicamentos.

PROGRAMA TEA

La Directora General de Control Gubernamental de la CGR, Dra. Gladys Fernández, explicó que la auditoría, dispuesta por Resolución Nº 592, detectó importantes debilidades en la gestión del Programa Nacional de Atención Integral a los Trastornos del Espectro Autista (TEA). Según el informe, el Ministerio de Salud no incorporó acciones específicas en su Plan Estratégico Institucional ni contó con un plan integral vigente durante el ejercicio fiscal 2024

Entre las principales falencias se observan la ausencia de presupuesto específico, la falta de un protocolo de atención preferencial obligatorio y la no designación del Centro de Referencia Nacional ni de centros regionales especializados. Asimismo, no se conformó la Comisión Nacional Asesora ni el equipo técnico previsto en la normativa vigente.

La Contraloría advirtió que estas omisiones impactan directamente en el acceso a servicios de salud, la inclusión social y el acompañamiento a personas con TEA, en contravención de la Ley Nº 6103/18. También señaló deficiencias en la coordinación interinstitucional, la capacitación de funcionarios y la falta de perfiles profesionales definidos para la atención interdisciplinaria.

Asimismo, el informe identificó problemas en la organización interna, debilidades en los sistemas de información, inconsistencias en los registros de pacientes y la existencia de listas de espera que limitan el acceso oportuno a la atención. A esto se suma la falta de estudios epidemiológicos a nivel nacional y la implementación incompleta del Registro Nacional de Personas con TEA.

En respuesta, la directora de Programas de Salud, Carolina Ruíz, informó sobre avances posteriores al periodo auditado, como la aprobación del Protocolo de Diagnóstico en noviembre de 2024 y del Plan Nacional de Atención Integral en marzo de 2025. También se reglamentó la Comisión Nacional Asesora y se designó al Hospital Pediátrico “Niños de Acosta Ñu” como centro de referencia.

_{Equipo técnico de la Contraloría General de la República.} 

Por su parte, la ministra de Salud, Dra. María Teresa Barán, reconoció las brechas, pero destacó mejoras en la cobertura del servicio. Señaló que el número de consultorios inclusivos pasó de uno a 20 y que se han habilitado centros en distintas regiones del país, además de fortalecer la capacitación del personal con apoyo internacional. Indicó que unas 3.000 personas con TEA fueron atendidas, aunque admitió la falta de especialistas.

En ese sentido, el senador Dionisio Amarilla consultó sobre el presupuesto necesario para el programa a lo cual la ministra respondió que es imprescindible aumentar la inversión en infraestructura, equipamiento y recursos humanos para garantizar una atención integral.

_{Senador Diosnisio Amarilla.}

Al cierre de la reunión, el presidente de la Comisión Bicameral, senador Dionisio Amarilla destacó la importancia de estos informes para fortalecer el control del gasto público y anunció que el plazo para la presentación de requerimientos vence el 21 de marzo, tras lo cual se elaborará el informe final.

La Comisión de Hacienda y Presupuesto, presidida por el senador Silvio Ovelar, recibió a representantes del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES) y del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), para evaluar un proyecto que plantea la obligatoriedad de adquisición de Certificados de Servicios Ambientales para instituciones públicas y, tras su estudio, se recomendó su rechazo.

_{Senador Silvio Ovelar, presidente de la Comisión.}

Se trata de proyecto de Ley “Que establece la obligatoriedad de adquisición de Certificados de Servicios Ambientales (CSA) por parte de las instituciones públicas y empresas del Estado para obras y actividades de alto impacto, mediante procesos de licitación por acuerdo nacional, en el marco de la Ley Nº 3001/2006”, presentado por varios diputados.

La iniciativa tiene por objeto establecer la obligatoriedad de adquisición de Certificados de Servicios Ambientales (CSA), conforme a la Ley N.º 3001/06 “De Valoración y Retribución de los Servicios Ambientales”, para todas las instituciones del Estado paraguayo y empresas públicas que contraten obras o desarrollen actividades de alto impacto ambiental.

En representación del MADES, el director de Asesoría Jurídica, Armando Muñoz, señaló que la institución se encuentra abierta a eventuales modificaciones que fortalezcan el sistema de servicios ambientales. No obstante, advirtió que la propuesta, en su forma actual, podría generar dificultades en su implementación, por lo que no se recomienda su aprobación.

_{Representantes del MADES y del MEF.} 

Por su parte, el senador Pedro Díaz Verón indicó que la normativa ya se encuentra vigente y adecuadamente reglamentada, razón por la cual se aconseja el rechazo del proyecto.

En la misma línea, el senador Líder Amarilla expresó que la iniciativa constituye un caso de sobrelegislación, pudiendo incluso rozar la inconstitucionalidad al pretender regular a los municipios, que gozan de autonomía. En atención al dictamen del MADES, tampoco recomendó su aprobación.

Tras un amplio debate, la Comisión resolvió recomendar el rechazo del proyecto.

La Comisión de Educación y Cultura se reunió este lunes en modalidad híbrida (presencial y virtual) para dar tratamiento a los puntos del orden del día. Entre los temas tratados destacó el proyecto de Ley “Que crea el servicio nacional de formación técnica obligatoria para jóvenes en situación de vulnerabilidad social y sustituye el servicio militar obligatorio”.

^{Senadora Lizarella Valiente junto a su colega la senadora Blanca Ovelar.}

Durante el análisis, se determinó que la propuesta presenta dos impedimentos fundamentales:

Conflicto constitucional: el proyecto busca sustituir el mandato del Artículo 129 de la Constitución Nacional sobre el Servicio Militar Obligatorio. La comisión señaló que ya existe una reglamentación vigente (Ley 4013/10) que regula el derecho a la objeción de conciencia y el servicio sustitutivo.

Inviabilidad financiera: la normativa plantea que los beneficiarios perciban el 30% del salario mínimo, sin contar con una fuente de financiamiento clara que sustente dicho egreso.

Al término de la reunión, la relatora de la comisión asesora, senadora Lizarella Valiente, brindó detalles sobre las objeciones técnicas que motivaron el rechazo del proyecto presentado por el senador Enrique Salyn Buzarquis.

“En el espíritu del proyecto coincidimos en que es bastante loable, pero dictaminamos por el rechazo considerando dos aspectos clave: el financiamiento y el hecho de que el estudio pretende sustituir el mandato constitucional del servicio militar obligatorio. Esto se contrapone con el alcance del artículo de la Constitución y su reglamentación”, señaló la senadora Lizarella Valiente.

^{Captura de pantalla de legisladores conectados a la reunión de la comisión.}

Por otro lado, se resolvió postergar por ocho días el estudio del Mensaje Nº 3.339 de la Cámara de Diputados, que remite la Resolución Nº 4.123 “Que rechaza las modificaciones introducidas por la Cámara revisora al Proyecto de Ley ‘Que declara el 2 de mayo como el Día Nacional de la Microbiota’”, presentado por varios diputados. La decisión busca convocar a expertos y representantes de asociaciones especializadas para consensuar la fecha más pertinente para la celebración.

La sesión fue presidida por la senadora Lizarella Valiente, acompañada por su colega Blanca Ovelar. La presidenta de la comisión, senadora Hermelinda Alvarenga, participó de forma virtual, al igual que los senadores José Oviedo, Ever Villalba, Carlos Núñez y Esperanza Martínez.

La Comisión de Legislación, Codificación, Justicia y Trabajo, encabezada por su vicepresidente, el senador Luis Pettengill, llevó a cabo una reunión en modalidad híbrida (presencial y virtual) en la que se analizaron diversos proyectos de Ley.

_{Senador Luis Pettengill, vicepresidente de la Comisión de Legislación.}

En el primer punto del orden del día, la reunión fue conjunta con la Comisión de Energía, presidida por el senador Pedro Díaz Verón, para tratar el proyecto de Ley “Que establece la obligatoriedad de adquisición de Certificados de Servicios Ambientales (CSA) por parte de las instituciones públicas y empresas del Estado para obras y actividades de alto impacto, mediante procesos de licitación por acuerdo nacional, en el marco de la Ley N.º 3001/2006”, presentado por varios diputados.

Al respecto, el senador Luis Pettengill señaló que la Comisión ya había recibido previamente a representantes de instituciones involucradas, quienes expusieron sus puntos de vista y preocupaciones. Además, indicó que se había decidido postergar el estudio del proyecto por una semana adicional para recabar más información y contar con mayores elementos de análisis.

_{Legisladores votando.} 

Tras el intercambio de opiniones y la evaluación correspondiente, se resolvió recomendar el rechazo del proyecto.

En otro punto, se abordó el proyecto de Ley “Que establece la transparencia de la estructura de costos del precio y del mercado de combustibles comercializados al público en la República del Paraguay”, presentado por los senadores Sergio Rojas, Ever Villalba, Rubén Velázquez, José Oviedo, Ignacio Iramain, Esperanza Martínez, Eduardo Nakayama, Rafael Filizzola y Yolanda Paredes. Para su tratamiento, se realizó una reunión conjunta con la Comisión de Economía, presidida por el senador Carlos Núñez.

En este caso, la comisión decidió postergar su estudio, considerando que la Comisión de Industria realizará una reunión conjunta con representantes del Ministerio de Industria y Comercio, PETROPAR y la CONACOM. “Resulta fundamental conocer la perspectiva de estas instituciones antes de avanzar en el análisis del proyecto”, explicó el legislador Pettengill.

Asimismo, se resolvió postergar el estudio del proyecto de Ley “Del Fondo de Jubilaciones y Pensiones para Miembros del Poder Legislativo de la Nación”, presentado por varios diputados.

_{Captura de la reunión virtual.} 

La Comisión Bicameral encargada del estudio del Informe y Dictamen de la Contraloría General de la República, sobre la liquidación del Presupuesto General de la Nación correspondiente al Ejercicio Fiscal 2024, presidida por el senador Dionisio Amarilla, recibió al Director Nacional del Instituto Nacional de Estadística (INE), Lic. Iván Ojeda, quien respondió a las observaciones formuladas por la Contraloría tras una auditoría realizada a la institución.

_{El senador Dionisio Amarilla, presidente de la Comisión Bicameral.} 

La Directora General de Control Gubernamental de la CGR, Dra. Gladys Fernández, informó que la auditoría practicada al INE arrojó un dictamen no razonable, al detectarse varias inconsistencias contables y administrativas durante el análisis del inventario y de los registros patrimoniales de la institución.

Entre las principales observaciones se mencionó la existencia de bienes de consumo e insumos vencidos por un valor de G. 431.028.520 incluidos en el inventario general. Asimismo, el equipo auditor detectó diferencias entre las cantidades registradas en el inventario valorizado de bienes de suministro, consumo e insumos y las cantidades verificadas físicamente, con faltantes superiores a G. 967 millones y excedentes por más de G. 3.800 millones.

La auditoría también reveló la incorrecta inclusión de más de G. 4.201 millones en la cuenta contable de bienes internos, correspondientes a bienes obsoletos o en desuso que debían ser dados de baja al cierre del ejercicio auditado. En ese mismo contexto, se constató la existencia de cuatro vehículos fuera de uso desde hace varios años que continuaban figurando en el inventario dentro de la cuenta de equipo de transporte, según las observaciones de la CGR.

_{Dra. Gladys Fernández, directora general de Control Gubernamental de la CGR.} 

Durante su exposición, el Director del INE, Lic. Iván Ojeda, explicó que el Departamento de Patrimonio y Suministro inició un proceso de depuración tras una verificación física realizada el 16 de diciembre de 2024. Señaló que los bienes vencidos detectados fueron sometidos al proceso de baja correspondiente.

Respecto a las diferencias detectadas en el inventario, el titular del INE sostuvo que no se registraron pérdidas de bienes, ya que en las verificaciones físicas las existencias resultaron iguales o superiores a las registradas.

En relación con los bienes obsoletos, el plan de mejoras contempla dar de baja a aquellos bienes cuyo valor individual sea inferior a G. 10 millones, con el fin de depurar los registros patrimoniales y asegurar que el inventario refleje únicamente activos en condiciones de uso.

Sobre los vehículos en desuso detectados por la auditoría, el Lic. Ojeda informó que se encuentra en marcha un proceso de subasta pública, conforme a las disposiciones del Ministerio de Economía y Finanzas. Para ello se conformó un Comité de Subasta que se encargará del procedimiento, tras el cual se gestionará la baja patrimonial y contable de los rodados.

_{Iván Ojeda, director nacional del Instituto Nacional de Estadística (INE).} 

Durante la reunión, el senador Dionisio Amarilla consultó al director del INE si la institución adoptó medidas internas para que los funcionarios responsables de las dependencias observadas puedan corregir las falencias detectadas dentro del plan de mejoramiento.

Al respecto, Ojeda respondió que, al igual que otras instituciones públicas, que el la institución enfrenta debilidades administrativas y de control. Indicó que la Contraloría recomendó fortalecer el sistema de control de patrimonio y suministro, pero explicó que la institución debe ajustar sus procesos con las herramientas disponibles, ya que el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación canceló la adquisición de un nuevo sistema informático.

También señaló que la disponibilidad de recursos humanos sigue siendo un desafío, considerando que el INE asumió funciones de coordinación de todo el Sistema Estadístico Nacional.

_{La reunión se realizó de manera presencial y virtual desde la sala de sesiones del Senado.}

CONVOCATORIA

Durante la reunión también se informó que la ministra de Salud, Dra. María Teresa Barán, y el presidente del Instituto de Previsión Social (IPS), Dr. Jorge Brítez, se excusaron de asistir a la reunión. Ante esta situación, el presidente de la comisión, Dionisio Amarilla, propuso convocarlos nuevamente para la próxima semana, moción que fue respaldada por los miembros de la instancia legislativa.

Por otro lado, a propuesta del diputado Raúl Benítez, también se resolvió invitar a la ministra de Obras Públicas, Ing. Claudia Centurión, además de representantes de la Facultad Politécnica y de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de Asunción.

_{Vista general de la reunión.} 

Asimismo, el senador Amarilla destacó el trabajo que realiza la comisión en el análisis de las observaciones de la Contraloría, que revelan falencias administrativas básicas que deben ser corregidas mediante capacitación y el fortalecimiento de la cultura organizacional en el manejo de los recursos públicos.

Finalmente, advirtió que las autoridades convocadas tienen la obligación constitucional de comparecer ante el Congreso para explicar las observaciones detectadas, ya que el análisis de los informes de la Contraloría puede tener impacto en la evaluación de los presupuestos institucionales para los próximos años.

La Comisión de Hacienda y Presupuesto, presidida por el senador Silvio Ovelar, realizó una reunión conjunta con la Comisión de Cuentas y Control de la Administración Financiera del Estado, encabezada por el senador Dionisio Amarilla, para analizar el proyecto de Ley “Que establece medidas para la reforma del sistema de jubilaciones y pensiones del sector público (De Reforma de la Caja Fiscal)”.

_{Senador Silvio Ovelar, presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto.} 

Para el tratamiento del tema participaron el ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, y representantes del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC).

En su intervención, el senador Silvio Ovelar recordó que la propuesta fue debatida previamente con distintos gremios afectados. Señaló que el proyecto tiene como objetivo introducir reformas orientadas a fortalecer la sostenibilidad financiera y la equidad intergeneracional del sistema. En ese sentido, propuso iniciar la reunión repasando las modificaciones que habían sido planteadas previamente.

_{Ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos.} 

Seguidamente, el ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, explicó los cambios propuestos tanto para el sector civil como para el no civil. En relación con el sector civil, indicó que uno de los puntos principales es el cambio en el aporte del Estado, que se establecería en un 10%. Asimismo, señaló que los sectores deficitarios deberán aportar un 19% al cierre de cada año, en lugar del 16% actual.

Respecto al aporte estatal, explicó que la intención es transparentar el aporte implícito que ya realiza el Estado. En ese sentido, se contabilizarán como aportes del Estado conceptos como el seguro médico de los funcionarios, el aguinaldo que se paga a los jubilados a fin de año y los recursos del Tesoro destinados a cubrir los déficits de algunos sectores.

En cuanto a los docentes, militares y policías, el ministro Valdovinos señaló que las modificaciones representan un “avance importante”, ya que permitirán reconocer de manera explícita los aportes que actualmente realiza el Estado. También mencionó ajustes en la tabla de jubilaciones ordinarias y extraordinarias, así como la incorporación de una jubilación extraordinaria para casos de enfermedades graves de los aportantes.

_{Senador Natalicio Chase junto a representantes del MEF.} 

En relación con la jubilación ordinaria, explicó que la tabla establecida en el proyecto contempla la posibilidad de acceder al beneficio a partir de los 53 años de edad con 25 años de aportes, como requisito mínimo, aunque el trabajador puede optar por continuar en actividad. La escala se extiende hasta los 58 años de edad y más de 30 años de aportes. De acuerdo con el ministro, cuanto mayor sea la edad y los años de servicio, mayor será el porcentaje de la jubilación, que oscilaría entre un mínimo del 78% y un máximo del 90%.

Asimismo, señaló que la denominación de jubilación extraordinaria quedará restringida a situaciones vinculadas con enfermedades o incapacidades, las cuales estarán reguladas conforme a lo establecido en la ley.

El titular del MEF también indicó que aquellas personas que, al momento de la sanción de la nueva ley, cuenten con más de 20 años de aportes podrán optar entre acogerse al sistema vigente o al nuevo régimen, atendiendo a uno de los pedidos planteados por los gremios.

Otro punto mencionado fue que el cálculo del haber jubilatorio se realizará sobre un periodo de cinco años, excepto en los casos en que el funcionario haya tenido un aumento en el número de turnos cubiertos, situación en la que el cálculo se realizará sobre un periodo de diez años. Precisó que esta disposición afectará principalmente al sector docente, a docentes universitarios y a magistrados.

Finalmente, el ministro aclaró que la ley entrará en vigencia desde el momento de su promulgación.

INTERVENCIÓN DE SENADORES

Durante el debate, la senadora Hermelinda Alvarenga, al referirse a las condiciones para el sector docente, destacó la importancia de la labor educativa y propuso un aumento del 2% en la tasa de sustitución. En ese sentido, planteó que los docentes con 25 años de servicio puedan acceder a una jubilación equivalente al 80% al cumplir 53 años.

_{Vista general.} 

Por su parte, el senador Natalicio Chase señaló que el promedio de jubilación en el sector docente es de 27 años de servicio, agregando que “casi nadie se jubila antes de ese tiempo”.

A su turno, el senador Dionisio Amarilla enfatizó que quienes hayan cumplido 20 años de servicio al momento de aprobarse la nueva normativa podrán acogerse al sistema establecido en la ley vigente.

En otro momento del debate, el senador Carlos Agüero sostuvo que, ante la situación que atraviesa la Caja de Jubilaciones, será necesario “ceder” en algunos puntos para alcanzar un acuerdo.

Tras las intervenciones, el senador Silvio Ovelar puso a consideración el proyecto, que finalmente obtuvo dictamen favorable con modificaciones.

Cabe mencionar que la iniciativa será analizada por la Cámara Alta, este miércoles, en una sesión extraordinaria.

La Comisión de Legislación, Codificación, Justicia y Trabajo, presidida en la ocasión por su vicepresidente, llevó a cabo una reunión conjunta con las Comisiones asesoras de Obras Públicas y Comunicaciones, y de Energía. Durante el encuentro se analizó el proyecto de Ley “Que establece la obligatoriedad de adquisición de Certificados de Servicios Ambientales (CSA) por parte de las instituciones públicas y empresas del Estado para obras y actividades de alto impacto, mediante procesos de licitación por acuerdo nacional, en el marco de la Ley Nº 3001/2006”.

_{Senador Luis Petengill, vicepresidente de la Comisión de Legislación.} 

Para el estudio del proyecto asistieron representantes del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF); del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES); Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).

El Dr. Jorge Coronel, asesor de la Comisión de Legislación, explicó que el proyecto de Ley ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados y busca establecer la obligatoriedad de adquisición de Certificados de Servicios Ambientales. Esta medida será aplicada a todas las instituciones del Estado paraguayo y empresas públicas que contraten obras o desarrollen actividades de alto impacto ambiental mediante licitación por acuerdo nacional._{Representantes de instituciones invitadas.} 

“El objetivo principal es superar obstáculos actuales, como la falta de previsión presupuestaria y la ausencia de un mecanismo estandarizado para la adquisición de Certificados de Servicios Ambientales por parte del Estado”, señaló el Dr. Coronel.

Posteriormente, la representante del MOPC, Dra. Guadalupe Rivas, explicó que el debate se centra en la implementación de un proceso administrativo único denominado “acuerdo nacional”. Indicó que actualmente el Ministerio de Obras Públicas realiza la adquisición de servicios ambientales mediante este procedimiento, a través del cual se efectúa un llamado en el que se detallan las características de la obra. Este proceso se difunde en la página institucional del Ministerio con el objetivo de convocar a los interesados, quienes posteriormente presentan sus propuestas.

Asimismo, mencionó que otra de las metodologías aplicadas actualmente consiste en licitaciones públicas nacionales e internacionales, en las cuales la responsabilidad de adquirir los certificados es trasladada a los contratistas. En ese sentido, destacó que el mecanismo de acuerdo nacional —actualmente en estudio— otorgará certeza jurídica al poseedor respecto al valor nominal de la ecorregión que será adquirida, motivo por el cual el Ministerio de Obras Públicas impulsa su aprobación.

Seguidamente, el viceministro de Administración y Finanzas del MEF, Dr. Óscar Lovera, expresó que la institución acompaña las propuestas mencionadas. Además, indicó que el Ministerio de Economía actúa como rector del sistema de suministro público y contrataciones, por lo que constituye un actor clave dentro de este proceso.

_{Vista general.} 

Al término de la reunión, el senador Luis Pettengill, manifestó que esta iniciativa legislativa busca reforzar la aplicación efectiva de la Ley Nº 3001, considerando que actualmente existen numerosos tenedores de bonos, pero no suficientes compradores. En ese sentido, se pretende establecer de manera obligatoria mecanismos de adquisición de servicios ambientales en la ejecución de obras de alto impacto.

Finalmente, informó que la emisión del dictamen quedó postergada por ocho días, a fin de contar con la presencia de todos los senadores miembros y realizar un análisis más profundo.

La Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Senadores, presidida por el senador Silvio Ovelar, continuó con el análisis técnico del proyecto de ley de reforma del Sistema de Jubilaciones y Pensiones del Sector Público (Caja Fiscal).

^{Miembros de la Comisión de Hacienda con los gremios docentes.}

La mesa de trabajo contó con la participación de representantes de los ministerios de Economía y Finanzas y de Educación y Ciencias, de la Superintendencia de Jubilaciones, así como de gremios de docentes, policías y militares retirados.

Durante la reunión se abordaron las asimetrías existentes entre los distintos sectores que integran la Caja Fiscal. En ese contexto, la senadora Celeste Amarilla cuestionó la sostenibilidad del sistema vigente y señaló que el déficit termina siendo cubierto indirectamente por la ciudadanía.

^{Senadora Celeste Amarilla.}

Indicó que, si bien el magisterio constituye un sector relevante, el análisis legislativo debe contemplar el interés general y el impacto del sistema sobre el conjunto de la población.

Por su parte, el senador Alfonso Noria planteó la necesidad de explicar con claridad cuál sería el déficit remanente de la Caja Fiscal tras los aportes previstos para docentes y Estado. Señaló que, aun considerando los incrementos aprobados en la Cámara de Diputados —3 % para los docentes y 5 % para el Estado—, el aporte estimado rondaría los USD 50 millones, frente a un déficit superior a los USD 380 millones, por lo que el problema estructural no quedaría resuelto.

^{Senador Alfonso Noria.}

A su turno, el senador Silvio Ovelar advirtió que no se puede permitir la sanción ficta de una ley de tal relevancia en el Congreso Nacional, al considerar que ello afectaría la legitimidad institucional y el funcionamiento del sistema democrático.

^{Presidente de la Comisión de Hacienda, Senador Silvio Ovelar.}

POSTURA DE LOS GREMIOS
En representación de los gremios docentes, Silvio Piris y Gabriel Espínola, de la Unión Nacional de Educadores (UNE), expresaron su cautela respecto a los nuevos datos presentados por el Ministerio de Economía y Finanzas. Los referentes ratificaron su rechazo al establecimiento de una edad mínima de jubilación y al aumento de los aportes, argumentando que el descuento real podría alcanzar el 24,5 % si se incluye el seguro médico.

^{Senadores junto a representates de los gremios docentes.}

Asimismo, solicitaron que el aporte del Estado sea del 14 % para cubrir de manera efectiva el déficit del sector y cuestionaron la propuesta oficial de un incremento gradual del 1 % anual.

Plantearon además la necesidad de dotar a la Caja Fiscal de mayor autonomía administrativa y autarquía, a fin de que pueda operar con criterios financieros independientes del Ministerio de Economía y optimizar el uso de sus recursos.

^{Debate entre miembros de la Comisión de Hacienda con los gremios docentes.}

La Comisión de Hacienda y Presupuesto resolvió dar continuidad a esta mesa técnica la próxima semana, oportunidad en la que los gremios presentarán sus propuestas tras el análisis de la documentación digital remitida. El objetivo es avanzar hacia un consenso que permita el tratamiento del proyecto antes del 25 de marzo, evitando la sanción automática y procurando un equilibrio entre la sostenibilidad financiera del sistema y los derechos de los trabajadores.

La Comisión Permanente del Congreso Nacional, presidida por el senador Colym Soroka, llevó a cabo su última sesión ordinaria, en la que fueron analizados y aprobados diversos proyectos de declaración y pedidos de informes sobre temas de interés nacional.

_{Presidente de la Comisión Permanente, senador Colym Soroka durante la última sesión.}

La Comisión Permanente del Congreso Nacional, presidida por el senador Colym Soroka, realizó su última sesión ordinaria, durante la cual se analizaron y aprobaron diversos proyectos de declaración y pedidos de informes.

Al inicio de la sesión, el senador Soroka destacó el avance de la Comisión Permanente en el tratamiento de proyectos de relevancia nacional, como la reforma de la Caja Fiscal, resaltando la visibilidad otorgada a las personas afectadas y a los distintos gremios involucrados.

“ Hemos avanzado y espero continuar desde mi curul con el tema de la mafia de los pagarés, una situación que hemos denunciado. Vamos a solicitar al presidente del Congreso, senador Basilio Núñez, la convocatoria al fiscal general del Estado para una reunión que quedó pendiente”, señaló el legislador.

HOMENAJE A LA MUJER PARAGUAYA 

Durante la sesión, el senador Patrick Kemper rindió un homenaje a las mujeres paraguayas, en nombre de sus colegas y de las funcionarias que trabajan en el Congreso Nacional, destacando su rol fundamental como sostén y fuerza en el trabajo diario de la institución.

_{Integrantes de la Comisión Permanente durante la sesión.}

ORDEN DEL DÍA

Fue aprobado el Proyecto de Declaración “Que insta al Ministerio de Salud y Bienestar Social, con carácter de suma urgencia, a proveer un equipo de rayos X al Hospital Distrital de Minga Guazú”, presentado por el diputado Miguel Martínez, quien señaló que no se puede abandonar a la ciudadanía ante sus necesidades y que corresponde a los legisladores dar el primer paso para atender esta situación.

Asimismo, fueron tratados y aprobados varios proyectos presentados por el senador Patrick Kemper, entre ellos:

El Proyecto de Resolución “Que insta al Ministerio Público – Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales a iniciar las actuaciones correspondientes ante la ocupación constatada en el área silvestre protegida del lago Ypacaraí y humedales adyacentes”. Al respecto, el legislador mencionó las denuncias ciudadanas sobre conexiones clandestinas de electricidad, tala de árboles en zonas protegidas y otras situaciones alarmantes, señalando que el Congreso debe asumir un rol activo en el control de estas acciones.

Además, fueron aprobados proyectos de Resolución “Que piden informes” a las siguientes instituciones: Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES); Policía Nacional; Registro Unificado Nacional (RUN); Administración Nacional de Electricidad (ANDE); Instituto Forestal Nacional (INFONA); Gobernación del departamento de Cordillera; Municipalidad de San Bernardino; y Ministerio Público. Algunos de estos proyectos fueron aprobados con modificaciones.

_{Senadores durante la última sesión de la Comisión Permanete.}

OTROS PROYECTOS APROBADOS 

Entre los demás proyectos tratados y aprobados, se destacan:

Proyecto de Declaración “Que insta a la Municipalidad de San Lorenzo, departamento Central, a realizar trabajos de limpieza y mantenimiento en espacios públicos y privados, impulsando la eliminación de criaderos de mosquitos y otras alimañas transmisoras de enfermedades”, presentado por el diputado Luis Federico Franco.

_{Miembros de la Comsión Permanente.}

Proyecto de Declaración “Que insta a los gobiernos municipales a adoptar reglamentaciones y medidas de fiscalización de los espacios públicos y privados de acceso público, en protección de niños y adolescentes, conforme al artículo 54 de la Constitución Nacional”, presentado por la senadora Lizarella Valiente.

Proyecto de Declaración “Por la cual la Comisión Permanente del Congreso Nacional insta al Poder Ejecutivo, al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones y al Ministerio de Economía y Finanzas a reparar la ruta PY21, intersección con la ruta PY03, a la altura del km 100, tramo Juan de Mena – Cleto Romero – Carayaó, para vehículos pesados”, presentado por el senador José Oviedo.

Proyecto de Declaración “Que insta al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones a disponer la reparación y mantenimiento del tramo de la ruta PY D071: Guarambaré – Villeta”, presentado por el diputado Adrián Vaesken.

Proyecto de Declaración “Que insta al Poder Ejecutivo y al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones a iniciar la reparación de la ruta PY08 Dr. Blas Garay, tramo José Leandro Oviedo – San Pedro del Paraná – General Artigas – Coronel Bogado, departamento de Itapúa”, presentado por la diputada Vázquez Cabrera.

También fueron aprobados proyectos de resolución que solicitan informes al Crédito Agrícola de Habilitación (CAH), a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Miembros del Poder Legislativo, a la Corte Suprema de Justicia – Dirección General de los Registros Públicos, y nuevamente a la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), ante la falta de respuestas previas.

_{Debate sobre varios proyectos lesgislativos.}

Figura igualmente el Proyecto de Declaración “Que insta al Poder Ejecutivo a disponer la destitución del señor Eddie Jara Rojas, presidente de Petróleos Paraguayos (PETROPAR), ante la pérdida de confianza y los graves cuestionamientos a su gestión”, presentado por el diputado Miguel Martínez Núñez, el cual fue aprobado con dos votos en contra.

Finalmente, fue aprobado el Proyecto de Resolución “Que pide informes a la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) sobre la retención de cargas”, presentado por el senador Ever Villalba, y rechazado el Proyecto de Resolución “Que pide informes a la Corte Suprema de Justicia sobre las medidas cautelares otorgadas por la Sala Constitucional relativas a importaciones de productos bajo control de la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DINAVISA)”, presentado por la senadora Lilian Samaniego.