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El presidente de la Comisión Nacional de Defensa de los Recursos Naturales (CONADERNA), senador Juan Carlos Galaverna (h), participó de la actividad de extensión académica denominada “El problema del agua en el mundo”, desarrollada en la Sala Bicameral del Congreso Nacional.

_{Presidente de la CONADERNA, senador Juan Carlos Galaverna (h) durante la actividad.}

La iniciativa, organizada conjuntamente por el Instituto Superior de la Academia Legislativa (ISAL), la CONADERNA y la Universidad Americana, recreó el funcionamiento de las Naciones Unidas mediante la participación de estudiantes, con el propósito de promover el análisis y el debate sobre uno de los principales desafíos ambientales a escala global.

Durante el acto de apertura, el titular de la CONADERNA destacó la cooperación entre las instituciones organizadoras y valoró el respaldo brindado por el Congreso Nacional para el desarrollo de este tipo de iniciativas académicas.

En ese contexto, señaló que uno de los principales objetivos del encuentro fue apostar al potencial transformador de la juventud paraguaya. Asimismo, resaltó que estos espacios contribuyen al desarrollo de competencias esenciales para la formación de futuros líderes.

“El liderazgo no se hereda, se forja, y este es el escenario donde ustedes ejercerán la negociación, el pensamiento crítico y la diplomacia ambiental”, expresó el legislador.

_{Senador Juan Carlos Galaverna (h).}

Indicó, además, que la presente edición se desarrolló bajo el lema “Política exterior, desarrollo sostenible y gestión del agua como derecho humano”, en consonancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), especialmente con el ODS 4, referente a la educación de calidad, y el ODS 6, relacionado con el acceso al agua limpia y al saneamiento.

Durante su intervención, el senador Galaverna remarcó que el acceso al agua constituye un derecho humano fundamental. “El agua no es una mercancía; es un derecho humano fundamental y la fuente de vida de nuestras comunidades. Defenderla es un deber ético e irrenunciable”, afirmó.

Finalmente, instó a los jóvenes a debatir con valentía, escuchar con empatía y comprender que el futuro ambiental del país y del mundo se construye a partir de las decisiones y convicciones asumidas en el presente.

_{Jóvenes durante el evento.}

Por su parte, el director general del Instituto Superior de la Academia Legislativa, doctor Christian Gadea, alentó a los participantes a contribuir a la construcción de un mundo más amplio y plural, en el que todas las voces puedan ser escuchadas.

En ese sentido, destacó que el ejercicio permite a los jóvenes practicar el diálogo y la convivencia entre distintas perspectivas, valores que, según señaló, deben ser recuperados y fortalecidos.

Durante la actividad, los estudiantes asumieron la representación de distintos países y participaron de un ejercicio de intercambio de ideas, negociación y búsqueda de consensos en torno a la problemática del agua y los desafíos ambientales.

_{El director general del Instituto Superior de la Academia Legislativa, doctor Christian Gadea, participó de la actividad junto al senador Juan Carlos Galaverna (h).}

La Comisión de Salud Pública y Seguridad Social, conjuntamente con la Comisión de Industria y Comercio, llevó a cabo una mesa de trabajo para analizar el proyecto de Ley “Que establece el marco general para promover y regular técnicamente la desecación, fraccionamiento, fabricación, envasado, distribución, comercialización, importación y exportación de drogas vegetales y preparados de drogas vegetales”, vinculados tradicionalmente en nuestro país con el “pohã ñana”.

^{Vista general de la actividad que tuvo lugar en la sala de reuniones “Eusebio Ayala”, del Senado.}

Al término de la reunión, el senador Luis Pettengill, presidente de la Comisión de Industria y Comercio, quien encabezó el encuentro, explicó que la iniciativa busca establecer criterios técnicos y regulatorios para las distintas etapas de procesamiento y comercialización de las plantas medicinales, promoviendo, al mismo tiempo, la incorporación de sus productores al circuito formal.

La mesa de trabajo contó con la participación del senador Ramón Retamozo, uno de los proyectistas, así como de representantes de la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DINAVISA), el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social y otras instituciones vinculadas con la regulación del sector.

El senador Pettengill explicó que el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE) tendría competencia sobre los aspectos relacionados con la producción vegetal, mientras que DINAVISA intervendría en lo referente a los productos elaborados con fines medicinales. En ese sentido, destacó la importancia de una adecuada coordinación interinstitucional para establecer una regulación clara y efectiva.

^{Senador Luis Pettengill, presidente de la Comisión de Industria y Comercio.} 

Asimismo, señaló que los representantes de las instituciones sanitarias coincidieron en la necesidad de contar con un marco legal que establezca mecanismos claros de control y procedimientos adecuados para el sector.

El legislador indicó que la propuesta contempla una diferenciación entre el “pohã ñana” destinado al consumo en estado natural, sin procesos de transformación, y los productos que atraviesan etapas de elaboración, como jarabes u otras presentaciones. En este último caso, correspondería la intervención de DINAVISA.

Por otra parte, sostuvo que uno de los principales objetivos de la iniciativa es brindar respaldo legal a los productores, especialmente a quienes forman parte de la agricultura familiar campesina, de modo que puedan incorporarse progresivamente a la formalidad, acceder al Registro Único del Contribuyente (RUC) y, posteriormente, a herramientas del sistema financiero.

^{La mesa de trabajo contó con la participación del senador Ramón Retamozo, uno de los proyectistas.}

En ese contexto, consideró necesario acompañar la evolución de las modalidades de comercialización y pago, teniendo en cuenta la creciente utilización de medios electrónicos y servicios bancarios. Al respecto, resaltó la importancia de generar condiciones que permitan a los pequeños productores acceder a estas herramientas.

Finalmente, el senador Pettengill expresó su expectativa de que la iniciativa contribuya a incorporar a más paraguayos al proceso de formalización y desarrollo económico, especialmente a emprendedores y microempresarios vinculados con el sector de las plantas medicinales.

“Tenemos mucha esperanza de que esta iniciativa permita incluir a todos los paraguayos en estos avances. Será de gran ayuda para los emprendedores y microempresarios. Hoy pudimos avanzar mucho y seguiremos trabajando hasta alcanzar el objetivo ideal”, concluyó.

^{La reunión contó con la presencia de senadores, técnicos de ambas comisiones y representantes de instituciones afectadas al proyecto.}

La Comisión de Relaciones Exteriores y Asuntos Internacionales, presidida por el senador Antonio Barrios, recomendó aprobar el acuerdo internacional orientado a la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad marina en zonas situadas fuera de las jurisdicciones nacionales. La propuesta recibió el respaldo de la mayoría de los integrantes del órgano asesor.

^{Senador Antonio Barrios, presidente de la comisión.} 

Durante la reunión ordinaria, desarrollada bajo modalidad mixta, fue analizado el proyecto de ley “Que aprueba el Acuerdo en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar relativo a la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica marina de las zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional”, adoptado en Nueva York, Estados Unidos de América.

Al exponer los fundamentos de la iniciativa, el senador Antonio Barrios explicó que el documento, conocido como Acuerdo BBNJ por sus siglas en inglés, es el resultado de un proceso de negociaciones intergubernamentales desarrollado bajo los auspicios de las Naciones Unidas entre 2017 y 2023.

El proceso concluyó con la adopción, por consenso, de un instrumento internacional jurídicamente vinculante, cuyo objetivo es garantizar la conservación y el aprovechamiento sostenible de la biodiversidad marina, tanto en el presente como a largo plazo, mediante una mayor cooperación y coordinación entre los países.

El legislador señaló que el acuerdo contempla cuatro componentes principales: los recursos genéticos marinos y la participación justa y equitativa en sus beneficios; las medidas de gestión basadas en áreas, incluidas las áreas marinas protegidas; las evaluaciones de impacto ambiental; y la creación de capacidades y transferencia de tecnología.

^{Senadores conectados a través de la plataforma Zoom.}  

Asimismo, el instrumento establece un mecanismo financiero y contempla disposiciones institucionales, además de reconocer expresamente las necesidades especiales de los países sin litoral. Estas previsiones abarcan el acceso a los beneficios derivados de los recursos genéticos marinos, así como la participación en programas de financiamiento, capacitación y transferencia tecnológica.

En ese contexto, el senador Antonio Barrios destacó que la aprobación del acuerdo representa una oportunidad para fortalecer las capacidades nacionales en materia de biodiversidad, ciencia oceánica y diplomacia ambiental.

También mencionó la importancia de la Hidrovía Paraguay–Paraná como arteria vital para la economía nacional y su conexión con los océanos dentro de un ecosistema interdependiente. En ese sentido, sostuvo que un marco global de protección y uso sostenible de la biodiversidad marina contribuye a preservar la estabilidad ecológica de los sistemas conectados.

Finalmente, afirmó que la adhesión a este instrumento permitirá fortalecer la imagen internacional del Paraguay como país comprometido con la sostenibilidad, la gobernanza ambiental mundial y la defensa del multilateralismo.

Tras el análisis, la comisión recomendó aprobar el proyecto de ley con el respaldo de la mayoría de sus integrantes.

La Comisión de Industria y Comercio, presidida por el senador Luis Pettengill, analizó dos proyectos de Ley orientados a fortalecer la producción frutihortícola nacional, promover la participación de la agricultura familiar en el programa Hambre Cero y establecer un régimen para la importación de productos frutihortícolas. Ambas iniciativas obtuvieron dictamen favorable con modificaciones, tras el análisis con representantes de los sectores productivos, comerciales y de instituciones públicas.

^{La reunión fue dirigida por el senador Luis Pettengill, presidente de la comisión.} 

Durante la reunión ordinaria, los legisladores analizaron, en primer término, el proyecto de Ley “Que modifica y amplía el artículo 9° de la Ley N° 7264/2024 ‘Que crea el Fondo Nacional de Alimentación Escolar para la Universalización Equitativa de la Alimentación Escolar (Hambre Cero en nuestras escuelas y Sistema Educativo), modifica y amplía la Ley N° 5210/2014 de Alimentación Escolar y Control Sanitario y sus posteriores modificaciones y modifica la Ley N° 6628/2020’”, presentado por el senador Colym Soroka.

Al respecto, el senador Luis Pettengill explicó que la propuesta plantea elevar del 10% al 40%, como mínimo, el porcentaje de adquisición directa de productos nacionales provenientes de la agricultura familiar campesina, cuyos productores se encuentren registrados en el Registro Nacional de la Agricultura Familiar (RENAF), para la provisión del programa Hambre Cero.

^{Vista general de la reunión.} 

Asimismo, señaló que la iniciativa otorga potestad al Consejo Nacional de Alimentación Escolar (CONAE) para aumentar, mediante resolución fundada, el porcentaje establecido como mínimo. Además, incorpora disposiciones relacionadas con las faltas y sanciones administrativas aplicables en caso de incumplimiento de la normativa.

Para el análisis de esta propuesta participaron representantes de diversos gremios de la producción y comercialización frutihortícola, quienes expusieron sus inquietudes y planteamientos. También estuvieron presentes representantes del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE).

El senador Pettengill destacó que, tras el intercambio de opiniones, se logró un consenso entre los sectores participantes y se recomendó la aprobación del proyecto con modificaciones. Asimismo, resaltó la presencia del proyectista, senador Colym Soroka, quien viene trabajando en la iniciativa desde hace más de un año.

RÉGIMEN PARA LA IMPORTACIÓN

Posteriormente, la comisión analizó el proyecto de Ley “Que establece el régimen para la importación de productos frutihortícolas en estado natural y crea el Consejo Nacional Frutihortícola”, también presentado por el senador Colym Soroka.

^{Senador Colym Soroka, proyectista de ambas iniciativas.} 

Sobre esta propuesta, el legislador Pettengill explicó que el objetivo es establecer un mecanismo que permita regular la importación de determinados productos frutihortícolas durante los periodos en que la producción nacional no sea suficiente para cubrir la demanda.

En ese sentido, explicó que el proyecto contempla la creación del Consejo Nacional Frutihortícola, integrado por representantes del sector público y privado. Por parte del Estado, participarían representantes del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y del SENAVE, mientras que el sector privado estaría representado por gremios vinculados a los diferentes rubros de la producción y la comercialización.

El legislador señaló que este esquema permitiría que las decisiones sobre la importación de frutas y hortalizas sean adoptadas de manera conjunta por los sectores involucrados, especialmente en aquellos periodos en que determinados productos, como el tomate, no se encuentren disponibles en cantidad suficiente a nivel nacional.

^{El encuentro se realizó desde la sala de reuniones de la comisión.} 

Asimismo, mencionó que durante el análisis también se planteó la necesidad de buscar mecanismos para preservar y almacenar los productos durante las épocas de mayor producción, de manera a disponer de ellos en los periodos de menor oferta.

El senador destacó la importancia de que las decisiones no queden concentradas en una sola persona o institución, sino que sean resultado de la participación de los distintos sectores vinculados a la producción, comercialización y control de los productos frutihortícolas.

Tras el análisis y el intercambio de propuestas, la comisión recomendó igualmente la aprobación del proyecto con modificaciones, con el propósito de dotarlo de mayor viabilidad.

^{La reunión se realizó de manera presencial y virtual.} 

Finalmente, el titular de la comisión destacó la importancia de ambas iniciativas para el sector de la agricultura familiar y la producción nacional. “Pensamos que estos proyectos serán de gran utilidad para toda la producción familiar que tenemos en Paraguay. Estamos hablando de entre 40 y 50 mil inscriptos en el sistema”, señaló.

Agregó que se prevé realizar un censo, a través del Instituto Nacional de Estadística (INE), con el objetivo de conocer con mayor precisión la cantidad de personas que trabajan en el sector y garantizar la participación de todos los actores involucrados.

^{Análisis de los proyectos legislativos.} 

La Comisión de Derechos Humanos, presidida por el senador Mario Varela, se reunió en la fecha para abordar la situación laboral de trabajadores y jubilados de la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay S.A. (ESSAP) y de la Compañía Paraguaya de Comunicaciones S.A. (COPACO), así como analizar mecanismos de mediación institucional que permitan avanzar en la atención de los reclamos planteados.

^{Senadores Mario Varela, presidente de la comisión y Rafael Filizzola.} 

Durante la reunión, la comisión recibió en audiencia a autoridades de ESSAP, COPACO y de la Dirección General de Empresas Públicas del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), con el objetivo de conocer el estado de las demandas judiciales y las obligaciones pendientes con trabajadores y jubilados de ambas instituciones.

El presidente de la comisión, senador Mario Varela, destacó que el rol de la instancia legislativa es intermediar entre las partes y articular acciones concretas que permitan alcanzar respuestas claras y soluciones para los afectados. Asimismo, explicó que ambas entidades, debido a su naturaleza jurídica y a la composición de su capital público, enfrentan situaciones particulares, por lo que los trabajadores y jubilados solicitaron la intervención de la comisión para avanzar en el cumplimiento de sus derechos.

CASO ESSAP

En uso de la palabra, el presidente de ESSAP, Abg. Luis Fernando Bernal, explicó que la empresa se encuentra sujeta a las disposiciones del derecho público y que, al tratarse de una sociedad anónima de capital público, sus bienes tienen carácter inembargable. No obstante, aseguró que existe predisposición para cumplir las sentencias judiciales y honrar las obligaciones pendientes en el menor tiempo posible.

En ese sentido, indicó que el monto total de las obligaciones asciende aproximadamente a G. 2.900.000.000, entre capital e intereses, por lo que planteó la necesidad de contar con la correspondiente cobertura presupuestaria.

^{Presidente de ESSAP, Abg. Luis Fernando Bernal.} 

El Abg. Rubén Allende, en representación de los trabajadores afectados, explicó que el reclamo se inició en 2002, cuando 729 trabajadores promovieron una demanda relacionada con un reajuste salarial. Señaló que, posteriormente, con la transformación de la entonces CORPOSANA y el proceso de transición entre los regímenes privado y público, los trabajadores no pudieron hacer efectivo el derecho reconocido mediante sentencia judicial. Añadió que recién en 2015 se produjo la resolución de liquidación correspondiente.

A su turno, Carmelo Rojas, uno de los trabajadores afectados, calificó la situación de preocupante y manifestó la necesidad de encontrar una solución que permita atender los reclamos pendientes.

^{De manera virtual participó la senadora Lizarella Valiente.} 

Seguidamente, la senadora Lizarella Valiente sostuvo que los trabajadores cuentan con derechos adquiridos que deben ser respetados y afirmó que el Estado paraguayo debe honrar lo establecido en la Constitución Nacional. “Una empresa estatal debe ser ejemplo”, señaló.

Asimismo, el senador Rafael Filizzola propuso dar continuidad al tratamiento del caso mediante la conformación de una mesa de trabajo entre las instituciones involucradas y los representantes de los trabajadores.

^{La reunión se realizó desde el salón Acosta Ñu de la Cámara Alta.} 

CASO COPACO

Posteriormente, se abordó la situación de los trabajadores y jubilados de COPACO. El Abg. José Oxilia, representante de un grupo de 40 personas afectadas, informó que 30 de ellas ya cuentan con sentencias judiciales favorables. Los reclamos comprenden, entre otros conceptos, aguinaldos proporcionales, salarios caídos y vacaciones causadas.

Explicó que COPACO pasó de ser considerada una empresa privada a una empresa pública, situación que, según señaló, derivó en el levantamiento de embargos y dificultó el cumplimiento de las obligaciones reconocidas judicialmente.

Por su parte, el Abg. Marcelo Bordas, representante de aproximadamente 200 personas afectadas, manifestó que los trabajadores no buscan únicamente una mediación, sino acciones concretas para resolver una problemática que, según indicó, se extiende desde hace varios años.

En representación de COPACO, la Dra. Johana Mongelós informó que actualmente existen alrededor de 680 demandas promovidas por jubilados en reclamo de sus haberes, con una deuda que asciende aproximadamente a G. 114.000.000.000, incluidos los intereses moratorios. Señaló que las obligaciones reclamadas corresponden a administraciones anteriores; no obstante, aseguró que la empresa presupuestará los recursos necesarios para dar cumplimiento a las sentencias judiciales.

^{Vista general de la reunión.} 

Al respecto, el senador Rafael Filizzola sostuvo que la empresa no puede continuar funcionando a costa del incumplimiento de sus obligaciones laborales, por lo que consideró necesario avanzar en una solución que permita atender los reclamos pendientes.

Finalmente, el presidente de la comisión, senador Mario Varela, propuso realizar una sesión conjunta con las comisiones de Hacienda y Presupuesto, y de Cuentas y Control, con el objetivo de analizar una eventual cobertura presupuestaria y establecer alternativas de solución a corto, mediano y largo plazo.

^{Senadores e invitados analizan situación laboral de trabajadores y jubilados de ESSAP y COPACO.} 

La Comisión de Legislación, Codificación, Justicia y Trabajo, presidida por el senador Derlis Maidana, se reunió en modalidad presencial y virtual para analizar varios proyectos incluidos en su agenda. 

_{El presidente de la comisión de Legislación, senador Derlis Maidana, junto al senador Luis Pettengill durante la reunión del ente asesor.}

En primer término, la comisión analizó el Mensaje Nº 396 por el cual el Poder Ejecutivo remite el Decreto Nº 6.259/2026, que objeta totalmente el proyecto de Ley Nº 7678/2026, presentado por el senador Silvio Ovelar, y que plantea modificaciones al artículo 9° de la Ley Nº 7264/2024, que crea el Fondo Nacional de Alimentación Escolar para la Universalización Equitativa de la Alimentación Escolar (Hambre Cero en nuestras escuelas y sistema educativo), además de introducir modificaciones a otras disposiciones vinculadas con la alimentación escolar, la gratuidad de la educación superior y el FONACIDE.

Tras el análisis, la comisión recomendó aceptar la objeción total formulada por el Poder Ejecutivo, teniendo en cuenta los argumentos expuestos en el decreto, principalmente los relacionados con cuestiones de técnica legislativa y coherencia sistemática.

Asimismo, durante el estudio se señaló que la redacción finalmente sancionada no incorpora una nueva disposición, por lo que los integrantes consideraron pertinente acompañar la objeción planteada por el Poder Ejecutivo.

_{Senador Derlis Maidana.}

REUNIÓN CONJUNTA

Posteriormente, integrantes de la Comisión de Legislación se reunieron de manera conjunta con la Comisión de Economía, Desarrollo e Integración Económica Latinoamericana, presidida por el senador Carlos Núñez, para analizar dos proyectos incluidos en el orden del día.

Uno de ellos es el proyecto de Ley “Que modifica y amplía el artículo 9° de la Ley N.º 7264/2024”, que crea el Fondo Nacional de Alimentación Escolar para la Universalización Equitativa de la Alimentación Escolar (Hambre Cero en nuestras escuelas y sistema educativo), presentado por el senador Colym Soroka.

Considerando que la propuesta fue recientemente ingresada y que los informes solicitados a distintas instituciones aún se encuentran dentro del plazo establecido para su remisión, las comisiones resolvieron postergar su tratamiento, a fin de contar con dichos antecedentes antes de avanzar con el estudio de la iniciativa.

_{Miembros de la comsión de Legislación junto al equipó técnico - asesor.}

También fue analizado el proyecto de Ley “Que establece el régimen para la importación de productos frutihortícolas en estado natural y crea el Consejo Nacional Frutihortícola”, presentado por el senador Colym Soroka.

La iniciativa propone establecer un marco regulatorio para la importación de frutas y hortalizas durante períodos de insuficiencia de la producción nacional, con el objetivo de compatibilizar el abastecimiento alimentario con la protección de los productores locales, la competencia leal y el acceso de los consumidores a productos de calidad y a precios justos. 

Este punto también quedó postergado, debido a que los legisladores solicitaron informes a las instituciones involucradas y resolvieron aguardar las respuestas antes de emitir el dictamen correspondiente.

LICENCIAS DE CONDUCIR PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA

Otro de los proyectos examinados fue el proyecto de Ley “Que regula el otorgamiento de licencias de conducir a las personas con discapacidad auditiva, estableciendo mecanismos de evaluación, adaptación y conducción segura, conforme al principio de igualdad y no discriminación”, presentado por el diputado Alejandro Aguilera.

Durante el análisis, el senador Luis Pettengill planteó la necesidad de verificar los modelos y normativas aplicados en otros países. Asimismo, manifestó su preocupación respecto de las dificultades que podría enfrentar una persona con discapacidad auditiva para percibir sonidos que pueden resultar relevantes durante la conducción, como las sirenas de ambulancias, bocinas y otras señales acústicas.

Por su parte, el senador Ignacio Iramain señaló que países como España ya cuentan con normativas sobre la materia. No obstante, advirtió que los niveles de control, infraestructura y señalización existentes en esos países pueden ser diferentes a los de Paraguay, aspecto que consideró necesario tener en cuenta durante el análisis de la propuesta.

Finalmente, la comisión resolvió postergar el tratamiento del proyecto y aguardar el resultado de la reunión de la Comisión de Derechos para las Personas con Discapacidad, por tratarse del ente asesor competente en la materia, antes de emitir el dictamen correspondiente.

_{La reunión se realizó bajo la modalidad mixta (presencial y virtual).}

El senador Walter Kobylanski, presidente de la Comisión de Pueblos Indígenas de la Cámara de Senadores, participó de una mesa de diálogo entre autoridades del gobierno nacional y representantes de la Coordinadora de Líderes Indígenas del Bajo Chaco (CLIBCH), con el propósito de escuchar sus principales reclamos, articular acciones y avanzar en la búsqueda de soluciones para las comunidades de la zona.

^{El senador Walter Kobylanski, presidente de la Comisión de Pueblos Indígenas y el titular del INDI, Hugo Samaniego.}

Durante la reunión fueron abordadas las principales demandas planteadas por las comunidades indígenas del Bajo Chaco, nucleadas en la CLIBCH, entre ellas la regularización y adquisición de tierras ancestrales, la mejora y habilitación de caminos de todo tiempo y el fortalecimiento del presupuesto destinado a los pueblos indígenas.

En ese contexto, se establecieron líneas de trabajo y acciones conjuntas entre las instituciones involucradas, con el objetivo de dar seguimiento a los reclamos y avanzar hacia respuestas concretas. La participación del senador Kobylanski permitió fortalecer el vínculo entre el ámbito legislativo y las instituciones del Poder Ejecutivo involucradas en la atención de las comunidades indígenas.

La mesa de diálogo se realizó luego de la medida de fuerza llevada adelante por comunidades indígenas del Bajo Chaco, que incluyó el cierre de la ruta que une Pozo Colorado, en el departamento de Presidente Hayes, con Concepción. Tras el diálogo mantenido con las autoridades y el compromiso de dar seguimiento a sus principales reclamos, la medida fue levantada.

^{El encuentro se desarrolló en la sede del Instituto Paraguayo del Indígena (INDI), en Asunción.}

PRÓXIMAS ACCIONES

Como parte del seguimiento, se acordó realizar una nueva reunión el próximo 10 de setiembre en la Cámara de Senadores, coordinada por la Comisión de Pueblos Indígenas. En la oportunidad participarán líderes indígenas del Bajo Chaco y representantes de diversas instituciones públicas, con el objetivo de evaluar los avances y continuar trabajando en torno a las demandas planteadas.

El encuentro se desarrolló en la sede del Instituto Paraguayo del Indígena (INDI), en Asunción, y estuvo encabezado por su presidente, Hugo Samaniego, acompañado de directores misionales de la institución. Participaron, además, la viceministra de Agricultura Familiar Campesina e Indígena del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), Ing. Mariela Duarte; representantes del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT) y de la Policía Nacional, así como asesores de la organización Tierraviva.

^{Mesa de diálogo entre autoridades y representantes de la Coordinadora de Líderes Indígenas del Bajo Chaco (CLIBCH).}

Cabe mencionar que, días atrás, el senador Walter Kobylanski mantuvo una reunión con el presidente del INDI, Hugo Samaniego, con el propósito de articular acciones y coordinar respuestas a las solicitudes planteadas por distintas comunidades indígenas del país.

De esta manera, la Comisión de Pueblos Indígenas prevé acompañar y dar seguimiento institucional a las demandas de las comunidades del Bajo Chaco, promoviendo la articulación entre los diferentes organismos del Estado y los representantes de los pueblos indígenas.

En sesión extraordinaria, la Comisión de Asuntos Constitucionales, Defensa Nacional y Fuerza Pública, presidida por el senador Javier Zacarías Irún, aprobó por mayoría la nómina de 36 postulantes para los cargos de Contralor y Subcontralor General de la República, conforme a las disposiciones constitucionales. La lista será remitida al Pleno de la Cámara de Senadores para su consideración.

_{Presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, senador Javier Zacarías Irún.}

A moción del senador Dionisio Amarilla, los integrantes de la comisión aprobaron por mayoría la nómina de 36 postulantes a los cargos de Contralor y Subcontralor General de la República, en el marco del estudio de la Nota N° 51 de la Secretaría General de la Cámara de Senadores, mediante la cual fue remitida la nómina oficial de ciudadanos postulados para integrar la conducción de la Contraloría General de la República (CGR).

Asimismo, los legisladores aprobaron la exclusión de cuatro postulantes por no reunir los requisitos legales, de otros cuatro que estuvieron ausentes en las audiencias y de cinco postulantes que presentaron su renuncia, reduciéndose de esta manera la lista inicial de 49 postulantes a 36.

Los senadores Natalicio Chase y Pedro Díaz Verón acompañaron la moción de aprobación de la nómina de 36 postulantes.

_{Senadores durante la votación.}

DICTAMEN JURÍDICO

Durante el debate, los legisladores analizaron el dictamen del asesor jurídico externo de la Presidencia de la Cámara de Senadores, Dr. Emilio Camacho, relacionado con la habilitación para la postulación del actual Contralor General de la República, Camilo Benítez Aldana.

Tras la lectura del dictamen, el senador Líder Amarilla planteó la exclusión de Benítez Aldana, argumentando que, conforme a disposiciones constitucionales, no podría volver a ejercer el cargo debido a que ya fue confirmado en el año 2021 por un periodo adicional, pero su propuesta no prosperó.

_{Senador Líder Amarilla.}

Por su parte, el vicepresidente primero de la Cámara de Senadores, senador Ramón Retamozo, sostuvo que corresponde habilitar la postulación de Camilo Benítez Aldana, conforme al artículo 281 de la Constitución Nacional y al artículo 3° de la Ley N° 276/94 “Orgánica y Funcional de la Contraloría General de la República”.

_{Vicepresidente primero de la Cámara Alta, senador Ramón Retamozo.}

Por otro lado, el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, senador Javier Zacarías Irún, explicó que, una vez aprobada la nómina de postulantes a Contralor y Subcontralor General de la República, será remitida a la Presidencia de la Cámara de Senadores para su posterior derivación al Pleno. Señaló que corresponde al Senado conformar las ternas que deberán ser remitidas a la Cámara de Diputados antes del 1 de septiembre.

“De los 49 postulantes iniciales han quedado 36, de los cuales hemos evaluado los currículums, la trayectoria, si fueron funcionarios públicos, si han llenado los requisitos formales y legales”, explicó el legislador.

De la reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales participaron de manera presencial los senadores Natalicio Chase, Lizarella Valiente, Ramón Retamozo, Líder Amarilla y Dionisio Amarilla. De manera virtual, a través de la plataforma Zoom, participaron los senadores Carlos Núñez, Derlis Maidana, Pedro Díaz Verón, Mario Varela y Edgar López.

_{La sesión extraordinaria de la comisión asesora se realizó bajo la modalidad mixta. (presencial y virtual).}

A instancias del vicepresidente primero de la Cámara Alta, senador Ramón Retamozo, la Comisión Especial de Investigación que indaga hechos relacionados con la emisión, comercialización y utilización de títulos, diplomas y certificaciones de Educación Superior, Formación Técnica, Profesional y de Posgrado, presuntamente falsos o irregulares, recibió este jueves al ministro de Educación y Ciencias (MEC), Luis Ramírez, y a la rectora de la Universidad Internacional Tres Fronteras (UNINTER), Ing. Natalia Duarte, a fin de recabar información y documentación relacionada con la formación académica del legislador.

^{Reunión de la Comisión Especial con autoridades invitadas.} 

Al inicio de la reunión, el presidente de la comisión, senador Patrick Kemper, dio lectura íntegra a la nota presentada por el senador Ramón Retamozo, mediante la cual solicitó la convocatoria de las autoridades mencionadas, ante la difusión de informaciones que, según señaló, fueron publicadas de manera sesgada con respecto a su formación académica, específicamente sobre los documentos relacionados con su título de grado y certificado de estudios de la carrera de Derecho.

En uso de la palabra, el senador Ramón Retamozo manifestó que la situación le afecta profundamente y brindó explicaciones respecto a su formación académica. Señaló que, en la carrera de Derecho que cursó en la institución, no se contemplaba la elaboración de una tesis como requisito para la culminación de los estudios, sino un examen final basado en la defensa de materias del área técnico-jurídica.

Asimismo, el legislador presentó fotografías, documentos con firmas y otros elementos que, según explicó, respaldan el proceso académico que realizó.

^{Senador Ramón Retamozo, vicepresidente primero de la Cámara de Senadores.} 

Por su parte, la rectora de la Universidad Internacional Tres Fronteras (UNINTER), Ing. Natalia Duarte, explicó que la universidad fue creada en el año 2003 y que su primera sede estuvo ubicada en el microcentro de Ciudad del Este. Señaló que actualmente la institución cuenta con siete filiales en distintos puntos del interior del país y que, a lo largo de su historia, tuvo cuatro administraciones. Asimismo, afirmó que el 100 % de las carreras de la universidad se encuentran acreditadas o en proceso de acreditación y que actualmente cuenta con aproximadamente 3.200 estudiantes.

^{Rectora de la Universidad Internacional Tres Fronteras (UNINTER), Ing. Natalia Duarte.} 

A su turno, el ministro del MEC, Luis Ramírez, se refirió al caso relacionado con el senador Ramón Retamozo y señaló que la situación será analizada conforme al marco establecido por la Ley Nº 2529/2006.

Durante el debate, la senadora Esperanza Martínez manifestó su interés en conocer y analizar el proceso de acreditación de la universidad, destacando la necesidad de realizar una trazabilidad de los procedimientos académicos y administrativos. En ese sentido, expresó su preocupación ante posibles inconsistencias, como casos en los que una carrera habría sido creada en un determinado año y, en ese mismo periodo, ya se habrían emitido títulos correspondientes a egresados.

A su turno, el senador Dionisio Amarilla planteó la necesidad de solicitar a la UNINTER la resolución que habilita el funcionamiento de la institución. También pidió información detallada sobre las carreras habilitadas a través del Consejo de Universidades, las autorizadas bajo el régimen establecido por la Ley Nº 2529 y aquellas habilitadas posteriormente, a partir de la vigencia de la Ley Nº 4995. Además, resaltó la importancia de que cada institución educativa resguarde el legajo de cada estudiante, a fin de contar con los elementos necesarios para verificar su historial académico.

^{Ministro del MEC, Luis Ramírez.} 

La senadora Yolanda Paredes sostuvo que corresponde realizar un análisis jurídico de toda la documentación relacionada con el caso y remarcó la importancia de que los integrantes de la comisión tengan acceso a los documentos necesarios para avanzar con la investigación.

Por su parte, el senador Patrick Kemper destacó que el objetivo de la reunión es recabar todos los datos necesarios para identificar y analizar las distintas situaciones e irregularidades planteadas ante la comisión.

El presidente de la comisión señaló que continuarán recabando documentación y otros elementos que permitan esclarecer los procedimientos relacionados con la habilitación de carreras, los procesos de acreditación y la emisión de títulos.

^{La reunión se realizó en la sala Paz del Chaco de la Cámara de Senadores.} 

COMPARECENCIA DE RECTORES DE OTRAS UNIVERSIDADES

Durante la jornada también comparecieron ante la comisión de investigación los rectores de las universidades Metropolitana, del Chaco, UNISAL, Guairá, UTCD, Santa Clara de Asís, Sudamericana y San Sebastián, quienes respondieron las consultas de los legisladores sobre los procesos de acreditación y otros aspectos vinculados con el funcionamiento de las instituciones y la investigación en curso.

^{La reunión se realizó en modalidad presencial y virtual.} 

Al término de la reunión, la vicepresidenta de la comisión, senadora Esperanza Martínez, explicó que fueron convocadas varias universidades y que, en esta primera etapa, se inició un proceso de interrogación y recopilación de información sobre el funcionamiento de estas instituciones.

“Indudablemente tenemos que recibir toda la información, hacer un esquema, resúmenes y, sobre esa base, adoptar las medidas posteriores e identificar si existe alguna situación de irregularidad, ampliar las informaciones y, en caso de encontrar irregularidades mayores, remitir los antecedentes al Ministerio Público o solicitar la intervención del CONES”, señaló.

La legisladora aclaró que la comisión se encuentra aún en una etapa de recopilación de información y adelantó que, tras las comparecencias, se solicitarán datos a la Fiscalía sobre las investigaciones relacionadas con títulos presuntamente irregulares. Asimismo, se requerirá al Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) información sobre sumarios administrativos y funcionarios desvinculados. Planteó, además, la necesidad de implementar de manera obligatoria el Registro Único del Estudiante (RUE), tanto para estudiantes como para docentes, de modo a garantizar la trazabilidad de sus trayectorias académicas. Consideró que este sistema también debería permitir el acceso a información oficial sobre las carreras, su acreditación, autoridades y carga académica. “Vamos a limpiar el sistema educativo y a garantizar la mayor calidad posible para la educación superior en Paraguay”, sostuvo la legisladora.

En otro momento, expresó la necesidad de trabajar en una nueva Ley de Educación Superior que permita redefinir las funciones y competencias del Consejo Nacional de Educación Superior (CONES), la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES) y el MEC, además de establecer límites claros en materia de autonomía universitaria.

En ese contexto, sugirió también recurrir a herramientas de inteligencia artificial para el cruce y análisis de información relacionada con estudiantes, docentes, matrículas, exámenes y otros registros, como mecanismo que contribuya a fortalecer los controles y detectar eventuales inconsistencias dentro del sistema de educación superior.