La creación de juzgados y tribunales especializados en violencia contra las mujeres fue el eje de una audiencia pública en la que senadoras, autoridades y representantes de la sociedad civil coincidieron en la necesidad de garantizar una protección efectiva a las víctimas. La propuesta legislativa busca agilizar el acceso a la justicia, evitar la revictimización y mejorar la coordinación de las respuestas judiciales.
Audiencia pública convocada por la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Senadores, presidida por la senadora Lilian Samaniego.
El encuentro se desarrolló en la sala bicameral del Congreso Nacional, en el marco de la defensa de la Ley Nº 5777/16, de Protección Integral a las Mujeres contra toda Forma de Violencia. Durante la jornada se analizó el proyecto de ley “Que crea juzgados y tribunales especializados en materia de violencia contra las mujeres”, presentado por varios senadores.
La iniciativa plantea establecer una jurisdicción especializada que permita superar las deficiencias del sistema actual y evitar que distintos órganos judiciales intervengan en un mismo caso con resoluciones contradictorias. Asimismo, pretende reducir las barreras que enfrentan las víctimas al acudir a múltiples instancias en busca de protección.
Durante su intervención, la presidenta de la Comisión de Equidad y Género, senadora Lilian Samaniego, principal impulsora de la propuesta, señaló que las mujeres que denuncian situaciones de violencia deben peregrinar por distintas instituciones sin obtener respuestas oportunas. En ese sentido, destacó la necesidad de capacitar al personal encargado de atender estos casos y garantizar una respuesta judicial eficaz.
En uso de la palabra la senadora Lilian Samaniego.
“Nadie tiene el derecho de quitarle la vida a otra persona. Esta es una causa nacional, por la sociedad paraguaya, por esa madre de familia, por esa mujer. Las mujeres no nos merecemos esto”, expresó.
La legisladora recordó que el tratamiento del proyecto en la Cámara de Senadores está previsto para el próximo 11 de noviembre.
Por su parte, la senadora Esperanza Martínez mencionó que, según los datos expuestos durante la audiencia, en lo que va del año se registraron aproximadamente 22 feminicidios y 29 intentos de feminicidio. Añadió que estos hechos dejaron 39 hijos e hijas afectados, entre ellos 27 menores de edad.
Ante esta situación, sostuvo que es necesario fortalecer los mecanismos de prevención, protección y acompañamiento a las víctimas, y reivindicó el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia.
Senadora Esperanza Martínez.
PREVENCIÓN Y ACCESO A LA JUSTICIA
La ministra de la Mujer, doctora Alicia Pomata, señaló que la lucha contra la violencia debe comenzar con la prevención y que el acceso a la justicia no puede convertirse en un recorrido interminable para las víctimas. Asimismo, instó a promover una transformación sociocultural que contribuya a erradicar las conductas que justifican la violencia contra las mujeres.
A su turno, Myrian González, directora ejecutiva del Centro de Documentación y Estudios (CDE), sostuvo que esta violencia es consecuencia de las desigualdades de género. Llamó a cuestionar los patrones de crianza que promueven la obediencia y el silencio de las niñas ante situaciones de violencia, y destacó la importancia de fortalecer la educación sexual.
María Rocío Casco, representante del Grupo Impulsor de Paridad Democrática, presentó un diagnóstico sobre la violencia de género, cuestionó su normalización en la sociedad y enfatizó la necesidad de contar con sanciones eficaces.
Vista general de la audiencia pública.
En representación de la Secretaría Ejecutiva de la Oficina Técnica Penal de la Corte Suprema de Justicia, Silvana Luraghi destacó que los juzgados especializados deberán contar con personal capacitado en derechos humanos y perspectiva de género. Advirtió, además, que las mujeres en situación de pobreza, con discapacidad o con dificultades de acceso a la educación enfrentan barreras adicionales para acceder a la justicia.
Por su parte, la doctora Susana Granado, presidenta de la Asociación de Jueces de Paz del Paraguay, manifestó que cada feminicidio deja una familia afectada y niños en situación de orfandad. En ese contexto, resaltó la importancia de invertir en mecanismos judiciales que permitan actuar de manera preventiva y proteger a las mujeres antes de que la violencia tenga consecuencias irreparables.
TESTIMONIOS Y APORTES DE LA SOCIEDAD CIVIL
Durante la audiencia, Gloria Zapatini, integrante de la asociación “Yo te creo Paraguay” y sobreviviente de violencia familiar que quedó con discapacidad, planteó la necesidad de garantizar el cumplimiento efectivo de la ley. También destacó que las personas que conocen situaciones de riesgo pueden acompañar a las víctimas y contribuir a salvar vidas.
La actividad se realizó desde la sala bicameral del Congreso Nacional.
En la misma línea, Lucía Sandoval, víctima de violencia doméstica, sostuvo que “un papel no detiene la violencia” y llamó a humanizar la justicia, de modo que las respuestas institucionales contemplen la realidad de las mujeres que buscan protección.
Tina Alvarenga, coordinadora de la Articulación de Mujeres Indígenas del Paraguay (MIPY), advirtió sobre las múltiples formas de violencia que enfrentan las mujeres indígenas, entre ellas las vinculadas al crimen organizado, el racismo y el despojo de sus tierras.
Finalmente, Angie Prieto, periodista e integrante de la Red de Mujeres Periodistas y Comunicadoras del Paraguay, sostuvo que no se puede permitir que una mujer deba morir para que se respeten sus derechos. “Basta de violencia”, remarcó.
Las intervenciones pusieron de relieve la necesidad de acompañar la especialización judicial con personal capacitado, mecanismos de prevención y una atención que contemple las distintas condiciones de vulnerabilidad de las mujeres.
La creación de juzgados y tribunales especializados en violencia contra las mujeres fue el eje de debate en la audiencia pública.
